A este respecto, el máximo representante de los veterinarios valencianos, Francisco Beltrán Andreu, advierte que tal documento “no es un trámite más, es algo esencial que debe ser expedido por un facultativo para garantizar, entre otras cosas, la seguridad de la carne y la ausencia de residuos que podrían ser nocivos para los consumidores de ése animal tras ser convertido en alimento”.
La actuación de la Administración se produce al poco de cerrarse la crisis alimentaria desatada en Europa por la presencia de carne de caballo en productos etiquetados como de ternera y en algunos pocos casos de ‘fenilbutazona’, un producto prohibido para équidos destinados a consumo humano. “Si la industria cárnica ha salido indemne de esta crisis ha sido gracias al cumplimiento de la legislación, a la responsabilidad que han demostrado tanto la Consellería de Agricultura como la de Sanitat en este asunto. En el caso valenciano esta regulación es si cabe más garantista en cuanto a las cautelas que se han de tener con los animales que pasan de uso recreativo a alimentario. De ahí que se entienda menos aún la vehemente reacción contra los veterinarios y contra de la actuación de Agricultura”, advierte Beltrán.
Asimismo, insiste en que el coste de los honorarios de estos profesionales, ya sean empleados públicos de la consellería o los habilitados por ésta al efecto, “es ridículo, es una gota en el mar de una tradición que, según la Consellería de Gobernación, tiene un impacto de 48 millones de euros, máxime tratándose de materias de salud pública, sanidad y bienestar animal”.
El CVCV quiere matizar igualmente que es falso el dato esgrimido por la citada asociación, que viene sosteniendo que los tribunales les otorgaron la razón sobre la supuesta innecesariedad de un veterinario en tales festejos. La sentencia aludida (STSJCV de 11 de marzo de 2004–Secc. Tercera de lo Contencioso-Administrativo) no niega las actuaciones veterinarias previstas en la legislación, se limita a indicar que "no resulta necesario que el Decreto (el referido a la legislación autonómica de ‘bous al carrer’) reitere o incorpore el contenido de esas disposiciones, al respetar el Decreto ese ordenamiento jurídico".
Y en este sentido, la referida regulación autonómica, nacional y comunitaria es taxativa a la hora de reconocer el papel del veterinario tanto desde la perspectiva del bienestar y salud animal y ya en el ámbito sanitario, como garante de la seguridad alimentaria. Con todo, el CVCV cree que la mayoría de organizadores de festejos no se oponen a que éstos se desarrollen con todas las garantías normativas, se muestra abierto a establecer un diálogo constructivo entre todas las partes y considera que éste es tan sólo un primer paso en la definitiva normalización de esta tradición para contribuir así a mejorarla.