Las organizaciones agrarias Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y Unió de Pagesos han denunciado un exceso de presión de las inspecciones en la cosecha, especialmente durante las campañas de recolección.
Las entidades han reclamado a la Administración que aplique un sistema de inspecciones proporcionado a la realidad del campo y que pase del modelo sancionador vigente a otro basado en el acompañamiento y la ayuda a las explotaciones.
En este sentido, las entidades han reivindicado su compromiso con el cumplimiento normativo, la dignidad de los trabajadores y su seguridad laboral.
Por este motivo, recuerdan que el sector agrario reclama desde hace años la regularización de personas sin papeles, especialmente ante la carencia estructural de mano de obra en la fruta.
En este sentido, las organizaciones piden seguridad jurídica en el proceso de adaptación del cambio normativo y así poder evitar unas sanciones que, especialmente cuando son recurrentes, pueden tener un impacto directo en las ayudas de la PAC, agravando la situación económica de muchas fincas.
Las organizaciones denuncian que el acompañamiento policial en las inspecciones laborales genera una percepción de persecución y una tensión innecesarias.
CASOS CONCRETOS CON SANCIONES SOBRE EXPLOTACIONES AÚN CUANDO SE SABE QUE FUERON ENGAÑADOS
Las entidades han puesto varios ejemplos de situaciones que suponen un agravio para los payeses, como son las sanciones al agricultor cuando un trabajador utiliza la documentación de otra persona.
Aunque ya hay sentencias firmes que reconocen que los empresarios han sido engañados, las sanciones siguen recayendo sobre las explotaciones agrarias, hecho que el sector considera injusto, por lo que habría que revisar los protocolos para que la responsabilidad no recaiga sobre quien ha dado de alta correctamente a un trabajador en la Seguridad Social y no ha recibido ningún aviso de irregularidad por parte del sistema público.
Las organizaciones también han pedido más flexibilidad en el registro horario, especialmente durante la campaña agraria, un periodo donde las jornadas pueden empezar en diferentes puntos de la explotación, a menudo sin que la persona titular de la finca esté presente para supervisar que se lleve a cabo el registro.
Por ello, proponen establecer un margen razonable de varios días para completar estos registros sin que eso suponga sanciones.