Como ya hizo en las anteriores convocatorias de 2012 y 2013, ASAJA Córdoba presentó alegaciones al borrador de Orden de ayudas agroambientales, pidiendo que en la prórroga se incluya a aquellos agricultores y ganaderos que iniciaron su compromiso en 2007, y que de nuevo quedan apartados de estas ayudas tan necesarias en algunas de las comarcas más desfavorecidas de la provincia, como Pedroches, la Sierra y Guadiato, donde se concentra casi un tercio de la superficie de olivar ecológico de Andalucía.
Una apuesta ecológica prematura que no se les reconoce
Se trata de titulares de explotaciones que hace años apostaron por la producción ecológica y que ya en 2012, al terminar su compromiso quinquenal, quedaron fuera de estas ayudas. Ese año, la Consejería paralizó los compromisos de ayudas agroambientales tanto a las nuevas explotaciones, como a la renovación de compromisos en vigor, algo que la normativa comunitaria permitía, y que en la convocatoria de 2013, sí admitió para los que habían iniciado en el año 2008.
No obstante, tras caso omiso a las peticiones, dejando en clara desventaja a los agricultores y ganaderos que iniciaron los compromisos en 2007 quedando sin recibir sus ayudas. Para todos esos agricultores y ganaderos supone un enorme esfuerzo, tanto económico como logístico, el seguir cumpliendo con las prácticas exigidas en la Producción Ecológica sin contar con esta ayuda.
Según datos de la Consejería, Andalucía lidera la producción ecológica en España con más del 30% del total de las actividades productivas y transformadoras. En cuanto a la rama vegetal, este modelo de producción alcanza en la actualidad las 949.025 has certificadas, lo que supone el 54 % del total de la superficie nacional. En Córdoba, destaca el olivar ecológico con 21.547 has, que suponen el 40 % y los cereales y leguminosas con 9.248 has, que suponen el 15% de la superficie total certificada en Andalucía.
En ganadería ecológica existen 3.636 explotaciones, el 60,6% de la cabaña ecológica nacional, con un total de 492.225 cabezas de ganado en Andalucía. En Córdoba, destaca el número de cabezas de ovino, por delante del resto de provincias, con 74.349, que suponen un 22 % y las cabezas para producción de carne vacuno, con 11.837, que equivalen al 12 % del total en Andalucía. En lo que se refiere en particular al olivar, el 80 % de los olivares ecológicos están en orografía de elevada pendiente, por lo que ayudar a estos olivares es lo mismo que ayudar al olivar en pendiente.
Una incongruencia con la idea que se vende ahora
Para ASAJA Córdoba, esta postura de la administración "es incoherente con la publicidad de que lidera a nivel nacional la producción ecológica alabando sus esfuerzos, cuando deja de lado a estos agricultores y además, además de la posibilidad de adquirir nuevos compromisos quinquenales".
Por ello, después de tres años luchando por los 600 productores de la provincia afectados por este error -3.200 agricultores y ganaderos en Andalucía, lo que implica una pérdida económica, que para el caso del olivar andaluz se estima en unos 18 millones de euros al año-, y recibida en ASAJA una carta de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en la que se indica que la normativa sí permite abrir ayudas para estos agricultores.
En consecuencia, el pasado marzo ASAJA presentó una moción a 30 Ayuntamientos y a las cooperativas del norte de Córdoba, con un fuerte apoyo de éstas -Olipe de Pozoblanco, San Miguel y Nuestra Sra. de Luna de Villanueva, San Isidro de Dos Torres, San Antonio Abad de Obejo, nuestra Sra de Guia de Villanueva del Duque, Agrícola de Sierra Morena de Villaviciosa de Córdoba, Nuestra Sra. del Carmen de Hinojosa del Duque y, de Montoro, Nuestra Sra. de la Merced y la Cooperativa Olivarera SCA-.
A pesar de ello la Junta de Andalucía sigue sin hacer caso ni a ASAJA Córdoba ni a las mociones presentadas, lo que ha obligado a la organización agraria a presentar una queja al defensor del pueblo para que intervenga y remedie la situación en la que han dejado a dichos agricultores y ganaderos que llevan tres años sin percibir ayuda por un olvido de la Junta de Andalucía.