Fernando Fernández / Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

He analizado de forma completa el Pacto PSOE – SUMAR. Voy a “alzar la bandera” a favor de lo que se refleja en materia de agricultura, desarrollo rural y lucha contra la despoblación. Es evidente que es una declaración de intenciones que podrá o no llevarse a efecto. Lo que tenemos escrito son 17 compromisos agrupados en un apartado específico, que se completan con otros tantos que van apareciendo en los capítulos dedicados a agenda verde, derechos sociales o política industrial.

Unas cosas por otras ya he vivido varios pactos de gobierno. En alguno de ellos pude dar mi opinión e incluso redactar alguna propuesta. En otros casos me los encontré redactados, y me ha tocado aplicarlos. Me he resignado a no esperar demasiado de este tipo de documentos en los temas a los que dedico mis quehaceres. Suelo encontrar ideas generales y lugares comunes, mezclados en algún caso con propuestas muy identitarias que tienen poco a nada de realismo. En cierta forma es normal. Este tipo de documentos tienen un cargado contenido ideológico que luego hay que rellenar con la gestión diaria y concreta.

No obstante, aprovecho para decir que me gustaría encontrar más concreción en esta materia. Siempre me pregunto qué pensaría un agricultor o una ganadera si los leyera. ¿Se sentirían identificados en sus necesidades y problemas? Pero en este caso y después de leerlo varias veces me ha sorprendido positivamente. El acuerdo contiene elementos suficientes con los que trabajar en favor del sector agrario y ganadero y por un medio rural vivo y con futuro.

Es cierto que faltan muchas cosas en el acuerdo. Faltan cuestiones concretas e imprescindibles de lo que será el trabajo cotidiano de la futura administración competente. Falta hablar de Política Agraria Común. Nada menos. Pero puedo entender que en esta próxima legislatura lo que habrá que hacer es aplicar la que tenemos. Falta hablar de seguros agrarios. Tenemos un enorme reto por delante para revisar el funcionamiento y garantizar la sostenibilidad del sistema de seguros agrarios en un contexto donde el riesgo para las explotaciones agrarias y ganaderas se amplifica por el cambio climático. Falta hablar del cambio cultural enorme que supone para el sector adaptarse a la digitalización como oportunidad. Falta hablar de como acompañamos la transición ecológica de las explotaciones y el cumplimiento de la normativa ambiental sin perder de vista la viabilidad y garantizando la soberanía alimentaria o la seguridad estratégica como la llaman algunos.

Me hubiera gustado encontrar alguna mención a la necesidad de impulsar planes de acción para recuperar o potenciar determinados sectores que arrastran crisis profundas y que tienen un alto valor ambiental indiscutible como es el caso del ovino y caprino, o los frutos secos, u otros en los que necesitamos ganar cotas de autonomía como es el caso de los cultivos proteicos. Falta también explicitar un apoyo muy fuerte a la investigación aplicada en materia agraria si queremos garantizar la adaptación al cambio climático. De todo esto no hay nada, aunque a bien seguro, formará parte del trabajo real.

De lo que sí que hay en el pacto, empezaré por el sector agrario. Resulta muy interesante que se haya introducido como medida la aprobación de una “Ley de Agricultura Familiar”. Es simbólica y práctica. En el mismo párrafo se habla de la intención de seguir apoyando a la “ganadería extensiva”.  Bienvenida sea la propuesta de la ley que recordemos es de UPA.

A partir de aquí podremos debatir si ha llegado el momento de sustituir por fin la Ley 19/95 de 4 de julio de modernización de explotaciones agrarias que ya se ha quedado viejuna y que de alguna manera se aprobó pensando en la modernización de la agricultura familiar. Me parece pertinente que se declare igualmente como compromiso la “elaboración de un Plan Estratégico de la Producción Ecológica”. Este plan deberá llevarnos al horizonte 2030, pero no podemos obviar que el Ministerio de Agricultura ya elaboró anteriormente planes similares, y que la Unión Europea aprobó en marzo de 2020 el “Plan de Acción de la Unión Europea para la Agricultura Ecológica”. El pacto declara la intención de “seguir impulsando un sector primario moderno y sostenible, dotándolo de (nuevas) ayudas para la innovación, formación y asesoramiento…”

Parece que por fin se abandona la idea de limitar los precios de los alimentos y se sustituye por algo más sensato que es el compromiso de “poner en marcha un sistema de monitorización de mercados de los principales productos que permita seguir precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones…”.  Lo que en la práctica significa apostar por un mayor control y transparencia de la cadena alimentaria, fortaleciendo los instrumentos que prevé la ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y que recordemos fue reformada en profundidad en 2021. Hacer que funcione esta ley debería ser uno de los mayores y más fuertes compromisos del nuevo gobierno.

