EFE.- El informe cifra en 227.000 millones de dólares o 172.000 millones de euros el volumen de subsidios a los agricultores de los 34 países de la OCDE, incluidos los Estados que se incorporaron a la organización en 2010: Chile, Estonia, Israel y Eslovenia.

Calculada a partir del índice que la OCDE denomina "Estimación de las Ayudas a los Productores" (PSE por sus siglas en inglés), la cifra representa un 18 % del total de los ingresos brutos agregados del sector, frente al 22 % en 2009 y el 20 % en 2008.

"Este es el nivel más bajo observado desde mediados de la década de 1980 y confirma una tendencia de declive a largo plazo", se afirma en el informe, lanzado en el marco del Foro Público que organiza anualmente la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por primera vez, este informe cubre también la situación en las principales economías emergentes: Brasil, China, Rusia, Sudáfrica y Ucrania, países en los que el nivel de subsidios que reciben los productores en la agricultura varían de manera sustancial.

El documento destaca que desde el periodo 1995-1997 el nivel de ayudas ha declinado en todos los países de la OCDE, con la excepción de Turquía, siendo Nueva Zelanda y Australia los Estados que en el la actualidad menos subsidian sus sectores agrícolas, con un 1 % y un 3 % de PSE, respectivamente, seguidos de Chile, con un 4 %.

Estados Unidos se ha acercado en los últimos años a los países de la franja baja en nivel de PSE, con un 9 %, y se mantienen también por debajo de la media Israel y México (12 %) y Canadá (16 %).

Por encima de la media vuelve a situarse la Unión Europea, con un 22 %, aunque la OCDE indica que este nivel de ayudas ha disminuido.

En la franja alta de países con fuertes políticas de subsidio, el informe sitúa por este orden a Noruega, donde el 60 % de los ingresos agregados brutos del sector corresponden a ayudas estatales, Suiza (56 %), Japón (49 %), Islandia (48 %) y Corea del Sur (47 %).

En el caso de las economías emergentes, se destaca la heterogeneidad de las políticas, ya que en el caso de Brasil el nivel de subsidios a la agricultura se situó sin grandes variaciones interanuales en el 5 %, frente al 17 % de China, donde la cifra ha ido aumentado de manera progresiva, y frente al 22 % de Rusia.

En el caso de Sudáfrica, hubo una disminución, para situarse por debajo del 5 %, mientras que Ucrania se mantuvo en torno al 7 %.

La OCDE advierte no obstante en su informe de que "en Ucrania, en Rusia y, en cierta medida, en China, estos porcentajes tienen que ser interpretados con cautela debido a que algunos productos tienen una tasa impositiva, frente a otros que son subsidiados".

Si se suman a la PSE las ayudas a servicios como la investigación en el sector, las infraestructuras, las inspecciones, el marketing, la promoción y los subsidios a los consumidores, la cifra alcanza los 374.000 millones de dólares o 269.000 millones de euros.

Esto equivale, según el informe, al 0,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la OCDE, lo que supone igualmente un descenso con respecto al 2,2 % del periodo 1986-88 y del 1,4 % en 1995-97.

En las economías emergentes, estos porcentajes se sitúan por debajo de la media de la OCDE, con la excepción de China (2,3 %).

En Brasil, la tasa fue del 0,6% entre 2008 y 2010, frente al 0,2 % entre 1995 y 1997, mientras que en Rusia disminuyó del 2,6 % del periodo 1995-97 hasta el 1,6% en el periodo 2008-10.

Según las conclusiones del documento, estas cifras "reflejan de manera general la tendencia de crecimiento económico de estos países en los últimos años más que una reducción de las ayudas agrícolas".

Haciendo también una lectura de coyuntura económica, el informe destaca que "el incremento de las restricciones del gasto público en los países de la OCDE a resultas de la crisis financiera no han derivado en una reducción significativa o en un aumento de los gastos presupuestarios en el sector de la agricultura".

"Si se han reducido ayudas presupuestarias ha sido por una disminución contra-cíclica de los subsidios, debido a los altos precios mundiales, o a los gastos derivados de hacer frente a desastres (…), y no es un reflejo de una reorientación de políticas", destacaron los autores del informe.

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