EFE.- Las propuestas legislativas de Reforma de la PAC, presentadas ayer por el Comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, ante el Parlamento Europeo, suponen un claro retroceso en la búsqueda de explotaciones viables, competitivas y orientadas al mercado. En opinión de ASAJA son propuestas tremendamente negativas ya que estrangulan al profesional agrario, cargándole de burocracia, incrementando sus costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y por tanto, sus rentas.
El Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, presentó ayer, 12 de octubre, ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, sus propuestas legislativas de Reforma de la PAC para después de 2013. Con este acto, se inician los debates en el seno del Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo, que por vez primera asumirá sus competencias de codecisión en una Reforma de la PAC.
Estas propuestas no se alejan demasiado de lo que ya conocíamos a través de filtraciones a las que ASAJA ha tenido acceso estas últimas semanas, y no hacen más que confirmar los malos presagios que teníamos sobre las intenciones de la Comisión en cuanto a esta Reforma.
Se confirma el recorte importantísimo de los Fondos destinados a la Agricultura, que ya se avanzó en las Propuestas sobre el Presupuesto de la UE 214-2020, en donde el sector agrario, cuya renta apenas alcanza el 50% de la media de la renta comunitaria, verá recortada su ficha financiera en más de un 11%.
Solo en términos de pagos directos, España perderá anualmente más de 600 Millones de Euros. Recordamos que España es el segundo perceptor de fondos agrarios de la UE, y que precisamente los Fondos Agrícolas son los únicos retornos que percibe España de las arcas comunitarias.
En opinión de ASAJA, el establecimiento de una Tasa Plana para los Pagos Directos, sin reconocer la diversidad de cultivos, zonas de producción y métodos de producción pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes, con altos rendimientos, pero también con importantes costes productivos. Existen en la actualidad mecanismos fiables que permiten diferenciar de forma objetiva y no discriminatoria la realidad de la producción agrícola y ganadera en España, la más diversa de Europa. De ir adelante esta propuesta, dichos mecanismos de diferenciación deberán ser implementados.
Esta situación se verá agravada de prosperar las propuestas que dejan abierta la determinación del número de hectáreas elegibles para la percepción de dichos pagos, en donde la Comisión sólo fija como referencia el año 2014, sin ningún otro criterio que pueda limitar la cantidad total de hectáreas que podrían percibir pagos de la PAC. De esta manera España, que actualmente tiene un número de hectáreas con derechos asignados por poco más de 15 millones, podría ver incrementada sustancialmente su superficie, lo que provocaría una reducción del valor unitario de los pagos básicos.
Este mecanismo de Tasa Plana va a forzar con toda probabilidad la necesidad de recurrir al Pago Acoplado Voluntario para intentar dar una respuesta a aquellas producciones de mayor coste, o con especial interés, por lo que el porcentaje destinado a este efectos, del 5% ampliable al 10%, se demuestra claramente insuficiente, lo que obligará a solicitar su incremento, obviamente en perjuicio del resto de partidas presupuestarias.
El agricultor y ganadero europeo es el profesional agrario que más controles y requisitos en materia medioambiental y de bienestar animal debe superar de todo el Planeta. Nuestra legislación en esta materia es, sin lugar a dudas, la más avanzada del mundo. No tiene, por tanto, ningún sentido subordinar una parte fundamental de los Pagos Directos al cumplimiento de condiciones adicionales a favor del clima y del medioambiente.
El cumplimiento de estos requisitos, que suponen costes adicionales de producción y la consiguiente pérdida de competitividad, solo puede contemplarse en el ámbito de medidas voluntarias y debidamente compensadas, nunca como medida obligatoria y punitiva, como quiere establecer Ciolos.
En cuanto a la fijación de una reducción progresiva de los pagos a partir de los 150.000 € y su limitación total a partir de 300.000 € de percepción de ayudas, elemento que desde la primera reforma de 1992 se viene introduciendo en todas las propuestas, consideramos que obedece más a criterios meramente políticos que a razonamientos económicos. En cualquier caso, la Comisión y las Administraciones deberán prestar especial cuidado y reflexionar sobre el impacto de esta propuesta sobre las empresas agrarias más viables, que han invertido en alcanzar una dimensión en su explotación, o en las distintas formulas asociativas que buscan posicionarse mejor en el mercado concentrado la oferta.
No entendemos en ASAJA que el Comisario y la Comisión exonere a los perceptores de menos de 5.000 Euros de la justificación de su condición de agricultor en activo. En aras a la legitimación de los pagos de la PAC, defendemos que sean beneficiarios de los Pagos aquellos que realizan una labor productiva en las tierras, independientemente de su tamaño. Por ende, el criterio que utiliza, relacionando los pagos directos a la renta total, puede dar lugar a situaciones injustas.
La Comisión parece confiar la solución del actual desequilibrio en la cadena alimentaria, donde la distribución hace valer el peso de su posición dominante presionando sobre el eslabón más débil, el productor, a la extensión de las Organizaciones de Productores a todos los sectores. La experiencia de España, nos indica que esto solo tendrá éxito si dichas OP dirigen sus esfuerzos a lograr un mejor precio comparativo para sus agricultores por la entrega de sus productos, mediante la concentración de la oferta, objetivo de dichas OP.
Además, las experiencias recientes tras dos crisis alimentarias mundiales (2007 y 2010), y la ultima alarma creada por la aparición de la Bacteria Ecoli en Alemania, demuestran la necesidad de tener a disposición de los agricultores y ganaderos mecanismos rápidos y eficaces de gestión de la oferta y de regulación de los mercados, ya que las materias primas alimentarias no se pueden dejar a merced de los vaivenes de los mercados.
