No todas las ganaderías podrán depositar los cadáveres de animales, que es una práctica pensada para algunas de las de extensivo, y tampoco será una vía abierta a todo tipo de ganado, ya que está pensada para ovino, caprino y bovino.

    En lo que se refiere al depósito de animales en campo abierto también se impondrán algunas condiciones, como la prohibición de depositar los restos a menos de 500 metros de núcleos de población o cerca de corrientes de agua, además de la obligatoriedad de retirar los restos que queden y puedan conllevar algún riesgo al cabo de un tiempo.

    Javier García ha detallado que la directiva europea que prohibió el abandono de cadáveres de animales para evitar la propagación del mal de las "vacas locas" ha cambiado, lo que permitirá autorizar a algunos ganaderos a recuperar esa práctica y evitar el pago del seguro de retirada de animales muertos.

   Ha apuntado que la existencia de cadáveres beneficiará a los buitres, pero también a otras aves necrófagas, como los alimoches, los milanos y las águilas reales e imperiales. Sin embargo, ha aclarado que algunos ganaderos no podrán realizar estas prácticas y tendrán que seguir entregando los animales muertos a los gestores de estos residuos.

     Ha reconocido que la prohibición de depositar cadáveres de animales en el campo ha multiplicado en la última década los ataques de buitres a ganado vivo, sobre todo a hembras de parto y sus crías.

Ataques de los buitres a ganado

    Fuentes de la organización agraria ASAJA han asegurado a Efe que esta misma semana se produjo un nuevo ataque en Fresneda de la Sierra (Burgos), en el que los buitres mataron a una vaca que estaba de parto y a su novillo.

    Por su parte, la representante de la Unión de Campesino de Castilla y León en Las Merindades (Burgos), una de las zonas de la comunidad más afectada por este tipo de ataques, han insistido en el coste que suponen para el ganadero, que en pocas ocasiones recibe indemnizaciones.

    Por contra, se ve obligado a pagar un seguro para la retirada de animales muertos que desde hace un año no cuenta con subvención de la Junta de Castilla y León, que cubría el 40 por ciento de su coste.

    Fuentes judiciales han señalado a Efe que la Junta de Castilla y León tiene "responsabilidad patrimonial" en los ataques de los buitres a ganado vivo y tiene que indemnizar a los afectados.

    Sin embargo, en la práctica se trata de algo muy difícil de demostrar porque en los ataques al ganado no estabulado es difícil confirmar que el ataque ha sido de buitres, por lo que las indemnizaciones son escasas.

    Javier García ha reconocido que la mayoría de los ganaderos afectados por estos ataques ni siquiera suelen reclamar la indemnización porque saben que es "improbable" que lleguen a cobrarla.

    En Burgos, por ejemplo, se registraron en 2012 sólo cinco peticiones de compensación por ataques de buitres, mientras hubo cerca de cuarenta por ataques de lobos.

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