Tomàs ha afirmado que la movilización ha logrado su objetivo, haciendo un toque de atención al Gobierno central, así como pidiendo a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, los nombres y apellidos de los técnicos que han apoyado el plan.
Ha puntualizado que las repercusiones de esta reforma "acaban de comenzar", tanto las sociales como las medioambientales, que esta manifestación masiva es una muestra de ello, y que no pararán hasta lograr la anulación del plan de cuenca, un proceso que durará al menos dos años, el tiempo que tardará el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete en aprobar el Pacto Nacional del Agua y el Plan Hidrológico.
Pide más caudal en su tramo final y critican el consumo de agua
La movilización ha concluido con la lectura del manifiesto de la PDE, que ha calificado de "ilógico" el plan, y ha pedido la preservación del agua necesaria para unas buenas condiciones del delta, así como unas políticas más adaptadas a las normativas europeas. Govern y PDE reclaman un caudal en el tramo final del río de 7.160 hectómetros cúbicos anuales, frente a los 3.220 que constan en el Plan, y critican que el consumo del agua presente en la cuenca pasará del 55 por ciento al 70 por ciento con la puesta en marcha de 445.000 nuevas hectáreas de regadío y la construcción de casi 40 nuevos embalses.
El Gobierno central se ha mostrado abierto al diálogo, en una serie de intervenciones en las que ha destacado que el Ebro cuenta por primera vez con un caudal mínimo y que éste es ahora un 10 por ciento superior al que se diseñó en el plan de 2000 –que en aquel momento sí contó con el aval de CiU