La política hidráulica española es como una de esas ollas. Ha estado cociendo durante todo el siglo XX, bajo diversos regímenes y diferentes situaciones económicas, con la receta de siempre. Se le iban añadiendo costosísimas obras, programas y planes hidráulicos, y se le iban sacando a trancas y barrancas los servicios hidráulicos que el país necesitaba. Nadie hacía cuentas ni sabía lo que ocurría en su interior, excepto los vigilantes de la olla.
Ahora, el revuelo organizado en torno al Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha ofrecido la oportunidad de destapar la vieja olla. A muchos ciudadanos les ha interesado escudriñar en su interior, y lo que están viendo no les está gustando nada.
Los antecedentes del PHN: fracasos anunciados y problemas construidos
El llamado problema hidrológico español es una pura invención política. Consiste en que hay unas 60.000 hectáreas en Murcia y en el sur de Alicante que están consideradas de regadío, pero carecen de dotación de agua[2] La responsabilidad de esa situación corresponde totalmente a la administración hidráulica: una parte de esas hectáreas fueron transformadas ilegalmente bajo la tolerancia de las autoridades hidráulicas; otras tenían que haber sido regadas por el trasvase Tajo-Segura, pero desde que se inauguró esta magna obra, hace casi un cuarto de siglo, apenas ha trasvasado la mitad de lo previsto en la primera fase, y menos de un tercio de los 1.000 Hm3 anuales para los que fue construido.
Las justificaciones aportadas para el fiasco del Tajo-Segura han sido muy diversas: errores de medida de los aforos históricos, ciclos largos de sequía imprevisibles, resistencias a entregar agua en la cuenca cedente… Al final, siempre se acaba pidiendo un respeto para los ingenieros de entonces, que hicieron aquellos cálculos con la mejor de sus intenciones. La administración hidráulica española tiene una larga tradición en correr tupidos velos sobre los reiterados fracasos que se han construido y se siguen construyendo en toda la geografía nacional: Riaño, Contreras, Abrera, Itoiz/Canal de Navarra… la lista de proyectos ruinosos y de presupuestos millonarios dilapidados sería interminable.
Con la perspectiva actual parece claro que nadie se equivocó en el trasvase Tajo-Segura. Se dieron por buenos unos volúmenes de excedentes de agua en el Alto Tajo que sólo existían en contados años lluviosos, pero que permitían justificar sumariamente las rápidas y excelentes oportunidades de negocio constructivo e hidroeléctrico que proporcionaba el trasvase. En la tramitación del proyecto transcurrieron dos años justos desde que se firmó la primera orden de estudio a finales de julio de 1966 hasta que se aprobó definitivamente a principios de agosto de 1968, tras una parodia de información pública que dio paso al comienzo de las obras pocos meses después. Un tiempo récord, un auténtico paseo militar que se ha intentado inútilmente repetir treinta años después, utilizando las frustradas expectativas de entonces como justificación para un nuevo trasvase, esta vez desde el Ebro.
Algo muy parecido había ocurrido en la misma cuenca del Segura un cuarto de siglo antes, con la aprobación del Plan de Aprovechamiento Integral de la Cuenca Alta del Segura (PAICAS), en 1941: se sobredimensionaron los recursos disponibles en la cuenca (y las obras a realizar) y se generaron unas expectativas de riego que no correspondían a la realidad. Los regadíos precarios o abusivos que se iban creando, alentados por estas expectativas, acabaron siendo consolidados en sucesivas regularizaciones, entre los que destaca el decreto de 1953, que alentó una nueva oleada de demandas de regadío y transformaciones de facto. No habiendo ya más agua en la propia cuenca, había que traerla de fuera, con el trasvase Tajo-Segura: una y otra vez, los caudales no estaban donde se había imaginado al principio, sino más lejos, siempre más lejos, y con la necesidad de mayores obras para transportarlos.
Y remontándose aún más atrás, al Plan Gasset de 1902 y a las obras contempladas en el mismo, que fueron realizadas en esa cuenca en las primeras décadas del siglo XX, cabe identificar un ciclo esencialmente similar, en el que aquella primera oleada de grandes obras comenzó a generar expectativas de regadío (las primeras ampliaciones de las huertas tradicionales) muy por encima de lo que permitían los recursos disponibles.
A comienzos de los años noventa, cuando se empezó a trabajar en el PHN, era ya evidente que la única forma de romper esta espiral interminable era reconocer el fracaso de la política hidráulica aplicada en el Segura (y en otros lugares), retornando decenas de miles de hectáreas al secano, e indemnizando a los agricultores concesionarios del agua prometida y nunca entregada. Pero por definición, el Estado (encarnado en sus cuerpos técnicos) no se puede equivocar, y no puede fracasar. Esta alternativa, mucho más barata que cualquier nuevo trasvase, y mucho más conveniente tanto para el interés general como para el bolsillo de los agricultores afectados, fue la única cuyo estudio les fue expresamente vedado a los técnicos que hacia 1997 recibieron el encargo de diseñar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, tras el fracaso del hipertrasvasista plan de Borrell.
