Y es que estas dos semanas desde el ‘inicio’ oficial del plazo ha dado más la sensación de que los gobernantes autonómicos han tenido más interés en vender las virtudes de la PAC en su región de cara a las elecciones autonómicas que en centrarse en hacer su trabajo y facilitar la tramitación.
Y eso sin olvidar que los que han ido avanzando algunas propuestas, como es el caso del coeficiente de admisibilidad de pastos (la última gran sorpresa de la PAC en CCAA como Castilla y León o Andalucía), las condiciones para acceder a estas ayudas son tan restrictivas que forzará a una tramitación burocrática casi personalizada que, evidentemente, no sólo complica el papeleo, sino también la respuesta administrativa y, por tanto, el saber cuánto se va a cobrar de ayudas y si se va a hacerlo.
Por ello, las organizaciones agrarias se están convirtiendo no sólo en una tabla de salvación de los agricultores y ganaderos a la hora de solventar dudas (ante la impotencia de los trabajadores de las Administraciones que, sin publicar la normativa específica de su Comunidad poco pueden hacer) sino de tramitar todo el papeleo necesario… en esta PAC que iba a acabar con la burocracia.
Y esta labor de gestión de las ayudas generalizada en todas las OPAs y Cooperativas llega precedida de una amplia campaña informativa sobre la nueva normativa, tanto en publicaciones propias como en jornadas y reuniones informativas, consciente de que el trabajo no concluye hasta que el agricultor no percibe los fondos, pues con frecuencia hay que reformar los expedientes, se detectan errores administrativos, hay que asistir a los socios ante inspecciones de campo, o se requiere de recursos y reclamaciones.
Como ha denunciado ASAJA León esta misma semana, la Unión Europea y las autoridades españolas no han sido capaces de simplificar la gestión de la PAC, que se ha convertido en extraordinariamente compleja este año 2015 al asignarse por vez primera los derechos de pago base y establecerse un complemento de pago verde. Además, se están gestionando las ayudas agroambientales del nuevo Programa de Desarrollo Rural, sujetas también a una normativa específica. Y por último, uno de los elementos más distorsionadores de esta nueva PAC es la aplicación del “coeficiente de admisibilidad de pastos”, que ha dejado sin uso ganadero el 67,5% de los pastos arbolados y el 43,5% de los patos arbustivos de la provincia de León y con una amenaza muy seria de poner en peligro la viabilidad de la ganadería extensiva en provincias como Cädiz o Córdoba, un problema que requiere de mucho trabajo administrativo y de voluntad de la Junta administración para minimizarlo en lo posible.
El lunes empieza un nuevo ciclo de trabajo. Esperemos que sea el definitivo.