Esta afirmación es también válida para oponernos a las intenciones de la Comisión, en contra de la voluntad de los principales países productores, de poner fin a la limitación de los derechos de producción de vino, del régimen de cupos de producción de remolacha azucarera o del sistema de cuotas lácteas.
Cabe destacar las novedades de esta reforma en materia de apoyo a los jóvenes agricultores y a la innovación aplicada a la agricultura a través de la transferencia de conocimientos. Consideramos que esta buena disposición debería plasmarse en apoyo decidido a la instalación de agricultores, empezando con el acceso a la tierra, formación, medidas estructurales, mejora de instalaciones, etc. En materia de innovación, la Comisión daría buena prueba de sus intenciones acabando con la política carente de sentido y coherencia que hasta ahora ha llevado en materia de Organismos Genéticamente Modificados.
En definitiva, ASAJA considera la propuesta como muy negativa para los intereses agrarios europeos, y especialmente españoles, ya que estrangula al profesional agrario, cargándole de burocracia, incrementando sus costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y por tanto, sus rentas, aun más.
CASTILLA Y LEÓN DEJARÍA DE RECIBIR CADA AÑO 110 MILLONES DE EUROS POR EL RECORTE DE LAS AYUDAS
• En las ayudas directas se establece un techo máximo de gasto de 4.900 millones de euros al año para España, lo que significa aproximadamente un 11% menos de lo que se percibe en la actualidad, que eran 5.500 millones de euros. Castilla y León percibía hasta ahora 1.032 millones de euros cada año, por lo tanto, si se reduce un 11%, la región dejará de percibir 110 MILLONES DE EUROS cada año. El compromiso es el mismo para cada uno de los 6 años del periodo, sin tener en cuenta el efecto inflacionista. El presupuesto es absolutamente insuficiente para mantener el tejido del medio rural y una agricultura moderna y competitiva.
• La definición de “agricultor activo” es tan endeble que no protege al verdadero profesional de la agricultura, al que vive en su totalidad o mayoritariamente del campo, y por tanto sigue abriendo el abanico de las ayudas de la PAC a los no profesionales y a propietarios de tierra que no son agricultores. ASAJA exigirá el reforzamiento de esta definición para que las ayudas vayan al “agricultor superactivo”, el que vive del campo e invierte en su explotación para hacerla moderna y competitiva, el que produce alimentos con criterios empresariales.
• Los recortes progresivos de ayuda a partir de unos importes – 150.000€-, no tendrá efectos de recorte en las explotaciones de la región, mayoritariamente explotaciones familiares que no alcanzan las cuantías que se establecen. No obstante, ASAJA exige mecanismos para que con estos límites de ayuda no se perjudique a las explotaciones bajo modelos societarios en las cuales trabajan de forma directa y personal más de un miembro de la familia.
• El establecimiento de un “pago base” con igual importe para todos los productores, dicho así y sin introducir correcciones, perjudica a la agricultura más productiva –el regadío intensivo- y perjudica a la ganadería más intensiva que no tiene una base de tierra – vacuno y ovino de leche- entre otras. ASAJA exigirá que en esta armonización de pagos se utilicen criterios objetivos y no discriminatorios entre las provincias y entre las diferentes comunidades autónomas de nuestro país.
• ASAJA es contraria a la liberalización de los derechos de plantación de viñedo, a la supresión de las cuotas lecheras y de los cupos de producción de remolacha, cuestiones éstas que contempla la reforma.
• A pesar de haber menciones a la necesidad de apoyo a los jóvenes agricultores, estas son poco concretas e insuficientes para garantizar un necesario relevo generacional en el campo. El apoyo a los jóvenes sigue sin ser una política prioritaria para Bruselas.
• ASAJA ve con buenos ojos un cambio respecto a los borradores iniciales en el sentido de asignar los nuevos derechos de ayuda en función de las declaraciones de 2011, evitando así la especulación que ya empezaba a producirse para “posicionarse” lo mejor posible cara a la declaración de ayudas de 2014.
• El complemento a las ayudas por el denominado “pago verde”, supone un coste adicional para el agricultor y aunque en algunas zonas de la región implica requisitos fáciles de cumplir, para otras zonas supondrá mermas productivas.
• El sistema de “pagos acoplados voluntarios” puede ser un mecanismo para corregir los desequilibrios del nuevo sistema de ayudas, en particular la agricultura más intensiva de regadío y la ganadería, pero su alcance quedará limitado ya que su cuantía no sobrepasará el 10% de los fondos.
• ASAJA es contraria a que se aplique un tratamiento, distinto en el sentido de más favorable, a los perceptores de menos de 5.000 euros anuales, ya que estos son en su mayoría agricultores a tiempo parcial y jubilados del campo, a los que, lejos de ponerles más trabas o limitaciones como parece lógico, se le dan más facilidades que al agricultor profesional.
• No se corrige la falta de equilibrio y de transparencia en la formación de la cadena de valor de los productos agrarios, donde la distribución ejerce una enorme presión en los precios pagados a los productores, obligando con demasiada frecuencia a vender a pérdidas. Las medidas de apoyo a los mercados no difieren de las actuales, que han demostrado ser absolutamente ineficaces para evitar las fluctuaciones especulativas de los precios. Unas eficientes medidas de mercado son imprescindibles para garantizar las rentas de los productores por la vía de los precios y tener una menor dependencia de las ayudas.