Así se gestó el proyecto de trasvase del Ebro, que no es, en realidad, más que el cuarto ciclo de una espiral de obras hidráulicas sobredimensionadas, grandes expectativas de regadío, pronta frustración de estas expectativas, y vuelta a empezar con una nueva oleada de obras. Desde principios del siglo XX, el ciclo se viene reproduciendo en la cuenca del Segura cada 20 o 30 años, que es el tiempo que tardan en madurar y hacer crisis los grandes proyectos hidráulicos: el trasvase del Ebro es la consecuencia del trasvase Tajo-Segura, igual que éste fue la consecuencia del PAICAS, y éste a su vez la del Plan Gasset. Y ya se ha podido oír en ciertos medios gubernamentales que si el trasvase del Ebro no llegase a funcionar como está previsto, no habría problema, porque unos cientos de kilómetros más al norte está el gran Ródano, con diez veces más excedentes que el Ebro.
Aunque el fondo del asunto ha permanecido más o menos inmutable, la justificación oficial de la política hidráulica ha ido adaptándose al espíritu de la época. Si la idea del progreso técnico como motor de la regeneración de España definía el imaginario colectivo a finales del XIX y en las primeras décadas del siglo XX, la simple supervivencia alimentaria pasó a ser el argumento irrefutable de la extensión del regadío en los años de la posguerra. Más tarde, en los años sesenta y setenta, el desarrollo económico asociado a la construcción de infraestructuras fue el mito social indiscutible (que aún no ha muerto), mientras que ahora la protección del medio ambiente es el argumento emergente y el concepto políticamente más correcto, además de ser el que facilita la obtención de Fondos de Cohesión. Por eso el PHN ha sido presentado en Bruselas como un proyecto ambiental: «cuando llegue el trasvase ya no habrá que seguir esquilmando acuíferos». A eso se le llama política ambiental.
Pero ahora, el espíritu de la época no sólo ha renovado el argumento central del PHN. También lo ha marcado con el rasgo más característico del momento: la relatividad moral posmoderna, según la cual cualquier proposición, sea cierta o falsa, y tanto si todo el mundo sabe que es falsa como si no, es igualmente válida si sirve a tus fines y si tienes los medios para imponerla. Como señala Chomsky, si tienes el poder puedes mentir impunemente, y sobre esta máxima se ha venido gestionando el trasvase del Ebro desde su elaboración hasta el día de hoy. El PHN fue construido y está siendo defendido sobre un cúmulo de falsedades y manipulaciones técnicas que son evidentes para cualquier observador neutral, pero la capacidad mediática del gobierno ha conseguido hasta ahora ocultarlas a los ojos de la opinión pública mayoritaria en España. No así en Europa, como prueban los problemas que está encontrando el Plan para ser aceptado en las instancias técnicas de la Comisión Europea.
Un proyecto sin fundamento hidráulico
La debilidad más básica del PHN es que no existe una justificación hidráulica real para los trasvases del Ebro, que constituyen su razón de ser. Transportar 400 Hm3 de agua desde el Ebro al Segura no tiene sentido, porque además de los enormes bombeos necesarios, es muy poca agua para tan largo recorrido, y el coste por metro cúbico resultaría desorbitado. Por eso, para poder defender técnicamente el macrotrasvase del Ebro, previamente el equipo redactor tuvo que construir una macrodemanda mediterránea que le otorgase escala y sentido hidráulico. Para ello se fueron sumando y adjudicando al trasvase, a lo largo de toda la costa, una serie de problemas hídricos locales de entidad limitada, que o bien eran resolubles a su propia escala local, o que sencillamente no existían en los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca, sino que surgieron durante la redacción del PHN. Así se fueron sumando déficits, hasta llegar a la cifra mágico-simbólica de 1.000 Hm3 al año, que permitía justificar, aunque fuera con grandes dificultades, un trasvase de 1.000 kilómetros.
Esta construcción artificial de la demanda ha obligado a asumir decisiones muy perjudiciales para el interés de los usuarios. Por ejemplo, el caudal asignado a Barcelona (cuya necesidad, por otra parte, se perfila como más que dudosa incluso en los documentos oficiales del PHN), se propone que sea captado en el Bajo Ebro, con una calidad del agua muy deficiente, cuando el propio anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional indicaba como solución óptima su captación en el Pirineo, con un coste muy inferior y una calidad óptima. Pero una captación en un río del Pirineo Catalán con una conducción directa hasta Barcelona habría sido muy difícil de computar como trasvase del Ebro, y por tanto no habría engrosado la macrodemanda mediterránea justificativa del proyecto. Por ello se ha acabado ubicando las tomas del trasvase a Barcelona y al Sur en el mismo lugar, aguas abajo de Tortosa. La calidad del agua a enviar a Barcelona, y su coste, quedaron como aspectos secundarios ante el imperativo de engrosar los graves déficits mediterráneos que el trasvase tenía que enjugar.
Algo similar ocurre con las demandas de Castellón, un caso típico de vulneración del principio de subsidiariedad, reiteradamente exigido por la Directiva Marco del Agua europea: problemas locales de alcance limitado que son perfectamente resolubles a corto plazo mediante una variedad de alternativas basadas en su entorno próximo y a costes mucho menores, pero que se supeditan a la ejecución del macroproyecto de turno. En este caso concreto, al quedar sus problemas atados a la demanda del trasvase, los afectados tendrán que esperar años a que se despejen las incógnitas sobre el PHN para obtener una solución más cara y de peor calidad. O, lo que es más probable, para no obtener ninguna, y tener que aplicar a la postre las evidentes soluciones locales, pero con los problemas agravados y enrarecidos por el paso del tiempo.
