Del Campo, leyó un manifiesto al final del acto, recordó que las decisiones adoptadas por la Administración en materia energética en estos últimos seis años “están poniendo a la actividad del regadío contra las cuerdas, hasta el punto de que la subida escalonada de la electricidad está condenando a la desaparición a la que hoy por hoy es la única garante de los alimentos básicos”.

    Este crecimiento desproporcionado, unido al incremento del consumo de energía eléctrica asociado al proyecto de modernización, supone ya que de media, el 40 % de los que le cuesta el agua al agricultor de riego tenga que ser destinada al pago de la factura de la luz, llegando en algún caso a superar el 75 %, una exposición a los costes energéticos “insoportable para cualquier sector y ruinoso para un sector como el agrícola, con unos precios por los suelos, muy especialmente en el olivar, una presión impositiva más que considerable y unos márgenes que ya estaban al límite antes del último tarifazo”, señalaron los regantes.

100 millones de sobrecoste en España, 37 sólo en Andalucía

    Fenacore estima que la última subida del pasado agosto significará para el regadío español un sobrecoste de 100 millones de euros, de los que más de 37 millones anuales corresponden a Andalucía – la región con mas superficie de riego (1.100.000 Ha) y mas modernizada, y por tanto más afectada-, que se suma al incremento continuado de la tarifa eléctrica que el regadío viene soportando en el último lustro, de más del 80%, con un incremento de los costes fijos (regulados) superior al 1000% en muchas zonas regables.

     Este crecimiento continuo y desproporcionado desde la liberalización del sector eléctrico en julio de 2008, unido al incremento del consumo de energía eléctrica asociado a los proyectos de modernización acometidos por los regantes, está poniendo en peligro la supervivencia del regadío español, donde empiezan a detectarse abandonos de superficie de riego por no poder pagar el alto coste eléctrico, con la pérdida de empleo asociado al regadío que ellos supone.

    Los regantes andaluces han dejado claro además que el tarifazo eléctrico deja “completamente tocado” el proceso de modernización en que se encuentra inmerso el regadío en toda España y particularmente en Andalucía. A nivel autonómico, en los últimos años se han invertido en Andalucía más de 2.000 millones de euros, para modernizar las infraestructuras de riego, en un esfuerzo que ha sido compartido por las administraciones, que han destinado más de 1.000 millones a este objetivo, y por los propios regantes, que han contraído una deuda muy grande con los bancos para poder pagar estas inversiones.

Con la modernización, ahorran agua pero gastan más energía

    La gran paradoja que quieren poner de manifiesto los regantes es que, con estas tarifas, la modernización lejos de ser una ayuda resulta una condena, porque les permite ahorrar agua, pero les hace gastar más energía, con lo que el futuro previsible es que nadie se modernice a partir de ahora y que, en el peor de los escenarios, las instalaciones modernizadas queden abandonadas y sin uso, volviendo los regantes a los sistemas de riego tradicionales.

     Frente a esta situación, los regantes solicitarán un IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes del país alpino soportan un IVA reducido por la energía, gracias a las gestiones directas realizadas por el Gobierno italiano con la Unión Europea. El propio Gobierno español recientemente ha aprobado reducir el IVA a un sector de lujo, como es el de las obras de arte, por lo que los regantes no comprenden que no se aplique también esta medida al sector del regadío como “artista de la producción de alimentos”.

    Los regantes solicitan asimismo pagar únicamente por la potencia real registrada, es decir, la utilizada, y no por la teórica contratada para evitar el coste de un servicio que muchos no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre) y que sólo tras la reforma energética del pasado mes de agosto se ha incrementado del orden de un 115%.

    Otras alternativas reivindicadas para conseguir aminorar los costes eléctricos pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (campaña de riego).

     Finalmente, demandan que el regadío pueda producir energía distribuida y generar electricidad en su zona regable para autoconsumo, conocida como balance neto, que ya se utiliza en otros países de Europa, Asia y América y permite además inyectar a la red nacional la producción que no se necesite.


  

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