Las organizaciones agrarias que han promovido recursos judiciales contra la nueva PAC prevén que los litigios sean largos y que se multipliquen las demandas y los pleitos contra su aplicación en España.

Asaja-Sevilla y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, por distintos motivos, han presentado recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo contra los derechos de ayudas de la nueva PAC, vigente desde el 1 de enero, según varias resoluciones publicadas el sábado y este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dichas resoluciones -y otra que recoge el BOE sobre otro recurso presentado por una empresa privada- suponen una nueva fase en esos procedimientos judiciales contra la PAC que, según los implicados, serán largos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha emplazado este sábado y este lunes a las personas o entidades interesadas en dichos recursos a que se personen, pero solo en el caso en el que estuvieran a favor de la norma impugnada o del Gobierno, para lo que tendrán un plazo de nueve días.

Podrán decidir presentarse solamente los que estén a favor del Estado y una vez cumplido ese plazo, se abrirá otro durante el que el MAPA aportará el expediente administrativo.

Después, las organizaciones que han impugnado la norma de la PAC tendrán otro período de 20 días para fundamentar su demandas y detallar en qué vulnera el Derecho nacional o comunitario, según han explicado a Efeagro fuentes jurídicas de Asaja-Sevilla.

TODO SE PUEDE DILATAR MÁS SI EL SUPREMO EMITE ALGUNA PREGUNTA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO

La duración de las fases posteriores dependerá de cuántos se personan en la causa (personas o administraciones), porque ello puede acortar o alargar las conclusiones y los trabajos judiciales, hasta que se publique la sentencia.

Otro factor que puede dilatar la duración del proceso es que la Justicia española emita alguna pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

El asesor jurídico de Asaja-Sevilla, Emilio Vieira, ha declarado a Efeagro que la duración del litigio será al menos superior a un año y podría durar «dos o incluso tres», como cualquier contencioso administrativo, pero no se puede prever cuánto tiempo se tardará en resolver los pleitos.

Ha explicado que la nueva PAC, que da más responsabilidad a los Gobiernos, va a propiciar que se presenten muchos pleitos, porque a su juicio «está mal diseñada», en alusión al plan estratégico nacional.

Los pleitos de Asaja-Sevilla y de UdU tienen un carácter general en defensa de sus agricultores asociados, pero en el futuro agricultores individuales podrían presentar recursos específicos por no estar de acuerdo con los derechos aplicados para su explotación.

En el caso de la denuncia de Asaja-Sevilla, está motivada por la asignación de derechos de pago «que a algunas explotaciones sevillanas les supone pérdidas del 41% y 42%» respecto al régimen anterior o al tope de ayudas máximas por explotación o «capping».

Entre los antecedentes históricos de recursos contra la PAC, Vieira ha citado el que Asaja-Sevilla interpuso contra la reforma de 1992 (considerada la más ambiciosa de la UE) por el reparto español de ayudas al riego, y que la organización agraria ganó.

Por su parte, UdU ha argumentado su recurso contra los reales decretos en cuanto en que a su criterio «adolecen de fundamentos que permitan sostener la rentabilidad de las explotaciones profesionales».