En la Ribera del Júcar, las consecuencias son mucho más graves, pues la confusa identificación de necesidades pendientes, a satisfacer por los trasvases, ha servido para justificar el expolio previamente decidido de los recursos del río. En el Bajo Júcar, las entregas previstas del trasvase del Ebro preludian la muerte del río a no muy largo plazo, con la totalidad de los caudales que aún le quedaban repartidos entre un puñado de empresas agroindustriales de Castilla-La Mancha con gran influencia política y mediática, y el poderoso sector de la especulación inmobiliaria de la costa.
En el Alto Vinalopó, las hipotéticas aportaciones de los trasvases del Ebro y del Júcar-Vinalopó justifican y confirman el expolio de los recursos propios de agua que esta comarca sufrió a lo largo de todo el siglo XX, y sufre todavía. Se importa agua a costes disparatados mediante los trasvases, pero se siguen manteniendo las extracciones de agua para su envío hacia el exterior de la comarca, básicamente hacia la costa turística de Alicante. Sobre este tema, y sobre la situación en Valencia, se volverá más adelante.
En la cuenca del Segura, a los desesperados agricultores de las huertas tradicionales, especialmente en la Vega Baja, se les ha hecho creer que el trasvase les traerá nuevos caudales de aguas limpias, para sanear sus tierras moribundas. Alguien les tendría que explicar que sólo les traerá más aguas sucias de retorno y más contaminación, como ya las trajo el Tajo-Segura.
Y finalmente, la dotación prevista para Almería alcanza ribetes tan surrealistas que nadie se la cree en aquellos lugares, y desde hace años tanto el Estado como los propios agricultores están construyendo grandes desaladoras que comienzan ya a ofrecer agua garantizada en cantidad y calidad, en lugar del agua incierta y difícilmente utilizable que ofrecería el trasvase, después de sufrir por el camino mil mezclas y vertidos, y varios meses de evaporación y concentración de sales en canales y embalses.
¿Quién ganaría realmente con el trasvase del Ebro?
Los presuntos beneficiarios del trasvase no están, por consiguiente, ni en la agricultura familiar, ni entre los usuarios urbanos. ¿Dónde habrá que buscarlos, más allá de un pequeño grupo de grandes regantes de la agroindustria murciana y manchega?.
Se suele dar como gran beneficiario al sector turístico, pero en este ámbito hay que diferenciar entre el sector propiamente turístico, esto es, el sistema de prestación de servicios conocido como industria turística, y el sector de la promoción inmobiliaria asociada al turismo. Son actividades distintas, aunque en la costa española existan numerosas conexiones entre ambas.
A la industria turística no le beneficia en modo alguno el trasvase del Ebro, pues si llegara a ejecutarse, dejaría al sector en dependencia de una fuente de abastecimiento de agua contestada en la cuenca cedente, con precaria garantía hidrológica, con una calidad deficiente y con clara tendencia a empeorar. Esta es una situación muy negativa para un sector de importancia estratégica en la economía de la costa, máxime existiendo alternativas mucho más fiables, como la gestión de la demanda, la reutilización y, en último término, la desalación.
A la promoción imobiliaria, por el contrario, el PHN le ha resultado de gran utilidad. Le ha permitido quitarse de encima una de las escasas trabas que las administraciones autonómicas y locales valencianas y murcianas podían plantear (cuando deseaban hacerlo, que no era muy a menudo) frente a la especulación desenfrenada que se viene registrando desde hace años en el litoral. Desde que se aprobó la ley del trasvase, en julio de 2001, en cualquier proyecto inmobiliario carente de dotación de agua, la justificación es automática: «la traerá el PHN».
Pero en cualquier caso, cuando se aprobó el PHN los grandes especuladores de la costa ya estaban descubriendo la desalación. Como se ha visto en Terra Mítica, con o sin trasvase seguirán adelante con sus proyectos instalando desaladoras, y lo harán de modo aún más generalizado en los próximos años, cuando el fracaso del trasvase se vaya haciendo evidente. Para parar la especulación urbanística en la costa española hace falta algo más que cerrar el grifo del agua subvencionada, por muy necesario que sea ese cierre, que sin duda lo es.
Los verdaderos ganadores del PHN están donde siempre han estado. Son los dos grandes agentes económicos que controlan tradicionalmente la política hidráulica en España: el grupo de las grandes constructoras, y el de las eléctricas, que en este caso prácticamente se reduce a Iberdrola. Sobre las primeras apenas es necesario señalar el interés natural que tienen en promover semejantes obras. Un presupuesto de construcción de más de 4.000 millones de euros, que se multiplicaría por dos o por tres, como es habitual, a lo largo de la ejecución, dejaría beneficios astronómicos, especialmente si no son las grandes empresas las que construyen, sino sólo las que se adjudican los multimillonarios contratos. Una vez más, se llevarían comisiones de cientos de millones de euros en concepto de rentas de posición política, para luego subcontratar las obras a empresas locales. Los presuntos subcontratistas serían los dirigentes de las patronales valencianas y murcianas y un puñado de amigos suyos, todos ellos constructores o comisionistas, que claman a diario en favor de los trasvases. Nada de todo esto puede considerarse sorprendente o necesitado de explicación adicional.
Por el contrario, el caso de Iberdrola, sí merece un comentario algo más detallado. Para un monopolista eléctrico de la costa mediterránea, en donde la demanda de energía es básicamente urbano-turística y la generación es básicamente nuclear, el trasvase del Ebro constituye un regalo de los dioses. Primero por el volumen del negocio en sí mismo: hay que bombear muchos cientos de hectómetros cúbicos al año en sucesivas elevaciones que, en total, en el trasvase sur, suman del orden de 1.000 metros de altura. A nadie se le ocurre hacer un trasvase bombeando el agua a un kilómetro de altura, salvo a un monopolista eléctrico. Ese es exactamente el caso, como bien explica Carlos de Prada en un excelente artículo en este mismo número de Archipiélago: por algo el padrino del trasvase del Ebro fue Benigno Blanco, delegado de Iberdrola (y del conjunto del sector eléctrico) en el primer gobierno de Aznar.