En materia de regadíos, cuestión altamente sensible y compleja, el debate se ubica con acierto en el ámbito de la “planificación hidrológica”, indicando que, “reforzaremos las estrategias de planificación sectorial y territorial para regular la disponibilidad de recursos hídricos limitando el crecimiento del regadío salvo cuando existan nuevos recursos procedentes de la reutilización de aguas residuales en las zonas costeras o la desalación…”. De forma razonable y no debería extrañarnos, que el acuerdo también se ponga firme en la necesidad de luchar contra el regadío ilegal con un “aumento de los recursos y personal de los organismos de cuenca y una agilización de los procedimientos”.

Finalmente se menciona que “Apoyaremos, mediante la I+D+i y en el marco de la transición agroecológica, la adaptación de la agricultura a prácticas menos consumidoras de agua y en las zonas de riego por presión fomentaremos el ahorro energético mediante la sustitución del bombeo por la gravedad” Una frase que traducida al lenguaje agrario entiendo que significa seguir apostando por “la modernización del regadío”, objetivo en el que no olvidemos, este gobierno tiene comprometidos proyectos por más de 1.300 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation.

Si todo lo anterior lo envolvemos con otras tantas medidas que aparecen dispersas a lo largo del Pacto en apoyo al cooperativismo y la economía social, la mejora de los instrumentos de financiación existentes, o la innovación y la digitalización de las PYMES tenemos un marco adecuado para trabajar.

Entramos en la segunda pata dedicada al desarrollo rural y la lucha contra la despoblación. El contenido del pacto es breve pero contundente. Yo diría que sintetiza bien las ideas fuerza. Se nota el enorme trabajo realizado por la Secretaría de Estado del Reto Demográfico durante la anterior legislatura. Convendría reflexionar de nuevo si su ubicación dentro del MITECO es la más adecuada. Podría estar ligada a Presidencia, pero si no es así, sigo pensando de manera firme que un “Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Rural y Equilibrio Territorial” permitiría abordar mejor sus objetivos que dentro de un Ministerio en el que la energía, el agua, y el medio natural se lo comen todo.

El acuerdo en esta materia se estructura sobre tres compromisos. El primer compromiso está en actualizar y entiendo que aplicar “La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción a nivel nacional para lograr una mejor vertebración del territorio. Se fortalecerán las políticas de lucha contra la despoblación para los territorios con mayor vulnerabilidad socio-territorial”.

Un segundo compromiso se construye en torno a la idea fuerza innovadora “El medio rural de 30 minutos”. Todos los servicios básicos a una distancia temporal máxima de 30 minutos se vivan donde se viva. Una idea que la Secretaría de Estado deberá trabajar con el resto de Ministerios y por supuesto con las CCAA. Como tercer compromiso, el desarrollo y aplicación del “Mecanismo Rural de Garantía” Un instrumento cuyo objetivo es hacer una evaluación de todas las leyes, para que todas tengan en cuenta la realidad del medio rural y no generen o aumenten desequilibrios territoriales. Este mecanismo ya fue desarrollado por decreto en el año 2022 pero que ahora hay que aplicarlo.

Resulta también relevante y muy importante, todas las menciones que en el capítulo dedicado a la transición energética se refieren a la forma en la que se impulse el desarrollo de las energías renovables sobre el territorio. “Se adoptarán medidas que garanticen que los territorios donde se produzca la instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo, y que creen un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico”. Vinculado con lo anterior, “la política industrial verde favorecerá la instalación de industrias y el desarrollo de otros sectores y actividades económicas verdes en aquellos territorios y comarcas que acogen importantes desarrollos de energías renovables, asegurando el equilibrio territorial, y el desarrollo sostenible de otros sectores y la creación estable de empleo de calidad”.

Finalmente me alegra sobre manera la mención directa a “una política forestal sostenible en línea con la Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 aprobada en 2021, y con la Estrategia Forestal Española a 2050 y el Plan Forestal Español 2022-2032”, aprobados en diciembre de 2022”. Luego ya pelearemos para convencer que la gestión forestal y la economía forestal deben estar en el centro de estas estrategias.

Hay mimbres para trabajar. Hay mimbres que pueden llegar a ser avances. Hay mimbres que permiten incluso ir más allá de lo que aparece escrito y avanzar en todas las cuestiones que el pacto no recoge. Por ahora, tenemos mimbres.