El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha anunciado que pedirán a la Comisión Nacional de la Competencia y al Gobierno de España que controlen los precios de los carburantes y los fertilizantes para frenar «la especulación» y los altos costes de producción de las explotaciones agrarias.

Ramos ha presidido este viernes el Comité Provincial de UPA‐Palencia, en el que han participado más de 150 agricultores y ganaderos de la provincia, junto al secretario de la organización en Castilla y León, Aurelio González, y el secretario de UPA Palencia, Blas Donis, y en el que se ha hablado de las Elecciones agrarias que se celebrarán el próximo 12 de febrero.

Minutos antes, en declaraciones a los periodistas, los tres han hecho balance del año pasado y han detallado los retos que afronta el campo este 2023.

Lorenzo Ramos ha afirmado que el 2022 «ha sido un año muy malo» para la agricultura y la ganadería, con una climatología muy adversa, falta de agua, olas de calor prolongadas, disminución de producciones y un incremento de los costes de producción que ha hecho que la rentabilidad de las explotaciones haya sido negativa a pesar de que los precios de los productos agrarios se han recuperado «un poco».

DENUNCIAN QUE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES Y FERTILIZANTES «ESTÁN HACIENDO GANAR MUCHO DINERO A ALGUNOS»

Por eso ha dicho que, este 2023 van a trabajar para que se mantengan los precios de los productos agrarios y dejen de subir los costes de producción que «siguen estando muy altos».

En este sentido ha anunciado que van a denunciar ante la Comisión Nacional de la Competencia y el Gobierno de España que controle lo que está ocurriendo con los precios de los carburantes y fertilizantes para que eviten «la especulación pura y dura que está haciendo ganar mucho dinero a algunos».

«No hay ningún motivo para que el precio de los carburantes y los fertilizantes no baje cuando los precios del gas y el petróleo se ha controlado», ha afirmado Ramos.

También seguirán trabajando para que la Ley de la Cadena Alimentaria «dé los resultados que tiene que dar» porque, como ha señalado Ramos, es «la mejor herramienta para hacer las cosas bien, pero hay que hacer que se cumpla».

En este sentido ha pedido tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas que controlen que las empresas cumplen la ley con más inspecciones y sanciones.

También, Aurelio González ha incidido en el avance que ha supuesto la Ley de la Cadena Alimentaria a nivel nacional pero ha recordado que mejorará cuando se consiga un observatorio de precios regional que marque los costes de producción en función de la comunidad autónoma porque no cuesta lo mismo producir en unas que en otras.

ELECCIONES AGRARIAS: LA PRINCIPAL BATALLA SERÁ CONSEGUIR CAMBIAR LA LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN PORQUE «ES UNA AUTÉNTICA ABERRACIÓN”

«Es fundamental poder poner en los contratos un precio que sea justo para los agricultores y ganaderos», ha añadido González, que ha asegurado que ese es el gran objetivo de la UPA y de la Alianza UPA-COAG.

Asimismo ha asegurado que para luchar contra la despoblación, «el problema más grave que tiene Castilla y León», hay que establecer políticas que consigan que no se cierre una sola explotación agropecuaria más, hacer que el campo sea atractivo para los jóvenes, que las explotaciones sean más rentables y que haya más apoyo técnico y económico para implementar las nuevas tecnologías en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Otro reto será lograr más inversiones en regadíos, modernizando las 120.000 hectáreas de regadío que faltan por modernizar en Castilla y León y conseguir que la administración se haga responsable de los daños que causa la fauna salvaje en los cultivos, así como un plan de control de la población de estas especies.

Si bien, el dirigente regional ha afirmado que la principal batalla será conseguir cambiar la Ley de Montes de Castilla y León porque «es una auténtica aberración que se hizo culpabilizando y persiguiendo a los agricultores y ganaderos».

González se ha referido en este sentido a los problemas que está suponiendo la aplicación de la normativa medioambiental en Castilla y León que, por un lado impide que las ganaderías pasten en zonas quemadas durante cinco años y por otro que los agricultores puedan realizar sus labores durante el verano, cuando hace calor.