El volumen de negocio eléctrico del trasvase, considerando las desviaciones habituales sobre los datos oficiales, que se orientan siempre al alza, no bajará de los 160 millones de euros al año en venta de energía, y de los 40 millones de euros en generación. A esos 200 millones de euros anuales habrá que añadirles varias decenas de millones más, en concepto de indemnizaciones por afección a concesiones hidroeléctricas preexistentes.
Pero si el volumen de negocio es ingente, aún es más atractivo el perfecto ajuste de los ciclos eléctricos del trasvase a los ciclos de la demanda urbano-turística. Primero está el ciclo diario: se ha dimensionado el trasvase (canales, estaciones de bombeo, balsas, etc…) para que se pueda bombear sólo durante las horas de poca demanda, cuando la energía vale poco, porque las nucleares no se pueden parar, y en esas horas no hay demanda para toda su producción. Y al mismo tiempo, el trasvase incluye centrales hidroeléctricas de recuperación de energía dimensionadas para turbinar en horas punta de demanda, cuando la energía es más cara.
Y luego está el ciclo anual: en verano hay mucha demanda eléctrica en la costa, pero precisamente en verano el trasvase no funciona, o lo hace bajo mínimos, de modo que no interfiere con la ajustada reserva de potencia que queda en la temporada turística. Y además, siempre se podrá turbinar en las horas punta algo de la reserva de agua acumulada durante el invierno en los embalses intermedios. En invierno, cuando baja la demanda turística, ahí están los bombeos del trasvase para devorar la energía que no encuentra comprador.
No se puede pedir más. Cuando Iberdrola estaba llegando al límite de su capacidad operativa en la costa mediterránea, con cortes en cada verano, el Estado Español le resuelve amablemente el problema. Sin invertir un céntimo, pues la inversión la pondría Bruselas, el Estado Español y algunas Cajas de Ahorro obligadas políticamente a ofrecer créditos que no recuperarán nunca, el operador eléctrico se encontraría con una gigantesca infraestructura de optimización de cargas, que convertiría el sistema eléctrico del mediterráneo español en uno de los más rentables de Europa, o del mundo. Se comprende perfectamente que Iberdrola enviase al Ministerio de Medio Ambiente a uno de sus dirigentes más destacados, para poner las bases de un negocio como éste. Cualquier empresa lo haría, con un gobierno que se lo permitiera.
El fondo de la olla: los asuntos más espesos
Pero los aspectos más oscuros de la reciente política hidráulica estatal en la vertiente mediterránea directamente afectada por el PHN, dejando aparte el sórdido asunto de Itoitz, hay que buscarlos en la cuenca del Júcar. En 1997, los presidentes autonómicos Bono y Zaplana, con el beneplácito del nuevo gobierno del Partido Popular (PP), pactaron un Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (PHCJ) que asignaba a diversos usos caudales inexistentes, sobre el mutuo entendimiento de que el nuevo Plan Hidrológico Nacional, cuya redacción estaba ya en marcha, vendría a tapar los agujeros hídricos que el Plan del Júcar dejaba en Valencia. Bono se aseguraba así la definitiva cobertura legal para las extracciones de agua necesarias para mantener las subvenciones agrarias europeas en la Mancha oriental, y Zaplana adquiría, a cambio del Júcar, el voto manchego favorable al PHN, para ofrecérselo en bandeja de plata al presidente Aznar.
Así fue como finalmente se aprobó un Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar que no asignaba al propio río Júcar caudal mínimo alguno en su tramo final, una situación que quedó reafirmada en el PHN, por muy inconcebible que pueda parecer. De hecho, los otros dos grandes ríos mediterráneos españoles tienen garantizados en sus planes de cuenca ciertos caudales mínimos (caudales ecológicos, en la actual jerga hidráulica medioambientalizante): el Plan del Ebro asigna provisionalmente 100 m3/seg de caudal mínimo al Ebro en el Delta, y el del Segura asigna a este río 4 m3/seg en su último tramo, hasta su desembocadura en Guardamar. El Júcar, sin embargo, no tiene nada.
Además de obviar esta protección ecológica elemental, el Plan del Júcar asignaba más agua a la agroindustria subvencionada de Castilla-La Mancha, centrada en el cultivo de maíz transgénico y sin ningún contenido social, que a la agricultura tradicional de la Ribera valenciana, que sostiene miles de empleos, además de mantener un ecosistema rural con importantes valores naturales y paisajísticos[3]
Para hacerles tragar la pídora a los representantes de los regantes valencianos se utilizaron diversos elementos de presión. Por una parte, la fidelidad política de numerosos dirigentes de los regantes a su partido natural, el PP, facilitó la docilidad de las organizaciones de regantes. No hay que olvidar que en las juntas de regantes la representatividad la da la tierra: tanta tierra, tantos votos.
