EFE.- El portavoz del colectivo de afectados, Javier Rugama, ha explicado a Efe que los alrededor de 200 afectados que acudieron a la asamblea celebrada en Voto salieron de esa reunión "esperanzados", porque "hay fluidez" y "diálogo" con el Gobierno.

Y es que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, acudió por sorpresa a ese encuentro junto a las consejeras de Desarrollo Rural, Blanca Martínez, y Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, para hablar con los afectados.

"Fue la mayor sorpresa", ha manifestado este portavoz, que ha expresado el "agradecimiento" de los afectados al jefe del Gobierno cántabro por su asistencia a la reunión y las explicaciones que les dio.

Rugama ha destacado que "por primera vez" el presidente del Gobierno "ha bajado a la arena" para abordar esta cuestión y ha indicado que, aunque las posturas pueden ser diferentes en aspectos determinados, hay "fluidez" y se "habla de alternativas".

Pero este portavoz ha insistido en que los afectados creen que el Gobierno no debería dar una solución "caso por caso" porque, "si en Cantabria hay 7.000 afectados y 40.000 parcelas" y no existe "un patrón" para todos, el proceso será "larguísimo" y "no se sabe cuándo acabará".

Rugama ha advertido de que, precisamente, lo que no tienen los afectados es "tiempo" y se ha referido a casos como los de los consorcios forestales, que son "una prioridad".

Según este portavoz, el presidente del Gobierno se comprometió a buscar una salida para que los montes puedan seguir subastándose "como se hacía hasta 2003".

También ha comentado que Diego les explicó que el Gobierno no puede sacar una disposición transitoria y modificar la Ley de Montes de 2003 porque la norma "no se había aprobado".

Sobre la petición del presidente del Gobierno, que instó a los afectados a que acudieran a la oficina abierta por la Administración para regular estas situaciones, Rugama ha señalado que el motivo de que pocas personas hayan ido a esas dependencias es que muchos de los implicados en estos procesos son mayores y tienen pocos recursos económicos y escasa información.

Por eso, el portavoz de los afectados ha hecho a su vez un llamamiento a la Administración regional para que sean esas oficinas las que se desplacen municipio por municipio.

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