En su comunicado, se insiste en que reivindican estas instalaciones de ADAP "como una solución más, compatible con otras, para el tratamiento del purín y la protección del medio ambiente".
Experiencias fallidas con fondos públicos
Por eso creen que "no tiene sentido cerrar estas plantas para, a continuación, buscar soluciones con la construcción de otro tipo de plantas, como se está empezando a plantear en algunos foros. Como ejemplos tenemos las actuaciones del Gobierno de Aragón que en 2006, tras el proyecto europeo LIFE ES-WAMAR, invirtió más de 18 millones de euros de fondos europeos en una solución alternativa para la gestión de purines en zonas excedentarias de su comunidad; y la de la Diputación de Castellón, que licitó en 2003 la construcción de cinco instalaciones por un total de 11,5 millones, basadas en conceptos técnicos alternativos al promovido desde ADAP. Pese a que en esas iniciativas no había promotores privados que se lucrasen en exceso, la cruda realidad es que todas estas instalaciones fueron soluciones fallidas y dejaron de funcionar por inviabilidad técnica o económica".
Por ello, creen que cuando desde el MAGRAMA se aboga por el transporte a largas distancias, "sin tener en cuenta la realidad de cada una de las zonas a las que dan servicio las plantas, ni la estacionalidad de la fertilización de cultivos, y establece que los costes asociados no deben superar los 4 euros por metro cúbico, está cayendo en una simplificación que conlleva la consideración de las fincas como vertederos de purines, ignorando el Código de Buenas Prácticas Agrarias".
Así pues, consdieran que la solución propugnada por el MAGRAMA "no pasa de ser una trampa planteada a los ganaderos, para marginar inmediatamente a las plantas de ADAP (justificando socialmente su cierre), y abandonarles con su problema ambiental a medio plazo, ya que, a buen seguro, el transporte del purín a zonas colindantes actualmente libres de este problema suscitará el rechazo social en las zonas receptoras, que lo hará inviable en un futuro cercano. Entonces será ya muy tarde para acordarse de las soluciones comprobadas".
"Demagogia" del Gobierno sobre los beneficios de sector
De igual forma, las plantas de tratamiento de purín recuerdan que se encuentran paradas desde mediados del mes de febrero, mientras que el MAGRAMA "no se digna a trabajar con ellas en la elaboración de un plan de futuro del sector", para volver a criticar que "no se puede decir, de manera demagógica, que un sector que ha invertido más de 600 millones de euros se esté lucrando de forma indebida por haber percibido, como dice el gobierno, más de 3.000 millones desde su puesta en marcha en el año 1998, ignorando total y deliberadamente los costes en los que se han incurrido anualmente para tener derecho a esa retribución".
El sector del tratamiento de purines ha entregado el análisis de sus cuentas de resultados auditadas a una firma de consultoría de reconocido prestigio internacional, que ha elaborado un informe con la realidad del sector. Dicho informe ha sido entregado a todos los órganos implicados de la Administración: MINETUR, MAGRAMA, CNMC, IDAE, y comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia y Andalucía, entre otras.
En este estudio, según ADAP, "se demuestra que la rentabilidad media del sector es del 3,3%, menos de la mitad de lo que la Ley del Sector define como razonable. Por tanto, es rotundamente falso que las plantas ya estén amortizadas o que se hayan lucrado en exceso, como sostiene el gobierno".
Por eso critican que la nueva regulación no reconoce la totalidad de la inversión de las plantas como activo del sector eléctrico, por lo que, a partir de la aprobación de la misma, las plantas pasarán a ser consideradas de manera distinta, pero no desde la aprobación de la norma sino desde su puesta en marcha. "Un caso claro de retroactividad que origina un perjuicio económico considerable".
Remunerar solamente la parte de la cogeneración asociada a la planta de tratamiento de purines, como si de una cogeneración convencional se tratara, es "negar la existencia de una realidad previa, al dictado de una regulación aprobada muchos años más tarde de su ejecución, en un ejercicio orwelliano de adaptación de la realidad a los deseos de un gobernante. Y los señores senadores del PP que han votado en contra de la moción son conocedores de ello".