Pero, sobre todo, el mensaje (en parte subliminal y en parte explícito) que recibieron los regantes valencianos era el de que los regantes de Castilla-La Mancha iban a utilizar el agua que quisieran en cualquier caso, porque estando en la cabecera y con el apoyo de su gobierno autónomo, nadie iba a ser capaz de controlarlos. Para darle credibilidad a la idea, en los borradores del PHCJ ya se le atribuían más de 700 hm3 a los regadíos manchegos, que luego se confirmarían. En tal situación, si los regantes valencianos cooperaban, aceptando la entrega del Júcar a la Mancha y al Vinalopó (a Alicante y Benidorm, en realidad), al menos vendría el agua del Ebro, y además el Estado ayudaría a modernizar los sistemas de riego. De lo contrario, podían quedarse sin nada, esto es, sin Júcar y sin Ebro.
Nadie en Valencia reaccionó con la contundencia que requería semejante atropello hídrico, que se llevaba por delante unos derechos históricos seculares, y con ellos, la viabilidad ecológica de las comarcas de la Ribera del Júcar. Ni las universidades, ni los partidos, ni los sindicatos, nadie levantó la voz con fuerza, excepto un puñado de ecologistas de las comarcas del Júcar y algún parlamentario irreductible.
Todo quedó atado y bien atado en el PHCJ. A los regantes del Vinalopó se les vendió un trasvase sin agua, pues ni hay agua en el Júcar, ni la podrán ahorrar los regantes de la ribera, que bastante harán si pueden mantener sus cultivos con asignaciones que menguan año tras año, y que están ya muy por debajo de sus concesiones oficiales[4]. La Albufera de Valencia quedó sin ninguna garantía legal de caudal, al albur de los inexistentes sobrantes de agua de la Ribera, y de unas aguas depuradas de Valencia cuya cuantía es insuficiente, y sobre cuya calidad es mejor no indagar. El declive ecológico del lago va en picado, y cada verano es noticia por unas crisis o por otras. El Júcar, destinado a seguir los pasos del Segura, es ya cada verano una simple cloaca de los municipios de la Ribera.
Como ocurriera años atrás en el Segura, una vez creado el problema en el Júcar, la administración hidráulica ya tiene preparada la solución: el trasvase del Ebro. Señoras y señores, aquí tienen el trasvase. O lo toman o lo dejan. Cuanto más tarden en aceptarlo, peor se pondrán las cosas, porque cualquier política alternativa o cualquier otra posible solución será bloqueada desde la administración hidráulica, que la declarará inadecuada y contraria al interés general. En este, como en cualquier otro problema ambiental o social, no hay alternativas. La solución es única, y es la que dice el gobierno. Ya la pedirán.
El bloqueo de Bruselas: el PHN a la deriva
Conforme más se examina el contenido de la olla, mejor se comprende el interés que tenían sus guardianes por que nadie pudiera mirar en su interior. Pero a la hora de poner en marcha el PHN se han encontrado con un problema nuevo, y de difícil solución: apenas hay ya dinero que se pueda utilizar sin dar cuentas a nadie, como antes. Después de 15 años de adicción, el país está totalmente enganchado a los fondos europeos para cualquier clase de inversión pública. Si no hay dinero europeo, no hay forma de recargar la olla.
En Bruselas hacen preguntas incómodas antes de entregar dinero para obras que pueden afectar negativamente al medio ambiente o a otras cosas, y no aceptan cualquier respuesta, como hacen a la fuerza los que protestan aquí. En Bruselas no vale responder a las alegaciones técnicas con desplantes despreciativos, o con mentiras fotocopiadas de la exposición pública anterior. Los funcionarios de la Comisión necesitaron menos de un año para comprender en profundidad de qué va el PHN, y en particular el trasvase del Ebro. Lo describió con perfecta concisión una alta funcionaria de la Comisión Europea que tuvo que pronunciarse sobre el tema desde una posición exquisitamente neutral: «la transferencia propuesta, de acuerdo con la información que hemos reunido, consiste simplemente en corregir el fracaso de una política introduciendo otro fracaso aún mayor»[5].
Este conocimiento exacto del proyecto de las transferencias del Ebro es ya prácticamente general entre los funcionarios de la Comisión. En esta situación, los problemas del PHN en Bruselas se van a ir agravando conforme pase el tiempo. En los dos años y medio que han transcurrido desde que el gobierno presentó el Plan Hidrológico Nacional, la polémica no ha hecho más que aumentar, y no tiene visos de remitir en el futuro. Al contrario, continuamente se vienen sumando a ella más y más voces críticas, no sólo en España, sino también en el resto de Europa, donde el PHN se está convirtiendo en el símbolo de la insostenibilidad en materia de política del agua.
Además, con el PHN, la Comisión se está jugando la credibilidad de la nueva Directiva Marco del Agua, que entrará plenamente en vigor en diciembre del presente año. Si lo aprueba antes de esa fecha, ya sea de modo formal o tácitamente, dando luz verde a cualquier tramo parcial del trasvase del Ebro, como el Júcar-Vinalopó o la llamada interconexión catalana, la Directiva nacerá muerta. La Comisión estaría reconociendo que cualquier estado miembro la puede sortear aplicando un somero maquillaje verde a sus proyectos hidráulicos, sean cuales sean. De este modo, la Comisión se quedaría sin instrumentos de control en la política del agua, que es, en razón de los tratados europeos, una competencia compartida entre la Unión Europea y los estados miembros. A punto de iniciarse la gran ampliación al Este, una situación como ésta sería de muy poca ayuda.
