EFE.- Se trata de una proposición no de ley en la que se rechaza la decisión del Gobierno de poner a la venta la citada finca y se reclama la cesión de competencias o, en su defecto, la titularidad de la misma con cargo a la deuda contraída por el Estado con Andalucía por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.
También se solicita la apertura de una línea de colaboración institucional con el Gobierno central, que ayude a la materialización de un plan de usos para la finca que favorezca el desarrollo de actividades y la diversificación productiva, facilitando la transformación de los productos agrícolas y forestales de la zona, la agricultura ecológica o el turismo sostenible.
Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz de IU, Inmaculada Nieto, ha pedido al PP que apueste por la capacidad de la finca para crear empleo evitando, al mismo tiempo, la especulación y la degradación ambiental.
Ha subrayado que en la comarca del Campo de Gibraltar hay «unanimidad» de las fuerzas políticas y sociales en defensa de La Almoraima, por lo que ha considerado que no sería «lógico» que en el Parlamento no se respetara ese consenso.
Ha criticado que, pese a los proyectos del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, donde está ubicada la finca, y de empresas interesadas en aprovechar el potencial de la Almoraima, el Gobierno central se ha negado «con rotundidad» a aceptar cualquier propuesta de mejora para la misma.
«Una Almoraima gestionada con talento permitiría crear más empleo», ha señalado Nieto, que ha advertido de que la situación «de excepcional dureza» que se vive en Andalucía no es fruto de la casualidad, sino que «a esta ruina nos ha traído una espiral de especulación y economía de pies de barro que no puede volver a repetirse».
«Esperamos que no tengamos que aguantar otro pelotazo de consecuencias irreversibles», ha señalado.
El portavoz del PSOE, Francisco Menacho, ha considerado un «atropello» la decisión de poner en venta la finca y ha llamado la atención sobre el hecho de que «haya tenido que ser un ministro andaluz, gaditano para más seña, el que traiciona a Andalucía», en referencia al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
Ha recordado que fue el PSOE el que en 1983 expropió la finca a los «especuladores» y ha lamentado que el PP quiera que «vuelva, otra vez, a mano de los mismos especuladores de siempre aunque con otros nombres».
Ha considerado además una «excusa» el ahorro que supondrá para el Estado la venta de la finca, tras asegurar que el año pasado ganó más de un millón de euros, lo que le ha llevado a concluir que el problema no es el dinero, sino que el PP «no cree ni en lo público ni en el medio ambiente».
El portavoz del PP, Jacinto Muñoz, ha dicho que parece que la única preocupación de la izquierda es no perder el «control» de esta finca porque «lo cierto es que la Junta está inmersa en un proceso de privatización de fincas rústicas, aunque digan que no es lo mismo».
Ha opinado que la Junta no es capaz de gestionar una finca de 14.000 hectáreas que, además, no está generando beneficios para Castellar, pues «50 puestos de trabajo fijos es poco beneficio».
«Los socialistas han ido dejando morir esta finca, que ha llegado a tener hasta 500 trabajadores cuando estaba en manos privadas», ha apuntado el diputado popular, que ha asegurado que lo que pretenden el PSOE e IU es «boicotear» la acción del Gobierno de España «o, quizá, que se les ceda para después poder venderla».