A partir del 1 de enero de 2025 los operadores económicos de la Unión Europea se enfrentan a nuevas obligaciones normativas con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1115, que prohíbe expresamente la comercialización y exportación de materias primas y productos susceptibles de contribuir a la deforestación y degradación forestal a escala mundial.
Anice ha participado en la reciente consulta pública del Anteproyecto de Ley abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la presentación de alegaciones a esta futura ley que establece la coordinación de las actuaciones de control oficial y el sistema de infracciones y sanciones para asegurar la aplicación del Reglamento europeo de España.
La Asociación insiste en la necesidad de poner a disposición de los operadores todas las herramientas necesarias para facilitar el cumplimiento del Reglamento y articular un sistema de control homogéneo en todo el territorio español para evitar cualquier distorsión de competencia en el mercado nacional y de la Unión Europea.
“A SEIS MESES DE ENTRAR EN VIGOR, NI LAS INSTITUCIONES DE LA UE NI LAS NACIONALES HAN DADO UNA RESPUESTA PRÁCTICA A LOS RETOS OPERACIONALES DE LA NUEVA NORMATIVA”
Un trabajo compartido y llevado a cabo en estrecha coordinación con el resto de las asociaciones y organizaciones españolas de los sectores afectados, con el objetivo de trasladar a las administraciones españolas las serias dificultades de aplicación y control del Reglamento de Deforestación, desde el mismo momento en que la Comisión Europea presentase su propuesta normativa en diciembre de 2022.
Entre los productos cubiertos por el Reglamento se encuentran la carne de vacuno, la soja, el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho y la madera. Unos sectores que acusarán una notable alteración en sus redes de suministro, condiciones de producción y canales de comercialización, tanto en el mercado interior de la UE como en la exportación a terceros países, con nuevas cargas administrativas y costes de producción.
La aplicación del Reglamento en España exige el desarrollo de una Ley que establecerá a nivel nacional un sistema coordinado de controles oficiales entre la Administración General del Estado y las competencias transferidas a las CCAA. Así como el capítulo de infracciones y sanciones aplicable en España.
“A pesar del esfuerzo y del trabajo realizado desde entonces por los sectores, y a escasos seis meses de la fecha de aplicación del Reglamento, ni las instituciones de la UE ni las administraciones nacionales han dado una respuesta práctica a los retos operacionales de la nueva normativa, por lo que nos adentramos en un periodo de máxima incertidumbre jurídica y económica”, ha expresado el director general de ANICE, Giuseppe Aloisio.