Rechazan que el plan se modificara después de que el aprobado en 2011 fuera fruto de un intenso proceso de participación pública de cuatro años de duración.
El Govern introdujo cambios sustanciales sin emprender un nuevo procedimiento de evaluación ambiental estratégica ni de participación pública, según rechazan las entidades en la nota difundida por el GOB.
Critican que se eliminasen las alegaciones aceptadas en 2011 sin justifiación
Critican que los representantes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio solo se reunieron con "los grupos afines de presión" y que se eliminaron parte de las alegaciones aceptadas en 2011 sin ningún tipo de justificación.
"Este procedimiento implica por tanto un fraude a la participación pública ya que, además, las nuevas alegaciones presentadas por las entidades y colectivos no han sido respondidas en esta segunda fase del supuesto procedimiento de participación", denuncian las entidades que alertan además de las nefastas consecuencias que tendrá sobre los recursos hídricos de las islas.
Consideran que con este plan hidrológico se hace inviable el cumplimiento de los objetivos de recuperación de los acuíferos deteriorados y la garantía de la calidad ecológica del recurso en el futuro porque prioriza la satisfacción de las expectativas de acceso al agua sin límites ni controles.
Los aspectos más preocupantes del plan son que el elimina la mayor parte de medidas para mejorar el estado de las masas de agua que preveía el aprobado en 2011, como el control de captaciones o los requisitos para las fuentes puntuales de contaminación, fuentes difusas e instalaciones industriales.
Tampoco recoge los requisitos por contaminación accidental de gasolineras, contaminaciones derivadas de actividades agrícolas, derrames de depuradoras y sistemas autónomos de depuración y gestión de redes de alcantarillado.
Creen que se podrían triplicar los pozos existentes
Elimina las normas técnicas obligatorias para hacer sondeos y establece una distancia fija de 100 metros entre captaciones, lo que implica que se podrían triplicar los pozos existentes o que esta situación puede afectar a cualquier masa de agua independientemente de que esté en riesgo y sin establecer valores máximos de extracción.
Rechazan además que el nuevo plan rebaja la protección en los perímetros de captación para abastecimiento de agua y permite nuevas captaciones en zonas costeras a pesar de la salinización existente.
El plan modifica los límites de las zonas húmedas periurbanas, donde el GOB de Mallorca denuncia que hay promotores interesados en edificar como sucede en Ses Fontanelles, l’Ullal, Porto Petro y Maristany.
También critican que permite extraer agua para usos agrícolas en masas ya sobrexplotadas, clasificadas en riesgo y elimina la obligatoriedad de cualquier medida de gestión de la demanda, tanto urbana como agrícola.
Por todo ello, las entidades consideran que el actual Plan Hidrológico incumple la Directiva Marco del Agua (DMA), sobre todo sus principios de propiciar un buen estado químico y ecológico de las aguas superficiales y químico y cuantitativo de las aguas subterráneas y una explotación sostenible del recurso.
Señalan que contradice y hace imposibles de cumplir los objetivos obligatorios establecidos por la DMA cuando, de acuerdo con la jurisprudencia europea, se deben transponer de forma imperativa en normas concretas de obligado cumplimiento, algo que sí garantizaba el plan aprobado en 2011.
Defienden dicho plan porque consideran que aportaba seguridad jurídica al aclarar qué se puede hacer y dejar poco margen para la discrecionalidad en la toma de decisiones.