Unos cien tractores procedentes de pueblos de la comarca sevillana del Bajo Guadalquivir han llegado este martes 18 hasta Sevilla para reivindicar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un reparto justo del agua para riego.
La tractorada empezó este martes en Lebrija y se han ido sumando tractores de diversos pueblos como Los Palacios, entre otros, hasta llegar a la sede de la CHG en Sevilla, donde una representación de agricultores se ha reunido con el presidente de este organismo, Joaquín Páez.
El secretario general de COAG Sevilla, Ramón García, ha explicado a Efe que han salido satisfechos del encuentro con el presidente de la CHG porque les «ha prometido que un litro de agua que haya se repartirá de forma justa y ecuánime entre todos los regantes» de esta cuenca.
PIDEN A LA CHG QUE EL REMANENTE QUE QUEDA POR REPARTIR SE HAGA CUANTO ANTES Y DE FORMA ECUÁNIME ENTRE TODOS LOS CULTIVOS
«Hemos oído lo que queríamos oír», ha celebrado el dirigente de COAG, quien ha explicado que no han venido a Sevilla «a pedir más agua sino que se distribuya bien», ya que en otras ocasiones se han quedado fuera los regantes del Bajo Guadalquivir cuando en torno a junio se ha aprobado el reparto de remanente del agua de la cuenca.
Por ello, reclaman la disponibilidad inmediata de la máxima dotación de agua posible para los cultivos del Bajo Guadalquivir dado que consideran se celebra tarde la próxima reunión de la comisión de desembalse, prevista para principios de junio, puesto que han planificado las siembras con la dotación aprobada en la primera comisión celebrada el 28 de abril y en la que se estableció 2.800 hectómetros cúbicos por hectárea.
Por estos motivos, los agricultores del Bajo Guadalquivir piden que el remanente que queda por repartir se haga cuanto antes y con un reparto justo del agua entre todos los cultivos, en una comarca donde predominan el tomate, el algodón, la remolacha y el arroz.
Asimismo, el secretario general de COAG-Sevilla ha solicitado que se declare cuanto antes el estado de sequía con la aprobación de un decreto para tal fin, que corresponde al Gobierno central.