Ginés Mena / Efeagro
La multiplicación irregular o ilícita de variedades protegidas se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para las empresas legales de obtención, que pierden por la «piratería vegetal», sólo en España, más de 100 millones al año, según cálculos del sector.
Estas firmas recuerdan que el coste medio para poner en el mercado una nueva variedad vegetal oscila entre 1 y 1,5 millones de euros y que se tarda de 10 a 12 años en conseguirlo, lo que da idea de los esfuerzos que realizan para mantener la innovación.
según los datos del sector más del 50% del uso de semillas de cereal en nuestro país es «pirata»
Para la obtención de la variedad de trigo «veery», por ejemplo, los investigadores tuvieron que experimentar 3.170 cruzamientos entre 51 diferentes parentales de 21 de países, explican desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove).
El presidente de la Asociación -que reúne a 53 entidades que facturan más de 1.000 millones de euros al año y emplean a 2.500 personas-, Julián Arnedo, destaca a Efeagro que estas compañías reinvierten cada año entre el 15 y el 35% de sus ventas en investigación, «más incluso que el sector farmacéutico».
Según datos de la Comisión Europea (CE), las inversiones de estas compañías superan incluso a las que realizan en automoción, industria aeroespacial o tecnologías de la información.
Arnedo insiste en que «sin retorno de la inversión no habrá investigación. Debe respetarse la propiedad intelectual».
Aunque la conciencia de los agricultores está cambiando, según sus datos más del 50% del uso de semillas de cereal en nuestro país es «pirata», como el 30 de las multiplicaciones vegetativas de tomate; en el caso de las frambuesas, los viveros ilegales copan el 20% del mercado.
Tras las inspecciones, el 53% de los viveros intervenidos no tenían autorización para reproducir variedades protegidas
España no es un caso aislado. El vicepresidente segundo de la Federación Internacional de Semillas, Eduard Fitó, señala que la piratería ronda el 50% del mercado global y hasta el 75-80% en algunos forrajes; el porcentaje también es alto en trigo y arroz.
«Es muy difícil dar a todo esto un valor monetario, pero es muy alto», afirma Fitó, tras resaltar que la defensa de la propiedad intelectual es uno de los grandes caballos de batalla de la Federación, junto a la necesidad de un marco regulador apropiado que no impida el desarrollo de la tecnología para la obtención vegetal.
«Estamos vendiendo propiedad industrial; es el componente que mayor valor añadido aporta a nuestro producto. Pero no se respeta lo suficiente y se tiende a defraudar», lamenta el vicepresidente.
El mercado español de semillas, con 600 millones de euros, es el tercero más importante de Europa y el decimotercero mundial.
Pero los «royalties» o derechos de uso en las semillas certificadas han movido, de media anual en los últimos 10 ejercicios, 4,1 millones de euros en España, muy lejos de los 50,7 millones de Francia, los 35 millones de Alemania o los 26,1 millones de euros del Reino Unido.
La reproducción o compra de semillas y plantas ilegales o el empleo de granos para siembra sin aplicar derechos de propiedad intelectual son motivo de preocupación para el sector.
El grupo de trabajo de frutas de Anove realizó 75 inspecciones a productores y viveros sospechosos de multiplicación irregular de variedades protegidas y tomaron 165 muestras vegetales en 2016; a ellas se suman 27 en comercios y 90 acciones de auditoría a «licenciatarios».
Los resultados muestran que el 53% de los viveros intervenidos no tenían autorización para reproducir variedades protegidas.
A pesar de todo, la evolución de esta industria es positiva: «El sector siguió una tendencia ascendente, incluso durante la crisis; es normal, porque hay una creciente población mundial y la gente quiere comer mejor. La base de la agricultura somos nosotros», manifiesta el secretario general de Anove, Antonio Villarroel.
Según Villarroel, la demanda de productos certificados crece y, aunque los agricultores tienen la opción de utilizar materia prima de sus propias cosechas, muchos deciden invertir en compras legales, con mayores garantías sanitarias, de germinación y de rentabilidad.
En la Unión Europea, 50.000 personas trabajan en este sector de las semillas -una cuarta parte en mejora e investigación-, que tiene un volumen de negocio de 6.800 millones de euros al año.