Los comuneros de montes de Baíña (Baiona) han alegado este jueves que su rechazo a integrar en su seno a una ganadera que ha denunciado el riesgo de tener que sacrificar por ello a 120 vacas «no es por capricho» ni por «machismo», a la vez que han denunciado una serie de irregularidades en dicha explotación.
El abogado de la comunidad de montes de Baíña, Juan Blanco, y su presidente, Juan Domínguez, han relatado en rueda de prensa que en el expediente municipal sobre la explotación ganadera de Diana Pino hay diversos informes, tanto de la Policía Local como del Seprona y de un perito, que reportan numerosas irregularidades.
Entre ellas, que está situada en suelo rústico de protección forestal, que no tiene encaje en el plan de ordenación, que se hicieron construcciones sin licencia, que incumple los requisitos de sanidad animal al carecer de un sistema de evacuación de residuos o que tiene caducada la licencia de actividad.
El presidente de la comunidad de montes de Baíña ha indicado que el rechazo de sus 140 miembros es unánime
Tampoco contaba, según ha descrito el abogado de los comuneros, con licencia para realizar unos movimientos de tierras que provocaron vertidos al monte y daños en otras fincas.
El presidente de la comunidad de montes de Baíña ha añadido que la explotación de Diana Pino está a unos 400 metros del embalse que surte de agua a Baiona.
Al respecto, el Ayuntamiento de Baiona ha emitido un comunicado en el que asegura que la calidad del agua del embalse es «excelente» y que no existe «ningún riesgo» en su consumo.
El abogado de los comuneros ha hecho hincapié en que este colectivo está «absolutamente en contra» del maltrato animal y en que el sacrificio de las vacas «no es la solución», ya que antes puede trasladarlas a otra explotación o «sentarse a la mesa a hablar» y no «tomarse la ley por su mano»
Ha considerado que la ganadera «bien pudo desde hace años, en vez de insistir en entrar en la comunidad si no tiene derecho», hablar con sus integrantes y pedirles una cesión temporal o hacer un arrendamiento.
El presidente de la comunidad de montes de Baíña ha indicado que el rechazo de sus 140 miembros a la explotación de Diana Pino es unánime, ya que sus vacas causan «muchos daños» a fincas y rompen vallados.
Pese al revuelo desatado, han informado de la presentación de una demanda de ejecución para su marcha
pero por encima de otros argumentos, tanto Blanco como Domínguez se han remitido a las dos sentencias del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo, ambas favorables a sus intereses, y han informado de la presentación de una demanda de ejecución de la primera.
En su segundo fallo, el juez considera «insuficiente» la prueba aportada por Diana Pino para demostrar que reside en Baíña, tanto los dos testigos que propuso por tener relación de amistad y también profesional, como las periciales: fotografías de la vivienda, un informe policial y el certificado de empadronamiento.
El magistrado considera que no existe «ningún dato que permita entender que la vida diaria» de la ganadera se desarrolla en esta vivienda, de la que destaca su ubicación en un lugar «notoriamente inhóspito: alto del monte, absoluto aislamiento y dificultad de acceso rodado, sobre todo en invierno».
Considera «abrumadores» algunos detalles como la ausencia de acceso asfaltado, suministro eléctrico de red, traída de agua potable o evacuación de residuos, servicio de correos o incluso licencia de primera ocupación.
Diana Pino se constituyó en autónoma agraria en 2001 y en 2005 se mudó y empadronó en el monte donde instaló su explotación ganadera, en la parroquia baionesa de San Cosme.
En declaraciones a Efe, Diana Pino ha asegurado que no llega a comprender la razón por la que la Comunidad de Montes de Baíña no la admite, ya que siempre que toca a su puerta, desde 2008, recibe por respuesta «un no rotundo».
Diana señala que siete «pasión desde pequeña» por las vacas e incide en lo «difícil» que resulta «encontrar» a una mujer ganadera que ejerza.
«Me gustan las vacas, sé manejarlas, conozco sus crotales, cada una tiene un nombre y una personalidad distinta», proclama esta ganadera que gestiona una explotación de 120 cabezas de ganado, en su mayoría autóctonas, de las aproximadamente 500 que hay en la toda la Sierra de A Groba.
Sobre las dudas respecto a su residencia, asegura que trabaja durante el día en un taller, porque «las vacas no dan para vivir», y que al acabar la jornada regresa a su casa, situada en una finca de una hectárea a la que las vacas acuden a pastar cuando no están repartidas por el monte.
Incide en que, de tener que sacrificar finalmente a su ganado, la pérdida económica sería «muy importante», pues calcula que cada vaca está valorada en unos 1.500 euros, a lo que se añadiría el daño «moral», ya que las vacas, insiste, son su «pasión».
(Foto vacas junto a la presa: Atlántico Diario)
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