Unión de Uniones ha enviado un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que investigue si se ha producido un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que los precios que perciben los productores de naranjas en esta campaña por parte de las empresas comerciales se situarían en una media de entre 0,09 y 0,14 céntimos de euro por kilo, muy por debajo de los costes de producción que se sitúan en los 0,30 euros/kg. Es decir, por cada kilo vendido, el productor pierde 16 céntimos.
El Informe Semanal de Coyuntura, publicado por el Ministerio de Agricultura certifica también, que efectivamente los precios que están recibiendo los agricultores españoles se aproximan a valores muy por debajo de los costes de producción. A juicio de Unión de Uniones, esta situación para el productor podría suponer un incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria que exige que el precio que perciben los agricultores han de cubrir, al menos, los costes efectivos de producción. «Por tanto, se hace necesario que el órgano administrativo correspondiente investigue y clarifique que es lo que está sucediendo y se sancione, en su caso, de acuerdo con el régimen sancionador legalmente establecido, a aquellos operadores que supuestamente incumplan la normativa».
Desde Unión de Uniones se ha realizado un informe argumentando su petición sobre la situación de los precios de diversos cítricos durante las primeras once semanas de 2022. Del mismo se desprende que el nivel de precios en origen es excepcionalmente bajo y no ha cumplido con las expectativas de los productores y más si se tiene en cuenta que la producción española de cítricos es un 5% inferior a la campaña pasada y un 2,1% inferior a la media de las últimas cinco y, por tanto, es incomprensible que se haya llegado a esta situación para los productores.
EN NARANJAS POR CADA KG DE NARANJAS VENDIDAS Y COMERCIALIZADAS, EL PRODUCTOR PIERDE 16 CÉNTIMOS
Dadas todas estas evidencias, desde Unión de Uniones se solicita a la AICA que se inicie y lleve a término una investigación sobre el posible incumplimiento del segundo párrafo del apartado c) del artículo 9 (Condiciones contractuales) de la referida Ley 12/2013 por parte de los compradores hacia los productores de cítricos españoles y dado que todos los indicios apuntan a que se trata de una situación generalizada en todas las zonas productoras del estado, se solicita que esta campaña de inspecciones y comprobaciones se extienda a todo el ámbito estatal.
En ese artículo se especifica que el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, el coste de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el propio productor o por miembros de su unidad familiar.
Mientras que en el Grupo de pequeños cítricos (clementinas más mandarinas) en general el precio medio percibido por el agricultor es 6 céntimos superior a los costes de producción, por tanto, tiene un margen de beneficio del 13% por cada kg vendido y comercializado; en el Grupo de Naranjas por cada kg de naranjas vendidas y comercializadas, el productor pierde 16 céntimos, es decir que ha perdido más del doble de lo que cobra, en concreto un 119%.
Es una auténtica vergüenza el precio que se paga al productor cuando el PVP de un kg de naranjas de calidad, en cualquier tienda o frutería, se sitúa alrededor de 2,50 €/kg. Esta diferencia brutal evidencia que la cadena de valor no es justa y que los que más arriesgan al producir son los más perjudicados, mientras que algunos intermediarios se forran. Por otra parte, está el problema de la competencia desleal; si no se controla la entrada de naranjas de terceros países, con costes de producción y laborales ínfimos y nulas exigencias fitosanitarias, no será rentable producir naranjas en España.