La empresa AB Azucarera, que recientemente ha anunciado que no contratará más remolacha en la zona productora de Andalucía, ha comunicado a varios cultivadores de la provincia de León su intención de rescindir el contrato que mantiene con ellos, para esta campaña 2025/2026, bajo la modalidad de “cultivo compartido”, un modelo de contratación –que se ha generalizado- por el que se le aseguraban al agricultor unos ingresos mínimos concretos. La idea, según ASAJA León, es sustituirlos por otros más ventajosos para la empresa.
Según explica la organización agraria, el motivo aludido es que el agricultor “ha desatendido el cultivo y que los rendimientos estimados son inferiores a los deseados. En ningún caso se plantean que la menor producción pueda deberse a un mal asesoramiento de sus técnicos, a decisiones agronómicas de las que solo ellos son responsables, a acertar o no en la elección de las semillas, o a las bajas dosis de abonado aplicadas».
ASAJA, que también asesora a sus socios en estas cuestiones legales, considera que la rescisión de estos contratos «no es conforme a derecho, pero muchos agricultores están optando por ‘un mal acuerdo’ antes que iniciar un proceso judicial que es largo y costoso. AB Azucarera no ha dado otra opción a los productores, para dirimir discrepancias contractuales, que la vía judicial, en este caso los Juzgados de La Bañeza», aseguran.
No obstante, ante este cambio de contratos por otros más ventajosos para la empresa, ASAJA de León se ha dirigido ya a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, pidiendo la intervención de la “Junta de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León” creada mediante el Decreto 47/2018 de 31 de octubre.