Los participantes han vertido botellines con purines líquidos sobre el asfalto, han explotado petardos y han encendido bengalas, mientras pedían al ministro Soria que les recibiese.
Las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG, Cooperativas Agro-Alimentarias, los productores de ganado porcino (Anprogapor) y la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) han entregado un manifiesto en la sede del Departamento en el que piden a Soria una "revisión urgente" del borrador de reforma energética.
Sin solución a corto plazo
Según han recalcado los convocantes de Este acto, el recorte unilateral en más de un 40% de la prima a este tipo de energía producida por las plantas de tratamiento que propone el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, deja a miles de ganaderos sin una solución a corto plazo para la gestión de los excedentes de purín de sus explotaciones.
El porcino es el sector ganadero más importante en España. Representa el 14% de la producción final agraria, y genera más de dos millones de empleos, de los cuales 200.000 son puestos de trabajo directos. Este sector es un importante motor de la economía española con una producción de 3,5 millones de toneladas de carne, de las que se exportan más del 40%.
El cierre definitivo de estas instalaciones implicaría la pérdida de más de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, en su mayoría en el medio rural y afectaría a más de 2.000 explotaciones que gestionan sus excedentes a través de las 29 plantas existentes. El impacto total del cierre de estas instalaciones se cuantifica en cerca de 350 millones de euros.
Que el Ministerio de Industria acceda a dialogar
Las organizaciones convocantes han exigido al Gobierno una solución inmediata que permita a las plantas de cogeneración de tratamiento de purines mantener su actividad y a los ganaderos poder gestionar correctamente sus excedentes.
Para ello ADAP, ANPROGAPOR, ASAJA, COAG, Cooperativas y UPA han entregado un manifiesto a Industria en el que proponen eliminar el carácter retroactivo de la propuesta legislativa del Ministerio de Industria, una moratoria del régimen actual de al menos 2 años, que permita al sector buscar soluciones alternativas y viables, y la interlocución entre gobierno y sector afectado para conocer el transcurso de las negociaciones.