El conflicto se está haciendo cada vez más incómodo para la Comisión Europea. Desde las organizaciones ecologistas internacionales se elevan voces que advierten a la Comisión que está manejando un doble rasero ambiental: en los foros internacionales (Río, Kioto, Johanesburgo…) la Comisión pide a los países en desarrollo que apliquen políticas de sostenibilidad, mientras que en su propio territorio no se atreve a llevar al Tribunal de Justicia Europeo a un país miembro que pide miles de millones de euros de subvenciones para un programa de obras cuyo contenido es, en el fondo y en la forma, diametralmente opuesto a las orientaciones de la nueva Directiva Marco de Aguas y de otras varias directivas europeas.
En los próximos meses, el clamor internacional contra los trasvases del Ebro, que ya es bastante general, no va a hacer más que aumentar, y no remitirá hasta que la Comisión haga ver al gobierno español que el PHN no sólo no puede ser objeto de financiación europea en su redacción actual, sino que ni siquiera podría ser abordado con recursos estatales, pues vulnera normativas europeas que el gobierno español se ha comprometido a cumplir.
La reconversión de un proyecto inviable en una cruzada nacional
Poco después de empezar las dificultades en Bruselas, algunos elementos lúcidos del entorno gubernamental comprendieron el peligroso terreno en el que se estaba metiendo el gobierno con el PHN, y estuvieron sondeando en la Comisión Europea la posibilidad de darle alguna salida decorosa al problema. Pero para entonces ya era tarde. Mientras la valoración técnica del trasvase del Ebro había ido cayendo de modo constante, tanto a los ojos de los funcionarios especializados de Bruselas como de una mayoría de técnicos y académicos españoles, su valoración política no había hecho más que aumentar a los ojos de la dirección nacional del PP.
Desde que se empezó a hablar del PHN, en los años noventa, el Plan había sido presentado como un proyecto de solidaridad y equidad hidrológica nacional. Esta retórica no era en absoluto novedosa. La administración hidráulica venía recurriendo a ella desde hacía muchas décadas, tanto en el franquismo como durante los sucesivos gobiernos democráticos. Sin embargo, algo cambió en los primeros meses de 2001, cuando la tramitación parlamentaria del PHN coincidió con la campaña de las elecciones en Euskadi, en las que Aznar, recién investido tras la mayoría absoluta, soñaba con reconquistar las provincias vascongadas, eterna mancha en el manto de la unidad nacional.
Aznar comenzó a integrar explícitamente el PHN en su discurso de unidad nacional, y a contraponerlo una y otra vez a las actitudes de quienes no contribuyen a la unidad de España. En aquellos meses se sucedieron las declaraciones de Aznar en torno al PHN, siempre en el mismo sentido: [el PHN] «no es el proyecto de un partido, sino vital para la cohesión de España» (El País, 4-2-2001); «Un partido que se llama nacional tiene que comportarse como tal y debe saber que tiene la obligación de plantear proyectos nacionales» (El País, 7-3-2001); «El río Ebro pasa por seis autonomías antes de desembocar en el Mediterráneo. Es un río bastante español, me parece» (El País, 28-3-2001), etc.
Alguien había hecho ver a Aznar, no sólo que el río Ebro «pasa por seis autonomías»[6], incluidas Euskadi y Cataluña, sino que además, con el trasvase del Ebro, otras cuatro autonomías (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía), quedarían también vinculadas a un mismo sistema de explotación hidráulica. Esta situación reforzaría aún más la necesidad de una gestión centralizada del agua en España, que sólo podría estar en manos del gobierno estatal. La creación de este tipo de necesidades de gestión central, intransferibles, que refuerzan el papel de la administración estatal, es lo que la cultura política del PP entiende por vertebrar España.
Esto explica por qué, a partir de la tramitación de la Ley del PHN en el Congreso de los Diputados a comienzos de 2001, el gobierno de Aznar no sólo cerró filas en torno al Plan, sino que se negó a negociar la más mínima concesión o modificación del mismo, como había parecido posible en los meses siguientes a la presentación del Plan, en septiembre de 2000. Para Aznar y su gobierno, el PHN se había convertido en un elemento sagrado, en un símbolo relevante de la política de unidad nacional del PP, y como tal era intocable. A partir de ese momento, hay una frase que será repetida hasta la saciedad por el propio Aznar y por los ministros y altos cargos relacionados con el tema: «El PHN se hará porque vertebra España».
Agua para todos: las elecciones del PHN
Más tarde, a partir de mediados del 2002, una serie de acontecimientos vinieron a otorgarle una nueva dimensión política al PHN, esta vez en clave electoral. El decretazo, la crisis del Prestige y la progresiva alianza de Aznar con el gobierno norteamericano en la guerra de Irak arrojaban sombras crecientes sobre las expectativas del PP para las elecciones municipales de mayo de 2003. Los responsables electorales del PP comenzaron a trabajar sobre la idea de que la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia suman casi cinco millones de habitantes, mientras que entre Aragón y el Bajo Ebro apenas reúnen un millón de personas, que además, se daban ya por perdidas como posibles votantes en su práctica totalidad.
