Ha subrayado la preocupación suscitada por las propuestas iniciales de la Comisión Europea y la polémica "tarifa plana" o ayuda igualada para todos los sectores, que hubiera supuesto un trasvase de fondos desde el cultivo de la remolacha hacia otros que recibían menos apoyos económicos de la UE.
Sobre la liberalización del azúcar y la desaparición de cuotas, Díez ha lamentado que no haya podido conseguirse prorrogarlas hasta el 2020, pero "al menos tenemos hasta 2017" para el tránsito hacia el nuevo sistema desregulado.
"Ahora mismo el partido está en su fase intermedia, porque queda una discusión importante de la PAC hispano-española, es decir, el reparto entre las comunidades autónomas" y sus cultivos y subsectores, aunque confía en que se haga un acertado trabajo.
Optimismo ante el nuevo escenario
"Tenemos un buen consejero" en Andalucía, comunidad en la que desarrolla su actividad remolachero-azucarera el vicepresidente de la CNCRA, por lo que se muestra optimista sobre el nuevo escenario.
"Con la fórmula de la comarcalización, no habrá trasvases entre regadíos y secanos, por ejemplo, y aspiramos ahora que nos quedemos los más parecido a como estamos, y parece ser todo va bien encaminado", ha agregado en declaraciones a Efeagro.
Entre los puntos abiertos, ha pedido que la remolacha mantenga parte de los pagos acoplados, o vinculados a la producción, que recibe en la actualidad.
Los remolacheros cobran unos seis euros por tonelada en pagos asociados (acoplados), a lo que suman ayudas desacopladas -variables en función de cada agricultor- y una ayuda de 2,30 euros por tonelada como prima para mejorar la calidad (artículo 68 del reglamento comunitario), ha precisado.