El Anteproyecto pretende reformar la normativa que regula los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario; así como los relacionados con el desarrollo rural (regadíos, caminos, concentraciones, vías pecuarias…) y con las actuaciones públicas en explotaciones agrícolas (incluida la normativa sobre montes); además de derogar once leyes. Para Huertas un proyecto así necesita un intenso trabajo de análisis, consulta y negociación con los representantes del sector, que no se ha producido “con el tiempo y el rigor necesarios”.
Un proceso "mejorable" y con algunas carencias importantes
Por ello, Huertas destaca que “desde UPA-UCE entendemos que el mecanismo establecido de participación y consulta, que no de negociación, es manifiestamente mejorable.” Otro asunto que ha señalado Ignacio Huertas en su comparecencia es el hecho de que la nueva ley debería incorporar y adaptar todo el desarrollo normativo que actualmente está pendiente de publicarse sobre la reforma de la PAC 2014-2020. “Igualmente habría que incorporar los cambios que se produzcan constantemente en las regulaciones de Bruselas y Madrid, lo que supondría modificarla con mucha frecuencia, y restaría eficacia a la misma”, apuntan desde la organización agraria.
En este sentido Huertas opina que es una redundancia que las regulaciones existentes aparezcan nuevamente en el texto legislativo extremeño, ya que están vigentes en el ámbito normativo estatal y europeo y por tanto son “de obligado cumplimiento”.
Por otro lado, según UPA-UCE este Anteproyecto trata por igual leyes que requieren una actualización urgente para adaptarlas a la nueva normativa comunitaria y otras que no son prioritarias y necesitarían un debate más profundo. Por eso, desde UPA-UCE consideran que esta Ley no nace del consenso del sector, si no que “la Administración ha elaborado un texto cerrado de antemano a cualquier cambio estructural y de calado que pueda proponerse”, a diferencia de otras Comunidades Autónomas.
Por último, Huertas lamenta que el anteproyecto no contenga una memoria económica detallada que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que se persiguen, más allá del compromiso de destinar el 25% del importe total de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para los sectores agroganadero, agroalimentario y para el medio rural; lo que desde la organización agraria califican de “anuncio electoralista” (el Ejecutivo de José Antonio Monago sigue manteniendo recortes muy importantes en políticas fundamentales que antes se sustentaban con fondos propios, como es el caso de los seguros agrarios, las medidas en torno a la calidad y sanidad animal y vegetal, o la apuesta por la vertebración del sector) de cara a próximas citas con las urnas.
Representatividad de las OPAs
La nueva ley también incluye el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, que UPA-UCE Extremadura rechaza frontalmente. La organización denuncia que no ha habido “ninguna información ni contacto” para tratar este asunto. Así el GOBEX plantea una copia de la Ley aprobada a nivel nacional, que cuenta con el rechazo absoluto de las organizaciones profesionales agrarias, del conjunto de partidos políticos a excepción del PP, y además alberga serias dudas sobre su constitucionalidad (derivadas de la falta de seguridad jurídica y transparencia en el proceso de consulta y en la configuración del censo).
UPA-UCE apuesta por unas elecciones democráticas y con garantías jurídicas que emanen de la ley electoral: “Hay que facilitar la participación y para eso hay que poner mesas de votación en todos los pueblos, en las que tengan derecho a voto los verdaderos profesionales del sector agrario, los agricultores y ganaderos inscritos en la Seguridad Social en su condición de autónomos por la actividad agraria”.