A partir del otoño de 2002 se produjo una curiosa metamorfosis mediática del PHN. El Plan, y el grave conflicto político desarrollado en torno al mismo, desapareció casi por completo de los medios de cobertura nacional, pero se convirtió en un tema diario y obsesivo en los medios de comunicación valencianos y murcianos. En estas dos comunidades, el poder propagandístico del partido gobernante se empleó a fondo para introducir en el cuerpo social, con el suficiente dramatismo, la idea de que sin trasvase no habría futuro, sino sólo declive económico, desempleo y desertización. Se trataba de un argumento ridículo, pues equivalía a afirmar que Valencia y Murcia pueden tener futuro gracias a que la Providencia situó en Tortosa un río como el Ebro. Si hubiera puesto en su lugar una sucesión de ríos pequeños, como el Turia o el Palancia, irremisiblemente Valencia y Murcia no tendrían futuro…
Sin embargo, los medios de comunicación de ambas autonomías, con muy pocas excepciones, se esforzaron en difundir esa brillante idea, cuya gran escenificación se realizó el 2 de marzo de 2002, en la manifestación organizada por el PP en Valencia bajo el lema «Agua para todos», y con el reclamo de paella para todos. La convocatoria, pese a estar financiada con dinero público prácticamente ilimitado, resultó un completo fracaso, pero los medios de comunicación la convirtieron en un éxito[7] , en uno de los casos de manipulación informativa más asombrosos que se recuerdan en este país. No obstante, los dirigentes del PP tomaron nota del resultado real, y con la excusa del clima prebélico, desconvocaron la manifestación gemela de Murcia, que estaba convocada para el 6 de abril.
Finalmente, la influencia del PHN en los resultados de las elecciones fue magnificada por ambos bandos: por parte del PP, para mostrar cómo los votantes agradecen su compromiso con el PHN, y por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) murciano y del Partido Socialista del País Valenciá (PSPV), para justificar sus resultados electorales, inferiores a lo esperado. La realidad es que, salvo, quizá, en algunas zonas agrarias de Murcia, la influencia de este tema parece haber sido muy limitada en la distribución del voto en las zonas receptoras, aunque no así en la cuenca cedente.
El culebrón del PHN: no se pierda los próximos capítulos
Los aficionados a los culebrones políticos pueden estar tranquilos, pues quedan todavía muchos capítulos de PHN: agua para todos. Esta es una serie que va a durar años, porque el estado español ya no puede volver atrás, y cuanto más avance la administración hidráulica en el desarrollo técnico del PHN, mas evidente se irá haciendo, en España y en Bruselas, su inviabilidad técnica y económica. Así se ha puesto de manifiesto con la reciente presentación a información pública de la Memoria del Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental del trasvase del Ebro. Las incoherencias que contiene la información presentada son de tal calibre, que a su lado el anteproyecto de septiembre de 2000, que lleva más de dos años bloqueado en Bruselas, es un modelo de pulcritud técnica y sostenibilidad ambiental.
En los momentos actuales, la administración hidráulica intenta quemar etapas para conseguir poner alguna primera piedra antes de las elecciones de 2004. Si llega a lograrlo, sólo podrá hacerlo en un marco exclusivamente teatral, como lo hizo Aznar en octubre de 2002 en el trasvase Júcar-Vinalopó, esto es, sin que se ponga a continuación la segunda piedra.
Tanto si lo consigue como si no, la rentabilidad electoral que le podrá sacar el PP al señuelo del PHN en las elecciones generales del 2004 no será en ningún caso muy alta, como no lo fue en las pasadas municipales y autonómicas del 25-M. La posibilidad de que esa escasa rentabilidad se troque, especialmente en Valencia, en erosión electoral para el PP, dependerá básicamente de la actitud que adopte el PSOE. Si continúa en la posición indefinida y contradictoria que ha mantenido hasta ahora, el Plan Hidrológico seguirá siendo un arma electoral del PP. Poco efectiva, pero arma al fin y al cabo.
Si, por el contrario, el PSOE decide explicar a la sociedad, de modo coherente, que el trasvase del Ebro es un proyecto perjudicial para los intereses de las Comunidades de Valencia y Murcia, y que existen alternativas más rápidas, seguras y económicas (para todo lo cual le sobran datos), el PP tendrá que responder públicamente de lo que está haciendo. Tendrá que explicar por qué está bloqueando la resolución de los numerosos problemas hidrológicos y ambientales que siguen pendientes en toda la fachada mediterránea, y por qué se empecina en un proyecto desfasado e inviable, hecho a la medida de la especulación inmobiliaria, de las grandes constructoras, y de Iberdrola. En los próximos meses se verá por dónde van los tiros.
Más allá del PHN: el fin del paradigma hidráulico
Por su propia grandiosidad hidráulica, el PHN ha acabado adquiriendo valor simbólico desde perspectivas muy variadas. Como se indicó más arriba, el nacionalismo unitarista español de Aznar y su gobierno se ha rendido ante la contundencia de los trasvases del Ebro como gran atadura de hormigón de once autonomías, a mayor gloria de la Madre Patria. Por otro lado, la tecnocracia corporativista, con sus conexiones bidireccionales en las industrias de obras públicas e hidroeléctricas, ha visto en el Plan el símbolo de su supervivencia, la prórroga durante una generación de su tradicional control ilimitado sobre el agua, que se resquebrajaba a ojos vistas, y que el PHN le ha permitido apuntalar.
Pero el Plan Hidrológico también ha adquirido un valor simbólico para quienes defienden los enfoques opuestos. Fue lanzado desde el gobierno a la cara de sus opositores en términos tan brutales y autoritarios, e incluso tan soeces, que se convirtió en símbolo del atropello de algunos principios de convivencia tan básicos como el respeto a la integridad de los territorios y sus recursos, y el derecho de cada comunidad a decidir sus formas de colaboración y de consenso con otros territorios o comunidades.
Y fue elaborado con tales manipulaciones técnicas para encubrir las debilidades de las viejas soluciones hidráulicas y con tal indiferencia ante los daños ambientales, e incluso ante los costes económicos, que adquirió por derecho propio el estatus de máximo referente español, y luego europeo, de los enfoques más caducos del manejo tecnocrático del agua, que es necesario y urgente superar.
