En su comunicado la organización agraria, destaca que en la cadena de suministro de la leche "se está produciendo un abuso de poder dominante por parte de las distribuidoras, práctica expresamente prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. Este abuso se materializa con actuaciones por parte de las distribuidoras como son el establecimiento de forma unilateral de los precios abonados a los ganaderos, el retraso en los pagos, la imposición de descuentos, la venta a pérdida, la exigencia de volúmenes excesivos y las tarifas injustificadas de inclusión en los listados de productos. Este tipo de prácticas distorsionan gravemente la libre y leal competencia".
Distintos precios entre la marca del Distribuidor y la de Fabricante
Otro de los grandes problemas del sector es la competencia entre Marca de Distribuidor (MDD) y Marca de Fabricante (MDF). La distribución organizada establece márgenes comerciales superiores para las marcas de fabricante que para las marcas blancas sustitutivas, también llamadas marcas de distribución, "lo que supone una desigualdad de oportunidades entre ambos tipos de marca, aumentando el poder de compra del distribuidor".
Para ASAJA, se están aplicando, por parte de las distribuidoras, "distintos precios al mismo tipo de producto final, según se comercialicen con marcas del fabricante o marcas del distribuidor, aunque el contenido y calidad en muchos casos sean los mismos. Todas estas prácticas abusivas tienen un efecto negativo en los consumidores, ya que dificultan el acceso de éstos a una variedad de alimentos de calidad y a precios más competitivos".
En su opinión, la distribución organizada está vendiendo su leche a coste o a pérdida, mientras que obtiene un margen elevado sobre la leche de una marca de fabricante líder, por eso denunican que "la distribución organizada eleva, artificialmente, los costes de producción de las marcas de fabricantes, mientras minimiza, o incluso suprime, los costes de comercialización de su propia marca".
Todo ello, en opinión de ASAJA, demuestra "el estado de inseguridad en el que se encuentran los productores de leche en este país. Existe un aumento notable del poder de negociación de los distribuidores, que se ha traducido en prácticas abusivas y desleales que deben ser prohibidas y sancionadas".
UPA reclama el mediador lácteo
Por su parte, la organización agraria UPA, que lleva ya varios años enfrascada en una campaña para denunciar los abusos de las industrias y la distribución con los productores, ha vuelto a demandar al Gobierno que cree" la figura de un mediador que arbitre en casos de conflicto y vele por el buen funcionamiento de la cadena láctea".
Según indica en una nota, el Congreso de los Diputados gestiona en estos momentos la última fase legislativa de la Ley para mejorar la cadena alimentaria, muy demandada por el sector agrario en los últimos años. Esta ley recoge en su artículo 20 el establecimiento de un mecanismo para la resolución de conflictos en la negociación, de la misma manera que otros países de nuestro entorno, aunque, a juicio de UPA, la Ley apenas desarrolla este concepto.
Por ello, recuerdan que el sector lácteo ha sido pionero en muchas de las medidas que pretende implantar esta ley. Desde el pasado 3 de octubre son obligatorios los contratos homologados en todas las operaciones en las que intervengan productores de leche. “Tras estos meses, podemos asegurar que muchas industrias se resisten a un cambio en la forma de entender las relaciones de suministro y siguen queriendo imponer sus condiciones a los ganaderos, a pesar de que nos hayamos unido en organizaciones de productores”, ha declarado Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA.
“En este contexto disponer de un mediador para los casos de conflicto entre las organizaciones de productores y las industrias lácteas es imprescindible". La organización se ha dirigido por carta a Isabel García Tejerina, secretaria general de. Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y le ha recordado que “está en su mano” resolver el que sigue siendo el mayor problema de los agricultores y ganaderos españoles: la falta de precios justos para sus productos.