No obstante, recordó que, tras la huelga de entregas de finales de noviembre, habían pactado con la Xunta que se iban a tener en cuenta en la ley los costes de producción para que el precio no pudiera ser inferior.
Los tres sindicalistas coincidieron en considerar este asunto un "incumplimiento" de los acuerdos alcanzados con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la huelga de entrega de leche del año pasado, aunque expresaron también su confianza en que se pueda incorporar en el trámite parlamentario.
Francisco Bello, de Xóvenes Agricultores, consideró que esta ley puede acabar con las "prácticas abusivas" de las grandes distribuidoras y la industria y resaltó la creación del observatorio de precios de los alimentos como una herramienta "útil", aunque es preciso "mejorarla" en el trámite parlamentario.
El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, insistió en que la ley "responde satisfactoriamente" a demandas planteadas por las organizaciones agrarias, y comentó, además de los citados, el establecimiento de infracciones y sanciones, porque el "voluntarismo de la distribución y la industria" ya se ha revelado como "inútil".
Sin embargo, los representantes de los productores insistieron en la ausencia de "lo pactado con la Xunta", de manera que se establezca por ley que no se podrá cobrar por debajo del coste de producción y rechazaron que ello cree un problema de competencia, porque no se trata de pactar precios, sino de establecer un "suelo".
García sugirió tres alternativas para que el asunto no se recoja en el proyecto del Gobierno, que el presidente de la Xunta no haya realizado la gestión, que el Gobierno no le haya hecho caso, o que tengan intención de incluirlo en el trámite parlamentario.
Aunque dijo inclinarse por la primera, los tres expresaron su confianza en que sea la tercera y agregaron que, en caso de que el PP no introduzca esa enmienda, lo hará la oposición y el PP tendrá que votar si se cumplen o no los compromisos de Núñez Feijóo.
Para ello, los dirigentes sindicales señalaron que demandarán una reunión "urgente" con el presidente de la Xunta, porque la garantía de no vender por debajo del coste era una propuesta de la propia Consellería de Medio Rural.
Bello recordó que vender por debajo de coste es competencia desleal y está regulada por Ley, por lo que no debería haber ningún problema con la Comisión Nacional de la Competencia establecer lo que ya se recoge en el Código de Comercio.
García opinó que sería precisa la introducción de un artículo que estableciera la ilegalidad de pagar por debajo del coste de producción que fije el observatorio que recoge la ley, lo que se consideraría una infracción muy grave y sería sancionada con de 3.000 a 100.000 euros.