De este último grupo se ha aprobado una enmienda con el texto modificado por una transaccional de IU, mientras que las enmiendas parciales del grupo socialista, 18 tras retirar una, han sido rechazadas. Este grupo ha votado en contra del proyecto de ley.
Respaldo indirecto y decisivo de regionalistas e IU, pese a sus críticas
El portavoz de los regionalistas, Damián Beneyto, ha señalado que "no es una gran ley" pero "al menos es mejor de lo que hay ahora". Beneyto ha criticado que no se celebren elecciones en el campo desde hace 13 años, lo cual es antidemocrático, y ha defendido que la representatividad agraria tiene que estar "garantizada".
Otra enmienda del grupo regionalista pasa por la promoción de la agricultura ecológica y otras prácticas respetuosas con el medio ambiente para favorecer la conservación del suelo de cara a las generaciones futuras.
También se incluyen en la norma enmiendas suyas dirigidas a que el Gobierno extremeño informe de forma periódica en sede parlamentaria del Plan de Desarrollo Rural (PDR) y a regular la práctica del rebusco, de la que está a favor pero "bien ordenado".
El portavoz de IU, Pedro Escobar, ha compartido con los regionalistas que resulta "anómalo" que no se convoquen elecciones sindicales desde 2002, mostrándose a favor de hacerlo en un año y de reducir el porcentaje de representatividad al 10%, y en sus enmiendas aprobadas también contempla la regulación de la actividad y venta del rebusco.
Escobar ha señalado que se persigue garantizar "la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la leal comercialización", así como la "trazabilidad" de los productos.
Para el portavoz de IU, la ley "hace mucho tiempo que era necesaria" aunque cree que hay aspectos en cuanto a financiación que "no quedan claro", pues si bien está de acuerdo con blindar el presupuesto, ve aventurado hacer previsiones sobre ingresos futuros.
Los socialistas se quedaron solos
Desde el PSOE, el diputado portavoz en la materia, Francisco Torres Gil, ha precisado que las enmiendas de su grupo se engloban en dos bloques, el primero orientado a suprimir los títulos séptimo y octavo.
El séptimo porque en él se hace un análisis exhaustivo de la ordenación y catalogación de los montes extremeños y el PSOE entiende que puede entrar en contradicción con la Ley General de Montes que se está tramitando en estos momentos a nivel nacional.
En cuanto al título octavo, ha apostillado que "no tiene garantías democráticas que puedan preservar una limpieza del proceso" electoral, y ha añadido que no cuenta con el consenso de las organizaciones agrarias ni de los grupos parlamentarios.
Torres Gil considera que en la norma hay "muchas declaraciones de intenciones y poco compromiso real con la causa", algo que ha demandado al Gobierno extremeño si de verdad quiere "una agricultura eficaz, eficiente y del siglo XXI".
Ha señalado que la norma no aporta nada nuevo, -salvo la "tasa para coger setas en el monte"-, lo demás es un "corta y pega" de lo que ya había, y opina que la Junta la ha impulsado para "cubrir el expediente" porque se ha pasado toda la legislatura hablando de que "Extremadura es campo".
El socialista ha defendido mayor compromiso con la sanidad animal y vegetal, la lucha contra las plagas, los seguros agrarios y la incorporación de los jóvenes al sector; y ha defendido que más que el 25% del presupuesto regional se debe destinar lo "suficiente" para conseguir el objetivo marcado y lo que demande cada momento.
El PP defiende el proyecto y Echávarri alaba el apoyo recibido
En respuesta, el portavoz popular del área, Diego Sánchez Duque, ha replicado que blindar ese porcentaje es una "garantía" para el sector agrario que es "el mayor motor económico de Extremadura" y su repercusión en la creación de empleo.
"Retiren sus enmiendas que no aportan nada a la ley y que demuestran que a ustedes la ley no les disgusta", ha sentenciado Sánchez Duque, quien ha precisado que el título de montes es "perfectamente coherente y compatible con la ley general que se está tramitando", y que es fundamental para la "generación de riqueza".
Por su parte, el consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri, ha valorado la aprobación de la nueva Ley Agraria con el "trabajo" y las aportaciones que han hecho en sus enmiendas IU y PREX-CREX, y ha destacado que, gracias a la norma, los agricultores podrán elegir a sus representantes en el plazo máximo de un año.
El consejero ha reiterado su agradecimiento a los grupos políticos por sus aportaciones y también por sus críticas ya que, ha dicho, "todo es enriquecedor".
La ley, que ha salido adelante tras "más de dos años de duro trabajo", supone un "gran hito", pues no solo deroga leyes anteriores y obsoletas, las cuales no se podían aplicar porque eran contrarias a la legislación estatal y europea.
Asimismo, ha explicado que la norma tiene "un punto innovador", que es la financiación, que obliga, ha precisado, a destinar el 25 por ciento de los presupuestos autonómicos a la Agricultura y a la Ganadería en su conjunto, algo que ya se ha hecho en 2015.