La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha denunciado que el Gobierno regional «quiere incautar y quitar las tierras a sus propietarios» para desarrollar su Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, la cual establece el reconocimiento de la Explotación Familiar Agraria, el establecimiento de Zonas de Protección Agraria y crea el Banco de Tierras Disponibles en Castilla-La Mancha.

Lo preocupante de esta medida es que dicho Banco de Tierras estará formado por las tierras que hayan sido quitadas a sus propietarios por haber sido objeto de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. «Pero, ¿quién dice cuál es la función social de la tierra?», se preguntan desde la organización agraria

«De acuerdo a la Ley, las tierras que a juicio de García-Page no cumplan la función social podrán ser quitadas a sus propietarios durante 30 años para dárselas a otras personas. Si una persona con 35 años recibe una tierra de sus padres y se la quitan, ¿para qué quiere la tierra cuando tenga 65 años?», lamentan.

En este sentido, insisten en que «¿por qué el Gobierno tiene que intervenir y decirnos que podemos hacer y no hacer con nuestra tierra? ¿Por qué tenemos que vivir con la amenaza constante de que si no hacemos lo que García-Page quiere nos van a quitar las tierras? Que se dejen de bobadas, y se dediquen a solucionar los problemas de los agricultores y ganaderos», afirman desde el sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha.

Igualmente, se preguntan «si una persona va a tener que labrar las tierras improductivas que generan pérdidas, para García-Page no se las quite. Entendemos que, dado los puestos que ocupan en el Gobierno Regional, están capacitados y formados, aunque a veces nos surgen dudas, ¿No ha pensado el señor Page que si una tierra no se labra es porque no es rentable? Además, se justifica en que quiere que los jóvenes puedan tener acceso a la tierra, ¿les va a dar a los jóvenes las tierras improductivas y que solo generan pérdidas para que inicien la actividad? ¿Así quieren ayudar a los jóvenes agricultores? Si de verdad quieren ayudar, procuren que la agricultura y ganadería sea una actividad económica rentable».

LA DEFINICIÓN PARA SER EXPLOTACIÓN FAMILIAR AGRARIA DE LA LEY LIMITA A 17.366 EXPLOTACIONES SU ALCANCE

Para la organización, esta Ley que va a permitir quitar las tierras, además concederá el título o categoría de ‘Explotación Familiar Agraria’ a las explotaciones que estén dadas de alta en el régimen de seguridad social y utilicen mano de obra del núcleo familiar en porcentaje igual o superior al 50% de la mano de obra total empleada.

Si se tiene en cuenta los datos de la Agencia Tributaria respecto a las solicitudes presentadas para la devolución del impuesto al gasóleo agrícola y los datos de la Seguridad Social respecto al número de afiliados el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Agricultura «podemos afirmar que solamente hay 17.636 explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha».

«Cómo máximo 17.636 personas serán beneficiadas de denominarse Explotación Agraria Familiar, reconocimiento que no sirve para nada, pues la Ley no tiene presupuesto alguno para dar ayudas o incentivos y además la ley no soluciona los verdaderos problemas del campo: precios por debajo del coste de producción, excesiva burocracia, falta de infraestructuras de regadío, plaga de conejos, etc»

Está claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha miente cuando afirma que la Ley beneficia a 120.000 personas: «una cosa es que 120.000 personas soliciten la PAC, y otra cosa distinta es que esas 120.000 personas vivan del campo, por ejemplo, García-Page podría ser uno de los solicitantes de la PAC y es evidente que no es agricultor».

Además, reflexionan que, quizás, «ese sea el motivo por el cual los jóvenes no pueden acceder a la tierra, que el Gobierno Regional permite que más de 100.000 personas que no vienen de la agricultura puedan cobrar las ayudas de la PAC lo que provoca que ni haya ayudas ni tierras para los jóvenes».

Por ello, solicitan desde Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha al Gobierno de regional que dé marcha atrás a la Ley y se centre en buscar soluciones a los problemas del sector agrario y ganadero.