Y como siempre ocurre cuando se busca un consenso, el resultado es una nueva paralización de un Código que sigue sin perseguir como se prometió a los delitos en el campo español. Nadie duda de la gravedad de estos atentados, que se han visto reflejados en el rechazo de toda la sociedad, incluida la propia ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en la imagen) y a la que se suma esta redacción tanto por la barbarie que representa como el atentado que implica a la libertad de expresión, pero tampoco es un motivo para que, de nuevo, se tenga guardado en el cajón una reforma que es básica y necesaria para el sector agrario español.
Aunque las cifras sobre robos y asaltos a las explotaciones siguen variando según las fuentes, lo cierto es que el resultado final sigue siendo demasiado alto y es necesario, como así lo acordaron en su día todas las organizaciones agrarias y los propios Ministerios de Justicia y Agricultura, unas medidas más drásticas que penalicen estos robos y que acabe, de manera especial, con las bandas organizadas que actúan, casi con total impunidad por todas las regiones españolas, que sólo son castigadas con penas irrisorias, ya que lo sustraído, con el actual Código, no es un delito grave y, sobre todo, no se reconoce la reincidencia.
Por eso, en su momento, se consensuaron algunas medidas necesarias para reforzar los castigos a estos delincuentes que ahora vuelve a paralizarse. En concreto, se recogían penas de entre uno y tres años para aquellos robos o asaltos a explotaciones agrarias o, como se iba a reflejar en la nueva ley, "lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero".
Medidas concretas para frenar la oleada de robos
Asimismo, según se habló en su momento, se barajaba la posibilidad de endurecer las condenas si afectan a conducciones de suministro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riego, además de tenerse en cuenta la reparación de los daños colaterales que se hayan cometido, como costes y tiempo de reparación o la interrupción del trabajo.
De igual modo, estuvo sobre la mesa las medidas a tomar en casos de multirreincidencia, ya que en la mayoría de los asaltos se suelen tratar de bandas organizadas, que incluiría que en el nuevo articulado de reforma del Código Penal, las penas de prisión puedan iniciarse desde los 4 años.
De igual forma, Gallardón se comprometió a incluir la posibilidad de exigir "el pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados del hecho punible como ‘requisito indispensable’ para aplicar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".
Por último, también estaba sobre la mesa el conseguir que los fiscales y los jueces, en el caso de detenciones con pruebas materiales, agilicen los trámites para estas sean devueltas lo antes posible a los damnificados para que puedan en su caso continuar con su actividad, si así lo requiriese, para que no cause un mayor perjuicio económico al agricultor.
Muchas promesas que siguen sin cumplirse, en parte ahora por esos trágicos atentados en París, pero también por la reforma del aborto o el cambio de ministro tras la dimisión de Gallardón. Por una cosa u otra, al final el resultado es el mismo: sigue sin reformase el Código Penal.