Apromar ha subrayado que "uniformar" las leyes autonómicas ha sido uno de sus principales objetivos en las últimas décadas, por lo que la iniciativa del Gobierno es "bienvenida".
Ha mencionado el avance que supone el establecimiento de una licencia única, por el que un operador podrá ejercer su actividad o circular en todo el país sin que se le exijan autorizaciones o trámites adicionales por parte de otras CCAA diferentes de donde empezó a trabajar.
Los acuicultores también han valorado la mención específica a las certificaciones de calidad, los reconocimientos oficiales, los títulos profesionales y las acreditaciones.
Apromar ha insistido en que la nueva Ley podría facilitar una solución a dos problemas muy concretos: la tasa de puertos a la acuicultura y los títulos profesionales de buzos.
Los empresas acuícolas han denunciado la exigencia de gravámenes "inapropiados" por usar instalaciones portuarias.
El 80% de la producción española de acuicultura marina se desarrolla en viveros flotantes o jaulas en el mar y desde los puertos próximos se abastece a las granjas, se traslada diariamente al personal o se descarga el pescado criado.
En España existen puertos dependientes del Estado, de las Comunidades Autónomas e incluso municipios o diputaciones (cabildos) y, según Apromar, desde 2004 hubo cambios en la tributación, por la cual autonomías como Cataluña o la Comunidad Valenciana equipararon "incorrectamente" la acuicultura a la pesca.
Esto supuso un aumento de las tasas y "un grave problema económico para las empresas", según la patronal acuícola.
Respecto al buceo profesional, Apromar ha explicado que desde 1995 está regulado por las autonomías, que desarrollaron sus propias normas en distinto grado, por lo que existen diferencias "importantes" en los títulos que a veces impiden las convalidaciones.
Por ejemplo, señala que un profesional que haya obtenido un título para bucear en Cataluña a 50 metros, no podrá trabajar a esa profundidad en la Comunidad Valenciana porque la convalidación es "imposible".
Los acuicultores han criticado que esta situación "encarezca los costes de producción" y dificulte la movilidad laboral.
Apromar propondrá comentarios o enmiendas al anteproyecto, durante su tramitación parlamentaria.