Los efectos de la prohibición total de la caza del lobo al norte del Duero, aprobada en septiembre de 2021, ya se dejan notar en los daños a la cabaña ganadera de la provincia de Palencia. Se cumple el vaticinio que ASAJA-Palencia ya emitió al conocer la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que auguraba un sensible aumento en los ataques y los consecuentes perjuicios para la ganadería extensiva palentina.

Los datos de 2022, primer año completo de vigencia de la nueva norma, son elocuentes. Prácticamente se duplica la cifra de ataques (+105%) con respecto al trienio anterior y el volumen de cabezas dañadas aumenta el 115% en relación con ese precedente inmediato.

Los ganaderos de esta provincia han pasado de seis ataques mensuales a superarse los doce al mes en 2022. El pasado año los lobos causaron daño en un promedio de 4,3 cabezas cada semana, cuando eran dos cabezas antes de prohibirse la caza de esta «especie silvestre en régimen de protección especial», según la normativa que aprobó el Gobierno de España el 21 de septiembre de 2021 y cuyos efectos empezaron a notarse rápidamente desde ese mismo otoño. Y hablamos solo de los casos oficiales; es decir, los que denuncia el ganadero, se certifica y tramita la administración. Otra parte de los ataques y del daño —como los perjuicios indirectos— a menudo son de difícil  demostración y quedan fuera de esta contabilidad.

El año 2021, en efecto, ya se percibió un incremento significativo en el número de ataques de lobo comunicados por los ganaderos de la provincia de Palencia y certificados como tales por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Ese año ya se superó el centenar de ataques —en concreto, 105—, algo que no había sucedido en los dos ejercicios precedentes, 2019 y 2020, que se cerraron con 70 y 42 ataques, respectivamente.

Ese primer aviso se ha ratificado en 2022, con casi centenar y medio de ataques, más que los producidos entre los dos años anteriores, aun cuando en el último trimestre de 2021 ya rigió la prohibición total de cazar al lobo al norte del Duero. Esos 148 ataques ocasionaron daños en 224 cabezas, que también superan al total de los dos años precedentes.

Otro dato que se observa, sintomático de manadas más numerosas, es la mayor virulencia de los ataques de lobo: cuantos más hay (sin olvidar, asimismo, que se le ha hurtado al ganadero la posibilidad de actuar de modo contundente en los ataques que presencia), más cabezas por ataque dañan. Si en 2022 cada uno se saldó de media con poco más de una cabeza dañada (1,1), ya en 2021 y en 2022 se supera el daño de 1,5 cabezas por incursión de esta especie silvestre que atemoriza al ganadero extensivo de Palencia, en especial en el norte de la provincia, como ASAJA viene denunciando.

En el último cuatrienio (2019-2022), más de medio millar de cabezas de ganado (536) han sufrido daño en los 365 ataques registrados. Es decir, uno cada cuatro días en ese período, pero la tendencia ha ido en claro aumento a raíz del cambio normativo (ya en el último ejercicio se superan los 1,6 ataques cada cuatro días).

Por tipo de ganado, el más castigado es el bovino (216 cabezas dañadas en los últimos cuatro años), seguido de cerca por el ovino (176 cabezas), si bien se percibe un incremento relativo de los ataques y los daños en las explotaciones extensivas de caprino y equino, con 56 y 31 cabezas dañadas en el año 2022, respectivamente.

EL «PARCHE» COMPENSATORIO

El Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León publicó el pasado 14 de abril la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que regula los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas de la comunidad.

Esta nueva regulación actualizó el régimen de indemnización de los daños por lobo en Castilla y León, al incluir a los ganaderos situados al norte del río Duero, y no sólo al sur como hasta entonces. Asimismo, se aplicó con carácter retroactivo para los daños producidos desde que el Gobierno de España incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (LESPRE).

No obstante, la propia administración autonómica reconoce que estas compensaciones son un «parche» y también reclama al Gobierno de España revertir la situación, como pide la inmensa mayoría de las comunidades con presencia de lobo