Según el Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET), un reposicionamiento de los tipos de IVA que pase los productos del tipo reducido (10 %) al tipo general (21%) supondría una caída de la producción de 16.032 millones de euros, una destrucción de 155.295 puestos de trabajo, una disminución de ingresos públicos en 2.183 millones, y un aumento de las prestaciones por desempleo en 556 millones.
Asimismo, patronales y sindicatos han apuntado que esto se une a las medidas tomadas por el Gobierno en materia de fiscalidad medioambiental (como el impuesto de gases fluorados), el incremento de los costes laborales (como los de las cotizaciones a la Seguridad Social), el aumento de los costes eléctricos y la aparición de nuevas figuras impositivas autonómicas.