La subida de la luz, agravada por el tope del gas, no solo afecta a los hogares y las empresas, sino también a las entidades de riego que necesitan la energía eléctrica para bombear las aguas subterráneas o superficiales hasta las explotaciones agrarias. Un ejemplo especialmente llamativo que denuncia la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) es la comunidad de regantes Serra y Pla –que cubre una extensión de 300 hectáreas de cítricos, caquis, frutales e invernaderos en Alfarp– cuya última factura correspondiente al mes de julio asciende a 55.902 euros, de los cuales 22.074 euros más IVA responden al tope al gas impuesto por el Gobierno.
Esta tarifa eléctrica que ha abonado la comunidad de riego multiplica por 4,6 el importe de hace un año, cuando el coste fue de 12.105 euros. En otras palabras, implica un aumento interanual del 460%. Y eso a pesar de que el consumo de energía ha sido menor en julio de 2022 (142.275 kWh) que en el mismo periodo del año pasado (169.431 kWh). El tope al gas no ha hecho sino ampliar la diferencia ya que, si no se hubiera aplicado este coste adicional, el incremento ‘únicamente’ sería 2,8 veces mayor respecto a julio de 2021.
MUCHOS REGANTES AVISAN DE QUE, SI EN LA PRÓXIMA COSECHA LOS PRECIOS NO COMPENSAN LOS COSTES, SE DARÁN DE BAJA DE LAS ENTIDADES DE RIEGO
AVA-ASAJA alerta de que “los costes en el sector agrario se han vuelto prohibitivos, entre la subida de la energía eléctrica y el atraco añadido del tope al gas, entre el encarecimiento sin precedentes del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de los fitosanitarios, por no hablar de cualquier compra de maquinaria o la puesta en marcha de obras de reparación o modernización de las explotaciones. Todo está por las nubes, más caro que nunca. Pero, a diferencia del resto de eslabones de la cadena alimentaria, los agricultores y ganaderos no podemos repercutir estos costes en los precios que percibimos”.
Tanto es así que, según la asociación, “muchos regantes ya están avisando de que, si en la próxima cosecha los precios no compensan los costes, se darán de baja de las entidades de riego, con lo que los gastos de la comunidad se tendrán que repartir entre menos miembros y serán, por tanto, más inasumibles si cabe. Por lo que si se cierra el grifo, todos los campos dejarán de cultivarse. Estamos hablando de un problema muy serio ante el cual las administraciones no solo hacen oídos sordos, sino que además ponen cada vez más dificultades”.
Con el objeto de reducir al máximo la factura energética, AVA-ASAJA exige al Gobierno medidas urgentes tales como retirar el tope al gas al sector agrario, poner en marcha la posibilidad de establecer la doble tarifa eléctrica en un periodo de 12 meses –establecida en la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria–, reimplantar la tarifa especial de riego –suprimida en 2008–, bajar impuestos como el IVA a la electricidad, así como soluciones reguladas en los precios a la hora de efectuar renovaciones de contratos con las comercializadoras.