El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga a cuatro personas, responsables de la empresa que gestionaba la recogida y gestión de los residuos animales de Castilla-La Mancha y ha parado la planta, ubicada en Puertollano, que gestionaba dichos residuos de toda la región por «numerosas y graves irregularidades biosanitarias y medioambientales».
Los cuatro investigados son presuntos autores de delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, y por falsedad documental, según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa, en la que ha señalado que, cuando se procedió a la paralización de la planta, había «miles de toneladas» de material denominado ‘desecho’, que es mezcla de grasas y harinas cárnicas, que se hallaban almacenadas irregularmente en diversas naves fuera del recinto de la industria.
Los agentes tuvieron contacto por primera vez con esta mercantil en agosto de 2023, como consecuencia de las quejas de los ciudadanos de Puertollano por malos olores provenientes de sus instalaciones.
En concreto, la planta gestionaba los residuos animales ‘SANDACH Categoría 1’ de toda Castilla-La Mancha, es decir, residuos que contengan cuerpos o partes de animales sospechosos de estar infectados por enfermedades y que presentan mayor riesgo de poder transmitirlas, animales sacrificados por aplicación de medidas de erradicación de enfermedades, animales de experimentación, así como productos de animales a los que se les haya administrado sustancias prohibidas o contaminantes.
Los malos olores que denunciaban los vecinos estuvieron motivados, en un principio, por un incendio en una de sus máquinas, enfriadora de harinas, que en julio obligó realizar el enfriamiento manual del residuo, circunstancia por la que se propagó el hedor fuera de sus instalaciones.
En marzo de este año, el representante de una mercantil dedicada al transporte de este tipo de residuos Sandach Categoría 1 denunció unos impagos por los servicios prestados a la mercantil investigada y aparte llamó la atención sobre la Planta de Transformación en la que, según él, existían ciertos remolques retenidos y cargados durante muchos días con cadáveres en sus instalaciones, además de una cisterna para la recogida de lixiviados de los cadáveres de animales.
También informó de graves irregularidades en cuanto a prácticas que se realizaban en la planta fabril, como el almacenamiento irregular de grasas de origen animal.
Igualmente se hizo alusión a la gran peligrosidad a la que se veían expuestos los trabajadores de la planta por los gases que allí se originaban por la materia orgánica en descomposición y que han puesto en grave riesgo la vida de los trabajadores.
Tras conocer estas situaciones, agentes del Seprona realizaron inmediatamente las gestiones oportunas para verificar dicha información, que resultó cierta, y se procedió también a tomar muestras en el arroyo cercano llamado Bermeja, correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se estaban vertiendo directamente sin depurar lixiviados procedentes de la industria.
RIESGO BIOSANITARIO PARA LOS TRABAJADORES Y RIESGO MEDIOAMBIENTAL
Las irregularidades observadas fueron «muy numerosas y muy graves», según la Guardia Civil, tanto que eran incompatibles con que esta planta estuviese activa, tanto por falta de autorizaciones y registros oficiales, como por el riesgo biosanitario que corrían los operarios, así como el riesgo medioambiental.
Sin embargo, cuando la autoridad regional competente paralizó la actividad, la Guardia Civil realizó un seguimiento del cumplimiento de la paralización, que dio como resultado comprobar que la empresa hizo caso omiso durante varias semanas de la orden de la Consejería.
Por lo tanto, los agentes intervinieron e inmovilizaron miles de toneladas de material denominado ‘desecho’, mezclas de grasas y harinas cárnicas, que se hallaban almacenadas irregularmente en diversas naves fuera del recinto de la industria, y este residuo se puso a disposición de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.
Los atestados policiales instruidos al efecto, donde se recoge que había graves irregularidades biosanitarias y medioambientales, señala que a estas cuatro personas se les atribuyen los delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Puertollano, que ha iniciado diligencias previas.