Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron este viernes 11 fijar en un 55% su posición negociadora para la reducción de emisiones de efecto invernadero para el año 2030 respecto a los niveles de 1990, tras una maratoniana madrugada de negociaciones.
Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, esta decisión de aumentar del 44 al 55% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta 2030 no supone cambios a los planes con los que trabaja el sector primario español. En una rueda de prensa junto a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, Planas ha asegurado que el campo español «tenía ya integrada esa referencia del 55 % en el Plan Nacional de Energía y Clima», por lo que «no nos supone ningún cambio adicional».
«Europa es líder en la lucha contra el cambio climático. Hemos decidido reducir nuestras emisiones de efecto invernadero al menos un 55% para 2030», escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Los países deben negociar ahora este porcentaje con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo antes de fijar el objetivo final.
Pese a que una mayoría de países era partidario de incrementar la ambición climática, la negociación se prolongó durante toda la madrugada del viernes por las reticencias de estados como Polonia, cuya economía es mucho más dependiente del carbón.
Junto a ella, otros como Hungría y República Checa han estado tradicionalmente entre los Estados miembros que demandan referencias a que no todos los países salen del mismo punto de partida y unos necesitan más apoyo -económico o de otro tipo- que otros para llevar a cabo esta transición.
La esperada decisión de los líderes, aún por detallar a nivel técnico, estaba ligada a que se desbloqueara el presupuesto y el fondo de recuperación, que incluyen herramientas y partidas que tendrán que utilizarse para alcanzar ese objetivo, como los 17.500 millones de euros previstos para el Fondo de Transición Justa.
El 55% acordado llega después de que la Comisión Europea haya pedido que el esfuerzo llegue a al menos el 55 % y el Parlamento Europeo haya elevado esa ambición hasta el 60 % respecto a los niveles de 1990, frente a la meta del 40% fijado actualmente. Por su parte, las organizaciones ecologistas piden una reducción de «al menos 65%» en 2030.