Unos trescientos agricultores se han congregado este miércoles ante la sede de las Cortes de Castilla y León, donde han trasladado también seis tractores, para protestar por la situación del campo y reclamar que en esta Comunidad se llegue a un acuerdo similar al alcanzado ayer en Cataluña para mejorar las condiciones de producción del sector primario.
El soriano Miguel Ángel Aguilera, coordinador de Unaspi, una de las entidades convocantes de esta protesta, ha declarado ante los medios de comunicación que espera que los partidos políticos asuman el perjuicio que puede causar en la agricultura el acuerdo UE-Mercosur, que se suma a la situación previa de este sector.
Aguilera ha subrayado que «lo más urgente» es parar la aplicación de esos acuerdos, ya que sería «la puntilla» al sector y España perdería la «soberanía alimentaria», con problemas para los consumidores, al entender que tienen unas normas de producción que bajarán la exigencia y la seguridad alimentaria.
«Si no conseguimos parar los acuerdos de Mercosur cada vez somos más pesimistas, sobre todo en Castilla y León damos un plazo de 5 años a la agricultura y ganadería tal y como la conoceremos, desaparecerá un porcentaje muy alto de profesionales. Va a ser un desastre total. Vamos a comer alimentos fabricados en impresoras 3D a partir de una célula, sintéticos», ha argumentado el portavoz de la protesta.
Asimismo, ha reiterado el lema de esta protesta: «Igualdad para todo el sector primario español» y exigir que haya en todas las CCAA un acuerdo similar al alcanzado en Cataluña para mejorar las condiciones de producción del sector primario.
Esta convocatoria da continuidad a las protestas del pasado lunes, cuando varios centenares de agricultores se manifestaron por los mismos motivos en varios puntos de las provincias de Castilla y León, convocados por estas entidades al margen de las organizaciones profesionales agrarias, con las que no mantienen contacto según han explicado algunos de sus portavoces.
Ante las Cortes se han congregado con chalecos fluorescentes, con banderas de España y pancartas en las que denuncian la situación del campo, con una principal colocada en un remolque en la que se podía leer «El campo somos todos» y otras más pequeñas: «Mercosur, ruina y miseria para el sector primario» y «No a la competencia desleal, precios justos», entre otras.
(Foto principal: Efeagro)
En 2024, Cataluña implementó un programa de ayudas para mitigar los efectos de la sequía en diversas explotaciones agrarias. Las cuantías por hectárea, según el tipo de cultivo, fueron las siguientes:
Avellano: 276 €/ha
Frutos secos y algarrobos: 100 €/ha
Cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas: 130 €/ha
Frutales (fruta dulce y cítricos): 800 €/ha
Olivo: 240 €/ha
Viñedo: 450 €/ha
Para acceder a estas ayudas, la superficie mínima admisible era de 1 hectárea, con límites máximos establecidos por grupo de cultivo. Por ejemplo, para el avellano, frutos secos, algarrobos y olivo, el límite máximo era de 70 hectáreas, mientras que para la fruta dulce, cítricos y viñedo, el límite se fijó en 50 hectáreas. En el caso de los cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas, el límite máximo era de 346 hectáreas, equivalente a 45.000 euros por explotación.
Estas ayudas fueron distribuidas entre 24.482 agricultores, abarcando una superficie total de 351.989 hectáreas, con un importe total de 66.517.384 euros. La distribución por comarcas y cultivos se realizó en función de las superficies afectadas y las pérdidas estimadas.
En comparación, el Gobierno de Aragón destinó 7 millones de euros en ayudas directas para paliar los efectos de la sequía, con cuantías que variaban entre 20 y 50 euros por hectárea, dependiendo de la zona de afección y la edad del agricultor. El límite máximo por explotación se estableció en 100 hectáreas, con una ayuda máxima de 5.000 euros por agricultor.
En resumen, mientras que Aragón ofreció ayudas más modestas por hectárea, Cataluña proporcionó apoyos financieros más sustanciales, especialmente para cultivos como frutales y viñedos, reflejando las diferentes prioridades y estructuras agrícolas de cada comunidad autónoma.