La titular de Agricultura y Ganadería ha reconocido que este proceso, basado en la incorporación del concepto de agricultor activo y las nuevas exigencias para acceder a subvenciones europeas, va a suponer en 2015 un nuevo descenso en el número de solicitudes de ayudas de la PAC que ha cifrado en el entorno del 3 por ciento, equivalente a unas 3.000 solicitudes menos, menos que en el pasado 2014, cuando la merma fue de 5.000.
También se ha aprobado del registro de las denominadas interprofesionales agroalimentarias
La creación de este registro se sustenta en un decreto, la misma fórmula utilizada también para regular la actividad de las denominadas interprofesionales agroalimentarias, como órgano de interlocución y toma de decisiones entre los participantes en la cadena de valor de la producción agroalimentaria.
Como ocurre con el registro de explotaciones, el decreto sobre las interprofesionales supone el desarrollo de lo aprobado en la Ley Agraria, que fue consensuada con la oposición en marzo de 2014 y cuya aprobación contó también con el apoyo de las organizaciones agrarias.
El decreto establece que serán consideradas organizaciones interprofesionales agroalimentarias aquellas que tengan personalidad jurídica propia, que no tengan ánimo de lucro, que representen para uno o varios sectores o productos un grado de implantación significativa, que el ámbito de referencia que abarque el conjunto de la producción sea autonómica y que cuenten con unos estatutos de creación.
Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, como fija el artículo 162.3.b Ley Agraria, deberán contar con al menos el 51 por ciento de las producciones afectadas en todas y en cada una de las ramas profesionales: producción, transformación y/o comercialización, según la documentación aportada por la Consejería.
El decreto prevé también la creación de un registro de las distintas organizaciones interprofesionales agroalimentarias y será la administración competente para su autorización, suspensión temporal o la retirada definitiva del reconocimiento como consecuencia de la imposición de sanciones por la comisión de infracciones administrativas graves o muy graves