EFE.- Los peritos Tomás Ucieda y Enrique Feáns, que fueron nombrados por el juzgado de Corcubión, que instruyó la causa, rebajan de 970 a 184 millones las reclamaciones del Estado español y de 69 a 34 en el caso de Francia.
En ambos casos, los peritos han insistido en que las reclamaciones presentadas no están sustentadas en el correspondiente soporte documental que acredite los gastos.
Feáns ha insistido que, como peritos judiciales nombrados por el juez instructor, han extremado la "rigurosidad" debido a lo "cuantioso" del proceso.
"No cuestionamos que esas reclamaciones sean ciertas, pero nosotros no hemos podido verificarlas y por eso no las tenemos en cuenta", ha recalcado esta perito.
Además, ha señalado que muchas de las reclamaciones se basan en el "lucro cesante", que ha calificado como "algo espiritual e incluso espirituoso", y ha remarcado que sólo han atendido las que "están respaldadas por la correspondiente contabilidad y no en meras especulaciones".
"Para verificar tenemos que ser como santo Tomás, meter los dedos y ver que sea así", ha proclamado Feáns, que ha insistido en que "si hay daño tiene que haber facturas o algún tipo de documento mercantil".
Además, ha rechazado las tesis del letrado que representa al Estado francés, quien ha defendido que las reclamaciones del país galo están sustentadas por "certificaciones ministeriales".
"Como peritos no le damos validez por sí sola a ninguna certificación oficial si no va acompañada de facturas u otros documentos que acrediten daños", ha respondido.
Además, los peritos judiciales han cuestionado que se aplicaran "estimaciones objetivas" para repartir indemnizaciones, como en el caso de las bateas gallegas, que recibieron 12.200 euros por unidad.
En su opinión, hubiera sido más apropiado un estudio pormenorizado de cada caso, aunque obviamente hubiera supuesto mucho más trabajo.
Los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros, que declararon ayer ante el tribunal únicamente no ven justificados 192 millones de los 970 que reclama España, y califican de "restrictivas" las estimaciones de los peritos judiciales.
Este organismo público, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, dedicó 90 profesionales externos a evaluar los daños del accidente del "Prestige".
Por su parte, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) sólo reconoce daños por valor de 300 millones de los que ya ha abonado 114 millones y tiene pendiente de distribuir algo menos de 40 millones, debido a que en el momento del siniestro del "Prestige" el límite de indemnización estaba fijado por los convenios internacionales en alrededor de 151 millones.
El juicio del "Prestige" ha abordado esta semana la presentación de los informes periciales en los que se basa la Fiscalía y la Abogacía del Estado para justificar las indemnizaciones reclamadas.
El pasado martes se presentó ante el tribunal que preside el magistrado Juan Luis Pía un informe pericial encargado por la Fiscalía titulado "Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige", que cifra los daños de la catástrofe en 4.328 millones en Galicia y el resto del litoral cantábrico español.
Esta cantidad llega a los 4.442 millones de euros si se añaden los daños en el litoral francés.