Varios miles de regantes, políticos y representantes socioeconómicos del levante, junto a medio centenar de tractores y camiones, han llegado a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para protestar por la reducción del trasvase del Tajo al Segura y las consecuencias que eso tendrá para la zona y reclamar a la ministra Teresa Ribera, que abandone su «actitud radical» y su «planificación hidrológica totalmente política».
La manifestación, organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y al que se han sumado organizaciones agrarias, cooperativas y empresas de todo el Levante, bajo el lema «En el levante, sin trasvase, desierto y paro», protesta por «la muerte del sector agroalimentario del levante español» ante la decisión de incrementar el caudal ecológico del Tajo y, por consiguiente, reducir escalonadamente el agua para el trasvase al Segura.
RECHAZO A UNA PROPUESTA QUE CONVIERTE A TERESA RIBERA EN «LA MINISTRA DE TRANSICIÓN AL SECANO»
En declaraciones Efeagro, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha explicado que esta planificación con la reducción del trasvase , a su juicio política, comenzó hace dos años cuando «tiró por tierra» un acuerdo previo.
Ribera, a quien Jiménez ha definido como «la ministra de transición al secano», actuó, según ha recalcado, «de forma autoritaria» y «pese a voto a favor de Consejo Nacional del Agua».
A su juicio, la «prueba evidente del malestar» es que buena parte de sus «correligionarios» en el sureste español «están presentes» en la protesta de este miércoles en Madrid, donde se han reunido miles de regantes y agricultores
Un centenar de autobuses y cientos de coches particulares partieron de madrugada desde Alicante, Almería y Murcia para sumarse a la manifestación, con la que quieren quejarse de la decisión del Gobierno de hace unas semanas de aprobar los planes hidrológicos de cuenca, entre ellos el del Tajo.
Los regantes argumentan que ese plan prevé un recorte paulatino de hasta el 40% para el año 2027 del agua trasvasada del Tajo que llega al Segura, lo que ha reabierto la «guerra del agua» entre las comunidades receptoras, la valenciana, la murciana y parte de la andaluza, con la castellano-manchega.
Con pancartas desplegadas en las que se indica «Recorte travase = más paro» ; «más desalación más contaminacion», «no al recorte del trasvase tajo-segura» o «adiós a la huerta de Europa» y bajo el lema «En el levante, sin agua, desierto y paro», los miles de manifestantes han protestado por el recorte del trasvase.
Según su opinión, pondría contra las cuerdas al sector agrario, y «desestabilizaría el futuro de toda la sociedad del Levante».
Junto a los agricultores, se han desplazado a Madrid representantes de las patronales del sector agrario y de empresas exportadoras, sindicatos, empresarios, cooperativas y políticos de varios partidos, entre ellos el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo.
PRESIÓN POLÍTICA CONTRA EL GOBIERNO MIENTRAS GARCÍA-PAGE ACEPTAR NEGOCIAR PERO SIN RENUNCIAR A LOS CAUDALES ECOLÓGICOS
En el plano político, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que la reducción del trasvase del Tajo al Segura es una decisión estrictamente «política, partidista y sectaria» del Gobierno central, y que no solo afectará a empresas y agricultores, sino también a las familias del Levante español.
«No voy a permitir que se nos enfrente a unas comunidades contra otras, a unos presidentes autonómicos contra otros y a unos españoles frente a otros», el Gobierno de España tiene que garantizar el agua a todos los españoles en las mismas condiciones», ha asegurado López Miras en Madrid.
Por su parte, la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha confiado en que el Gobierno dará marcha atrás en el recorte del trasvase Tajo-Segura y ha advertido de que, de lo contrario, «llegarán hasta donde tengan que llegar» para evitar la ejecución de una decisión «injusta» y carente de base científica.
«Es una decisión injusta a sabiendas, están dando sentencia de muerte a un trasvase que existe desde 1979» sin que haya ninguna razón científica, ha dicho Crespo, en declaraciones a EFE, al comienzo de la protesta, en las que ha asegurado que ellos son los primeros interesados en que el Tajo esté en las mejores condiciones.
En su opinión, «con 6 metros cúbicos por segundo y la obras necesarias en la cabecera del Tajo y, por supuesto, la modernización de los regadíos es suficiente para tenerlo en las mejores condiciones».
En el otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado abierto a un acuerdo nacional del agua que garantice la sostenibilidad y el reparto de recursos hídricos, pero sin renunciar a la implantación de los caudales ecológicos progresivos del río Tajo, sin condicionantes.