EFE.- El delegado del gobierno en Andalucía, Luis García Garrido; la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, y el general jefe de la IV zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, se han reunido hoy con las organizaciones agrarias andaluzas para presentarles el operativo para mejorar la seguridad en el ámbito rural, diseñado por el Ministerio del Interior para toda España, y que arrancó el lunes.
Este plan cubrirá las más de 250.000 explotaciones ganaderas y agrícolas de Andalucía y en las que en 2010 se registraron 2.578 robos, la mayoría cometidos por ciudadanos españoles, y fueron detenidas 270 personas, un 34,3 % más que en 2009.
Las organizaciones agrarias han hecho hincapié en la necesidad de que se modifique el ámbito legislativo, ya que los robos en muchos casos son de poca cuantía, pero, sin embargo, ocasionan un gran perjuicio al funcionamiento de las explotaciones.
En este sentido y en declaraciones a los periodistas el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, ha dado la bienvenida a un plan demandado desde hace tiempo por el sector, si bien ha reclamado un cambio en el marco legislativo, ya que lo que se le roba al agricultor puede valer 150 euros en la chatarrería pero el perjuicio puede ser de 8.000 euros.
Asimismo, ha sostenido que la reincidencia en los robos tiene que convertir la falta en delito porque, de lo contrario, no habrá mecanismos para acabar con este problema en el campo.
A este respecto el secretario general de COAG, Miguel López, ha apuntado que los robos son en su mayoría de delincuencia menor, aunque también hay grupos organizados y ha alertado de que hay que tener cuidado con las producciones robadas que se ponen a la venta sin tener los controles de seguridad alimentaria.
Ha expresado su preocupación por que en algunos casos ha habido enfrentamientos entre los propietarios de las explotaciones con los ladrones y ha incidido en que el mayor daño que se causa es a la actividad productiva.
La consejera de Agricultura ha destacado que este plan era una "necesidad acuciante" para el sector agrícola y ganadero y ha apuntado la posibilidad de que se extienda al sector acuícola, especialmente al de estero.
La Guardia Civil destinará a este operativo de 1.236 agentes: 164 pertenecientes a la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), 368 de Unidades Territoriales Específicas, 362 del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y 342 procedentes de las Unidades de Reservas de todas las comandancias de la Benemérita en Andalucía.
Asimismo, las unidades de Tráfico de la Guardia Civil tendrán también un importante papel a través de la realización de controles con el objetivo de perseguir este tipo de delitos, así como la Unidad de Helicópteros de la IV Zona (Sector Aéreo Sur) de la Guardia Civil.
El trabajo se centrará en intensificar los servicios preventivos en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de delincuencia, en la detección de vehículos sospechosos, en el incremento de los controles de carretera y nudos de comunicación, así como en la puesta en marcha de dispositivos sobre establecimientos de compra-venta de material agrícola usado.
También se profundizará en la cooperación y en el trabajo conjunto con el sector agrícola y ganadero.