EFE.- La reforma de la PAC, que se tramita desde 2011 y que persigue unas prácticas más ecológicas y una distribución de las ayudas más equitativa durante el periodo 2014-2020, llega a la recta final de su negociación entre la Comisión Europea (CE), la Eurocámara y el Consejo de la UE (los Estados miembros).
La UE se ha propuesto cerrar un acuerdo político esta semana sobre la PAC, antes de que Irlanda pase el testigo a Lituania al frente de la presidencia rotatoria de la Unión, aunque para ello será necesario lograr un consenso sobre importantes puntos como la llamada "convergencia interna", el reparto de las ayudas a nivel nacional.
El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que asiste a la reunión, ya avanzó la semana pasada que hay muchos temas abiertos que deberán resolverse y que entre los que más afectan a España está el de la convergencia interna.
España (junto a otros países como Irlanda o Dinamarca) insiste en tener la flexibilidad suficiente para que todos los agricultores mantengan el nivel de ayudas percibido hasta ahora para seguir sacando rentabilidad de sus explotaciones, y que ningún sector entre en pérdidas por razón de la aplicación de esta reforma.
Por el momento, la CE se mantiene firme en su propuesta de que haya un umbral mínimo de convergencia de las ayudas a nivel nacional, que defiende que sea del 75 % del pago medio regional por hectárea (una cifra que España considera demasiado elevada).
Otros asuntos aún por cerrar y vinculados a la convergencia interna son las medidas ecológicas por cuya aplicación los agricultores recibirán hasta un 30 % de los pagos directos, o el porcentaje que podrá dedicarse a ayudas acopladas, aquellas que de forma excepcional están vinculadas a la producción.
En el apartado de desarrollo rural, que está más avanzado que otros, a España le interesa lograr un buen acuerdo sobre el apoyo al regadío, mientras que en el reglamento sobre la organización común del mercado se debe acordar una fecha para el fin de las cuotas de azúcar (previsto inicialmente en 2015) y una modernización de las autorizaciones de plantación de viñedo.
En paralelo a las discusiones del Consejo los ministros mantendrán reuniones con los negociadores del Parlamento Europeo, que acudirán a Luxemburgo para tratar de agilizar la consecución de un acuerdo.
Los ministros esperan poder aprobar el martes un texto que el PE esté dispuesto a aceptar, aunque fuentes comunitarias advirtieron de que sólo se anunciará un eventual acuerdo definitivo en Bruselas, donde las tres instituciones (Consejo, Eurocámara y Comisión) esperan celebrar el miércoles un trílogo final en el que validen el resultado.