La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por una empresa contra la sentencia que respaldó la multa de 32.000 euros que le impuso la Consejería de Agua y Agricultura por el tráfico irregular de productos fitosanitarios.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efeagro, señala que la administración le impuso aquella sanción por una infracción grave de la Ley de Sanidad Vegetal, cometida al no seguir la normativa que regula la importación y el comercio de aquellas sustancias.

En su primer recurso, que un juzgado de lo Contencioso de Murcia desestimó, la empresa, con sede en un municipio de la Región, pidió que se anulara la multa o que, al menos, se redujera su importe, ya que aseguró que la cantidad de producto comercializado era inferior al tenido en cuenta por la Consejería.

En su posterior recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, la sociedad sancionada alegó, entre otras consideraciones, que la sentencia apelada estaba falta de motivación y que no se había tenido en cuenta que en la conducta por la que fue multada no había existido intencionalidad alguna.

Finalmente, la Sala ha desestimado el recurso al decir que consta probado en las actuaciones que existieron irregularidades en lo relativo a las entradas y salidas de ocho productos fitosanitarios y que la mercantil no informó debidamente a la Comunidad Autónoma en el momento de la importación de cada lote.

CAE UNA BANDA QUE VENDÍA PRODUCTOS FITOSANITARIOS NO REGULADOS

Por otro lado, la Guardia Civil detuvo a finales de diciembre a seis presuntos integrantes de una banda que ganó casi tres millones de euros vendiendo productos fitosanitarios no regulados y que en el momento de su desarticulación guardaban 26 toneladas más de estas sustancias para colocarlas en el mercado.

Los presuntos miembros de la organización criminal se dedicaban a la adquisición, el almacenaje y la comercialización de los productos fitosanitarios tanto en España como en Francia, donde uno de ellos fue arrestado.

En tres registros llevados a cabo en inmuebles de Irún (Guipúzcoa), Arenales del Sol (Alicante) y en la localidad francesa de Castres los agentes intervinieron 26 toneladas de estas sustancias no reguladas, como pueden ser los insecticidas, los bactericidas o los fungicidas.