El sector de avicultura de carne en España se organiza en un 95% mediante productores que mantienen una relación contractual con empresas integradoras. Ahora, ambas partes han acordado un nuevo modelo de contrato que regulará y mejorará su relación.
Asegurar una producción suficiente y de calidad
El objetivo es asegurar una producción suficiente “y de máxima calidad” de carne de pollo para toda la sociedad, para ello, el nuevo modelo de contrato asegura cinco crianzas o camadas cada doce meses. Además, a partir de ahora se primará económicamente el bienestar de los animales en las granjas, incentivando a aquellos productores que más cuiden este aspecto, y se tendrán en cuenta los costes de producción, tanto de alimentación como energéticos.
El sector ha reconocido que, a pesar de que el consumo de carne de pollo ha crecido desde 2008, una de cada cinco granjas ha echado el cierre desde el año 2005 hasta hoy, cierres que han afectado también a las industrias transformadoras.
“Necesitamos el apoyo del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas para reequilibrar el mercado”, han señalado.
Reclaman más apoyo y menos uso como producto reclamo
El sector ha denunciado que la distribución utiliza la carne de pollo como producto reclamo en su estrategia por captar consumidores, “ocasionando graves pérdidas a avicultores e industrias”. “Este contrato de integración tiene por objeto contribuir a mejorar las rentas de los productores y esto, unido a la aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, puede lograrse si conseguimos un reparto más justo de los beneficios entre los distintos eslabones que componen la cadena. Por el contrario, el acuerdo no servirá de nada si la carne de pollo sigue siendo banalizada por parte de la distribución”, advierten.
El sector genera 50.000 empleos en España, produciendo más de 11 millones de animales a la semana y facturando 1.800 millones de euros al año (2.333 millones incluyendo otras aves). España produce cerca de 1,2 millones de toneladas de carne de pollo al año, con un ranking liderado por Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia.