MARM.-María Felicidad Montero ha señalado que la actividad cinegética se constituye como un elemento más del medio rural, pasando en muchos casos a ser una alternativa en determinadas zonas y, en otras, un importante complemento a los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales
También ha dicho que la caza contribuye al mantenimiento de la biodiversidad, como demuestra el grado satisfactorio de conservación que presentan espacios que han sido sometidos históricamente a aprovechamiento cinegético
La Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, María Felicidad Montero, ha inaugurado hoy en Toledo el I Congreso Nacional “Caza y Desarrollo Rural”, donde ha subrayado que el aumento de la conciencia ecológica por parte de los cazadores y una legislación cada vez más comprometida y eficaz en la protección del medio ambiente, pueden fomentar una práctica que aporta ingresos, crea puestos de trabajo y dinamiza otros sectores económicos del medio rural.
Durante su intervención, la Subsecretaria del MARM ha señalado que, aunque las actividades agrícolas y ganaderas constituyen una parte muy importante del tejido socioeconómico de las zonas rurales de España, la actividad cinegética se constituye como un elemento más del medio rural, pasando en muchos casos a ser una alternativa en determinadas zonas y, en otras, un importante complemento a los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales.
De esta forma, ha apuntado María Felicidad Montero, la caza aporta directamente rentas y empleo a granjas cinegéticas, fábricas de piensos, guardería y vigilancia, armerías, seguros, veterinarios, gestorías, y editoriales de libros y revistas. Además, ha añadido, supone un complemento importante para el sector del turismo, ya que esta actividad desplaza cada año a millares de cazadores nacionales y extranjeros por todos los puntos de la geografía española.
Según ha destacado María Felicidad Montero, este turismo cinegético contribuye a aumentar las posibilidades de desarrollo del medio rural, ya que las zonas de caza se sitúan en áreas deprimidas, alejadas de los circuitos turísticos habituales, y porque la temporada general de caza (octubre-febrero) se desarrolla en una época del año en la que el turismo convencional es muy limitado, favoreciendo por tanto el mantenimiento de las rentas y el empleo.
Para corroborar la importancia económica de la actividad cinegética, la Subsecretaria del MARM ha indicado que este sector genera unos ingresos estimados próximos a los 3.000 millones de euros anuales, a lo que hay que añadir unas estimaciones de 30.000 empleos en España, distribuidos entre todos los subsectores (granjas cinegéticas, fabricantes, armerías, hostelería….)
Además, María Felicidad Montero ha puntualizado que la caza contribuye al mantenimiento de la biodiversidad, como demuestra el grado satisfactorio de conservación que presentan espacios que han sido sometidos históricamente a aprovechamiento cinegético, lo que demuestra que gestionar la caza es también gestionar la conservación de especies, incluso las amenazadas.
Para contribuir al mantenimiento de esta actividad, la Subsecretaria del MARM ha indicado que, siguiendo las recomendaciones de una resolución de la Unión Europea sobre la importancia de la caza para las zonas rurales europeas, el MARM suscribió en mayo de 2011 un Protocolo de Colaboración con la Real Federación Española de Caza y la Asociación de Titulares y Productores de Caza de España, para la puesta en marcha de iniciativas específicas de sensibilización e información en esta materia.
Entre otros, los objetivos de este programa, enmarcado en el Programa de la Red Rural Nacional, cofinanciado por el FEADER, son aumentar la capacidad de desarrollo de las zonas rurales, promover el conocimiento del medio rural y crear un marco de relaciones estable y duradero entre todas las partes implicadas en el desarrollo del medio rural.
Finalmente, María Felicidad Montero también se ha referido al Acuerdo para la cobertura de daños causados por la fauna silvestre, en el marco del seguro agrario, acuerdo alcanzado tras diversas reuniones entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, la Real Federación Española de Caza y miembros del sector, para paliar las consecuencias de los daños provocados por la fauna cinegética sobre las producciones agrícolas.