EFE.- El pleno de la Eurocámara, reunido en Estrasburgo (Francia) aprobó por 548 votos a favor, 84 en contra y 31 abstenciones un informe de la eurodiputada francesa Corinne Lepage, del grupo de los Liberales, que aboga por crear una "base legal" que faculte a los países para adoptar esas decisiones.

Frente a la propuesta presentada por la Comisión, que plantea que se pueda prohibir el cultivo de transgénicos por motivos culturales, socio-económicos o éticos, el PE pide que también se incluyan las razones de índole medioambiental para justificar esa decisión.

En particular, apoya que los países puedan alegar la resistencia a los pesticidas, la preservación de la biodiversidad o la falta de pruebas sobre los posibles efectos negativos del cultivo de transgénicos para el medio ambiente.

En el debate previo a la votación, la eurodiputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines criticó que las propuestas corrían el riesgo de "romper la unidad" en la política medioambiental europea, mientras que el griego Justas Vincas Paleckis indicó en nombre del grupo socialista que las medidas planteadas ofrecerán "seguridad jurídica".

Por su parte, el comisario europeo de Sanidad y Protección de los Consumidores, John Dalli, animó a los países y al Parlamento a "redoblar los esfuerzos" para lograr una solución que "de cabida" tanto a los estados favorables al cultivo de los OGM como a los contrarios.

La organización ecologista Greenpeace consideró que el voto de hoy reforzará la normativa actual, aunque alertó de que las prohibiciones nacionales no deberían reemplazar la puesta en marcha de exámenes de seguridad a nivel comunitario.

Las propuestas para la reforma de la legislación, que aún deben ser tratadas por el Consejo (formado por los gobiernos de la UE), podrían no salir adelante debido a que muchos países quieren que las decisiones se sigan adoptando exclusivamente a nivel comunitario, sobre la base de los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

En la actualidad, en la Unión Europea se pueden cultivar dos tipos de transgénicos: una cepa de maíz y otra de patata, adaptadas para la producción de almidón.

Siete de los 27 Estados miembros explotan comercialmente estos cultivos, entre ellos España.

Otros han prohibido o introducido restricciones sobre los transgénicos en todo su territorio o parte del mismo, para lo que se han acogido a una "cláusula de salvaguardia", prevista en la normativa (Austria, Francia, Grecia, Hungría, Alemania y Luxemburgo están en ese grupo).

El objetivo de la revisión de la ley actual, propuesta por la Comisión Europea, es dar una mayor seguridad jurídica a los Estados miembros en el ámbito del comercio internacional.

Como alternativa a la "cláusula de salvaguardia", la Comisión propone prohibir el cultivo de transgénicos por motivos culturales, socio-económicos o éticos, quedando excluidas las razones de índole medioambiental o sanitaria.

El 61 % de los europeos no confía en los alimentos genéticamente modificados, el 53 % opina que podrían ser perjudiciales y solo el 21 % cree que son seguros, según datos del Eurobarómetro.

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