El texto votado, que ha sustituido al defendido por el PSPV, emplaza a Les Corts a instar al Gobierno valenciano a que promueva "con la mayor urgencia posible" una modificación del Código Penal que "dé respuesta a las demandas de las organizaciones agrarias".
En este sentido, los populares han propuesto que se amplíe la tipificación de los delitos y se castigue la reincidencia en los robos de las cosechas, animales e instalaciones agrícolas y ganaderas.
El PSPV había reclamado la actuación urgente y coordinada del Consell y la Delegación del Gobierno así como el aumento de los recursos humanos y económicos de las fuerzas de seguridad del Estado para que pudieran desarrollar un trabajo de vigilancia de las explotaciones agrarias y ganaderas.
Sin embargo, la diputada socialista Vicenta Crespo ha aceptado sustituir su iniciativa por la del PP, sorprendida por la voluntad de los populares de reclamar una modificación del Código Penal, aunque ha pedido que se introdujera "un matiz": el de la necesidad de "endurecer" las penas previstas contra los ladrones en el campo.
En concreto, Crespo ha propuesto que el importe del total sustraído no se divida entre todos los que participan en el delito a la hora de imponer la pena, y que el robo no sea considerado "una mera falta" cuando lo sustraído sea inferior a 400 euros.
Con todo, esta petición no ha sido aceptada finalmente por el PP, que también solicita al Consell que "continúe trabajando" para impulsar medidas que mejoren la eficacia de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, municipales y autonómicas en la prevención y persecución de los robos en el campo.
Reunión con Gallardón y Arias Cañete
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, se reunirá esta miércoles con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a quienes trasmitirá “la frustración y el desanimo” que reina en el campo ante" la impunidad con la que actúan los amigos de lo ajeno y ante el desamparo y la falta de respuesta que sufren quienes son objeto de robos y daños en sus explotaciones, sus infraestructuras y sus cosechas", según reiteran en un comunicado.
El ejercicio de 2013 se ha iniciado con un fuerte repunte de los robos, los hurtos y los actos vandálicos en las explotaciones agrícolas y ganaderas y en especial en aquellas que tienen aún parte de la cosecha pendiente de recolección. Pese a las reuniones periódicas que desde ASAJA se han mantenido con las subdelegaciones provinciales y con la Delegación de Gobierno y las fuerzas del orden en Andalucía" no se obtienen los resultados esperados, y el problema lejos de atajarse de ha visto incrementado en el último trimestre, en el que el porcentaje de denuncias en las oficinas de ASAJA se ha incrementado en un 80%".
En prácticamente todas las comarcas se ha detectado un significativo incremento del número de robos en explotaciones agrícolas y en instalaciones públicas y privadas del mundo rural. A los robos de transformadores, tendidos eléctricos, placas solares, tubos e instalaciones de riego, aperos y maquinaria agrícola o ganado, se ha sumado el de robos de cosechas: el olivar de molino, los cítricos y los invernaderos han sido tres de los sectores más afectados.
Ante la impunidad con la que actúan los amigos de lo ajeno "cunde el desanimo y la desesperación entre agricultores y ganaderos, que en algunas comarcas y al menos hasta que finalicen las campañas de recolección, han optado por contratar guardas particulares y organizar patrullas de vigilancia con carácter disuasorio, que en algún caso han dado lugar a enfrentamientos entre agricultores y delincuentes".
Y puesto que el problema, lejos de resolverse, continúa creciendo. ASAJA se reunirá con los máximos responsables de los ministerios de Agricultura y Justicia, Miguel Arias Cañete y Alberto Ruíz Gallardón, a quienes trasladará su propuesta de un plan de acción coordinado de todas las administraciones, que ya conoce la delegada de Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y que aún está pendiente de desarrollar en esta comunidad.
El desarrollo de este plan no contempla un coste desorbitado a la Administración, ya que ASAJA no pone el acento en el incremento de los medios, que también se pide, sino en la coordinación, la agilización de las denuncias y una reforma del código penal que disuada a los delincuentes.