Por sectores, según el balance de la organización, para el regadío extremeño ha sido un año normal en cuanto a producción, especialmente para el tomate (sector en el que se han mantenido los precios del pasado año) y la fruta (con descensos en los precios muy acusados). El ha arroz ha sufrido un descenso en la producción del 13%, debido principalmente a la inactividad de las Administraciones ante las masivas importaciones de terceros países a la Unión Europea: “Camboya está cometiendo un fraude al aprovechar sus acuerdos preferenciales con Europa y permitir que se introduzca arroz de otros países en la Unión sin aranceles, lo que provoca un hundimiento en los precios. Por eso exigimos que se aplique la Cláusula de Salvaguarda para proteger las producciones comunitarias”, ha asegurado. Para el maíz también ha sido un mal año en cuanto a precios.

    Los problemas derivados de la gestión del veto ruso también han acarreado bajadas generalizadas de precios en sectores como la fruta, especialmente perjudicial para la ciruela.

Precios "catatróficos" en el secano y cereales y caída de la producción en el olivar

    En secano, el viñedo ha tenido precios “catastróficos” debido a la mala gestión de la Administración con la propuesta de destilación obligatoria que, aunque finalmente no se puso en marcha, sirvió para provocar una caída generalizada en los precios de la uva.

    En cuanto al olivar, desde UPA-UCE señalan la “importante” bajada de la producción (un 75% menos en aceituna de mesa y un 50% menos en aceite) y la preocupación del sector al quedarse el olivar tradicional fuera de las ayudas acopladas en la nueva PAC, ya que esto dificultará la supervivencia de este cultivo en la región.

    Por su parte los cereales han experimentado caídas en los precios y la ganadería se ha visto beneficiada por una buena climatología, la estabilidad en precios y el aumento de los costes de producción.

      En este sector Huertas ha hecho hincapié en la lengua azul, que ha señalado “es un problema comercial, no sanitario” pues sus repercusiones se traducen en una subida de costes para los ganaderos (aumenta el número de abortos, tienen que pagar el proceso de vacunación, los precios caen debido a las restricciones de movimiento, etc.). Por ello, desde UPA-UCE reclaman que el Gobierno nacional y regional articulen medidas para solucionar este problema. 

La reforma de la PAC conlleva una "injusticia histótrica" con la comarcalización

     La aplicación de la reforma de la PAC se aprobó en diciembre de 2014 y para UPA-UCE Extremadura la nueva PAC perjudica a los agricultores y ganaderos profesionales debido a que con la reforma se producirá un trasvase de fondos a las grandes explotaciones.

     Para el secretario general de UPA-UCE, las decisiones que el Gobierno nacional y el autonómico han tomado no solo no resuelven los actuales problemas que tiene el campo extremeño, sino que se generan nuevos: “El modelo de comarcalización que se ha hecho supone una injusticia histórica con la comarca de Miajadas ya que discrimina a agricultores y ganaderos de un mismo sector, que produciendo lo mismo recibirán ayudas inferiores; además de poner una barrera en la comarca de Don Benito”.

    Para Ignacio Huertas la actuación del GOBEX ha sido “tardía y débil”, que no ha tenido en cuenta lo aprobado en la Asamblea de Extremadura, por lo que anuncian que “seguirán luchando” para corregir esta injusticia: “Nos han dicho que la comarcalización no se podía cambiar pero si que se han producido cambios en Extremadura: concretamente se ha subido de estrato a las comarcas de Azuaga y Llerena, que cobrarán una media de 20 € más por hectárea y donde casualmente tiene una finca la mujer del anterior ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete”.

    En definitiva, Huertas califica 2014 como un año “muy complicado” por la bajada de la renta agraria de los productores extremeños, los precios “ruinosos” y con una nueva PAC que no va a mejorar “en nada” esta situación.

Retos para 2015

     Uno de los retos principales que se marca la organización para este año es acabar con las irregularidades en la negociación de los precios y de las condiciones de pago de los productores. Según Huertas, “hemos conseguido sacar adelante leyes para proteger a los agricultores y ganaderos de los abusos de la industria y la distribución, como son la Ley de Morosidad y la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Ahora debemos lograr que se cumplan esas leyes”.

    Por otro lado UPA-UCE se “opone frontalmente” al anteproyecto de Ley Agraria para Extremadura, que Huertas define como “una falta de respeto a los agricultores y ganaderos”. El secretario general de UPA-UCE considera que “aunque el Gobierno regional quiera vender esta ley como y moderna, no es más que un conjunto de leyes antiguas que no tienen en cuenta lo que realmente necesita el sector”.

    Además Huertas ha querido hacer hincapié el dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura, aprobado por unanimidad y que califica la ley poco “creíble” al carecer de memoria económica que “sustente la promesa electoral de destinar el 25% del presupuesto autonómico a la agricultura y la ganadería extremeñas”. El CES también rechaza la Ley de Representatividad Agraria incorporada en el Anteproyecto por “no contar con suficientes garantías democráticas”, por lo que Huertas anuncia que la organización se reunirá con otras organizaciones como la COAG, que ya ha mostrado su rechazo a la Ley; y con los Grupos Parlamentarios para evitar la aprobación de esta Ley.

    Por último, Huertas ha querido mostrar su preocupación ante la “dramática situación que vive ACOREX”, por lo que ha reclamado al Gobierno extremeño que deje la obsesión por controlar políticamente la cooperativa que para lo único que ha servido es para provocar más división y enfrentamientos, y se implique en el futuro de ACOREX: “ACOREX, tras años de Gobierno del Partido Popular, está en una situación de bloqueo económico; con un problema de financiación que el Ejecutivo extremeño no se toma en serio; y con las tres cooperativas más grandes del grupo pidiendo la baja. Y mientras esto ocurre, el Gobierno regional aprueba en la Asamblea de Extremadura un plan que sistemáticamente incumple. Porque ni en ACOREX hay paz social entre los socios, ni se tiene un plan económico para afrontar el futuro, ni parece que el objetivo sea que la estructura siga siendo extremeña”.

    Por ello, Ignacio Huertas ha demandado al GOBEX “menos obsesión por controlar y más implicación en el futuro de la cooperativa”.

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