Por eso, avivado por el conflicto en torno al PHN, el debate del agua ha adquirido una amplitud y una diversidad de participantes inimaginables hace sólo cinco años, y que aumentan a ojos vistas, día tras día. Mas allá de su instrumentalización política y de su utilización en las disputas electorales, el PHN se ha convertido ya en el escenario en el que se está dirimiendo la confrontación por la renovación de la política del agua en España.
Desplazar el centro de la política del agua desde la obra hidráulica, como fin en sí misma, hacia la protección de los ecosistemas acuáticos, como prioridad social y ambiental, no ha resultado fácil en ningún lugar. De hecho, todavía no se ha logrado plenamente más que en muy contados países o territorios. En España, por desgracia, el momento propicio para ese cambio ha coincidido con el auge político de un partido autoritario, patriotero y unitarista, que es en lo que ha devenido el PP de la mano de Aznar. Ese partido, y su jefe, han encontrado en el PHN el símbolo que necesitaban para tratar de prolongar la vida de una política del agua que cabría denominar como Política Hidráulica Nacional de España. Una política del pasado, pero que cuadra a la perfección con su visión del mundo, y especialmente de la Península Ibérica. Sin duda, esta circunstancia está frenando el cambio de la cultura del agua, pero aún así el viejo paradigma hidráulico, simbolizado en el PHN, ya no podrá perdurar mucho tiempo más, y menos aún, en su extremada versión española.
Post-scriptum
El artículo que ha podido leer el amable lector que ha llegado hasta aquí fue entregado a la redacción de Archipiélago en junio de 2003, pocas semanas después de las elecciones municipales del 25-M. Hace apenas un año, pero parece que han pasado varios. El Partido Popular, que merced a su alianza con las poderosas tramas de la construcción y la comunicación, había salido incólume de la aventura de la guerra de Irak, y parecía tener por delante una larga vida en el poder, está ahora en la oposición. Como suele ocurrir, algunos de los pronósticos aventurados en el artículo han resultado ciertos, y otros erróneos, pero en todo caso, el clima político del país ha cambiado hasta tal punto, que ya casi no se recuerda el telón político de fondo sobre el que se escribió.
Pero bastante antes de la sorpresa del 14-M, el cambio político había empezado en Cataluña. El nuevo gobierno de socialistas, comunistas y separatistas catalanes exasperaba al PP, llevándole a mostrar una y otra vez su cara más reaccionaria y filofascista, que pocos meses después iba a mostrarse como la más auténtica. Las elecciones catalanas se llevaron por delante, entre otras muchas cosas, el Plan Hidrológico Nacional y su proyecto estrella, tan español, del trasvase del Ebro. El inequívoco mensaje «de trasvassament, res», del recién elegido Maragall, reconocía la decisiva contribución del movimiento en defensa del Ebro al cambio político catalán, y ponía término al trasvase de modo inapelable. Sin la adquisición de agua del Ebro a alto precio por el gobierno catalán, la estructura financiera del proyecto ya no se tenía en pie, ni en España ni en Bruselas.
En los próximos años, muchas tesis y muchos libros estudiarán el caso del trasvase del Ebro. Más allá de la ingenierada, como alguien la definió en Bruselas, que suponía el intento de transportar agua de baja calidad a cientos y cientos de kilómetros, y elevarla a más de mil metros de altura, para finalmente regar con ella lechugas y zanahorias, el episodio del trasvase del Ebro será valorado especialmente desde la perspectiva del conflicto social y territorial. Lo verdaderamente interesante del caso será estudiar cómo un amplio movimiento social, organizado en defensa de un territorio objetivamente amenazado, acabó derrotando, a través de la lucha política, a la vieja tecnocracia hidráulica del estado español, y a sus aliados naturales de la gran derecha política y económica.
El movimiento en defensa del Ebro va a inspirar las luchas del agua en España en las próximas décadas. Aunque el tótem principal del estructuralismo hidráulico español ya ha caído, no son pocos los que aún siguen en pie, esperando su derribo. Algunos de ellos son especialmente dañinos, como el trasvase Júcar-Vinalopó, cuya autorización, aunque fuera severamente condicionada, fue el precio que decidió pagar la Comisión Europea en diciembre de 2003 para mantener otros seis meses el bloqueo del trasvase del Ebro, hasta enlazar con las elecciones europeas. Otros importantes conflictos se han mantenido latentes durante estos años, a la sombra del trasvase del Ebro, pero se van a reactivar en cuanto éste quede definitivamente cancelado, como los macroplanes de regadío en Aragón y Cataluña, en el valle del Ebro, cuya afección sobre el río y el delta sería igual o peor que la del trasvase.
La diferencia esencial es que ahora los movimientos sociales perciben claramente que las luchas del agua en torno a conflictos reales se pueden ganar, si se conducen con criterios firmes y no subordinados a ningún interés que no sea la propia defensa ambiental. Sean cuales sean las posiciones que la tecnocracia hidráulica y sus lobbys empresariales asociados sean capaces de conservar o de recuperar en la nueva administración del agua, su espina dorsal está quebrada. Se la rompieron en el Ebro los miles y miles de personas que, mirando al Bajo Segura y al Bajo Júcar, entendieron por qué los grandes Planes Hidrológicos y los grandes Pactos del Agua acaban siempre en desastres territoriales y ambientales y no consintieron que pasara lo mismo en su río y en su Delta.