El Pais.- “El agua no se vende, se defiende”, se leía en las chapas y las pancartas de los más de 150 ciudadanos congregados en el salón de plenos del Ayuntamiento el pasado 9 de enero mientras sus políticos debatían una moratoria del proceso, que fue rechazada. Algunos vecinos dicen que están siendo víctimas de “la burbuja hídrica”, en referencia al número creciente de municipios que conceden la gestión total del suministro a empresas por largos periodos a cambio de un canon anual e inversiones en infraestructuras.
El crecimiento de esa “burbuja hídrica” ha sido denunciado reiteradamente por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que calcula que la gestión integral privada (desde la captación al grifo y la depuración) del agua se produce en más de un 50% de municipios en España, de los que un 80% corresponden, aseguran, a empresas pertenecientes a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Grupo Agbar, que tiene por accionistas mayoritarios a Suez Environnement (75,74%) y Caixa Holding (24,26%). “Se acabó el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La solución que proponen es vender aquello que vale dinero. Los servicios de agua son la última joya”, considera Luis Babiano, gerente de Aeopas. “Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro”, añade.
La Fundación Nueva Cultura del Agua, creada por el economista de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, calcula que un tercio de la población española recibe el servicio de abastecimiento a través de gestión privada, y un 13% de empresas mixtas (público-privadas). Así se lo explicó Nuria Hernández, miembro de la fundación, a los candeledanos en una charla informativa en diciembre. Hernández rebate los argumentos a favor de la privatización, pero advierte: “Hay ejemplos de mala gestión pública y privada”. Esta organización reclama “más transparencia, participación pública activa, con un regulador que compruebe la calidad del servicio, austeridad y responsabilidad”.
Los vecinos de Candeleda, en Ávila, intentan revertir la decisión municipal.
En el municipio abulense de Candeleda, “la gestión del agua da beneficios, no tiene sentido que la privaticen”, alega Pilar de Diego, portavoz de la plataforma contra la especulación urbanística en el pueblo. De Diego cita los datos facilitados por el propio Consistorio al Ministerio de Hacienda: el municipio obtuvo un beneficio por esa gestión de casi 36.000 euros en 2011, más de 44.000 en 2010 y 94.600 en 2009.
El alcalde, José María Monforte, asegura sin embargo que el servicio “es deficitario”: “No se están imputando al agua gastos como el asfalto necesario cuando se abre una calle por avería”, argumenta. El Ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar el servicio ni para hacer la inversión necesaria, “unos ocho o nueve millones de euros”. Asegura que la empresa ejercerá una “gestión más eficiente” y hará “una inversión importante en infraestructuras”. El amplio periodo de concesión es para “que pueda recuperarla”, añade.
El pliego de condiciones que ha aprobado dice que la empresa que gane el concurso —de las cinco que se han presentado, tres de ellas con grandes constructoras detrás—, gestionará el agua durante 30 años y deberá invertir 500.000 euros en construir y mejorar infraestructuras hídricas (cantidad lejana a esos millones que hacen falta).
El 75% de la inversión deberá ejecutarse en los dos primeros años y el resto antes del quinto. “¿Qué pasará los otros 25 años?”, se pregunta el exalcalde del PSOE, Miguel Hernández, ahora en la oposición. “Es cierto que el modelo actual es mejorable, pero el Ayuntamiento podría asumir las inversiones”, afirma.
Las empresas llevan el suministro en la mitad de las localidades españolas.
En los corrillos del pueblo, la preocupación es compartida: se perderá el control. Y por mucho tiempo. “El agua es y será siempre pública, las instalaciones serán públicas y el Ayuntamiento vigilará la actuación de la empresa”, contesta el alcalde, que opina que los ciudadanos “están manipulados”. Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que agrupa a empresas públicas, privadas y mixtas, dice en su web: “En España, el agua no está privatizada porque es un bien público”. Se queja de que “existe un exceso de operadores” y que hace falta “crear una entidad de gestión mayor”. Una suerte de ente regulador independiente y que funcione en todo el país, que fije reglas claras y comunes. Babiano también echa en falta este tipo de organismo: “En España ni siquiera hay estadísticas públicas sobre el servicio de agua urbano”. A falta de otros mecanismos, la relación entre empresas y Consistorios —la vigilancia, las obligaciones y las penalizaciones— la fija el pliego de condiciones de cada concesión.
Al pie de la sierra de Gredos, el incremento de la factura es uno de los principales temores de los candeledanos. El pliego dice que a partir del tercer año las tarifas pueden subir y, aunque requiera la aprobación del Consistorio, no creen que eso sea impedimento, a pesar de que alcalde asegura que no cree que vaya a subir más de 2% o un 4%,
Sin embargo, los vecinos tienen el caso reciente de Huelva, donde el Ayuntamiento ha aceptado la subida de las tasas (10,3% en 2013) propuesta por empresa mixta Emahsa, Empresa Municipal de Aguas de Huelva, de la que el 49% pertenece a Aquagest, compañía del grupo Agbar. En un comunicado, la empresa lo justifica por la caída del consumo debido a una mayor concienciación ciudadana y el desplome del sector de la construcción, con el descenso de nuevas viviendas y contrataciones de suministros. “La diferencia entre lo público y lo privado es el lucro”, alerta Babiano.
El alcalde de Candeleda defiende que la privatización es una oportunidad para generar empleo en una población en la que 600 personas están en paro. Es el principal argumento que empuja a algunos en el pueblo a apoyar el plan. Los detractores replican que la compañía que asuma la gestión no estará obligada a dar trabajo a los candeledanos.
El debate y la movilización social en Candeleda es el reflejo de lo que sucede en otros municipios. Cada vez más. Muchos de esos grupos —quizá el más conocido es la plataforma que luchó contra la privatización del Canal de Isabel II en Madrid, suspendida de momento— se ha agrupado en la Red de Agua Pública. Pilar Esquinas, abogada y una de sus coordinadoras, cree que “la movilización ciudadana rápida es fundamental” para frenar la “mercantilización del agua”. La plataforma por el agua como servicio público de La Laguna del Duero, en Valladolid, organiza charlas informativas. También se movilizan los vecinos de Puerto de Santa María, Córdoba, Barcelona y Madrid… La movilización debe trasladarse también, dice Esquinas, a los organismos internacionales y los tribunales. Cree que “un derecho humano” como el acceso al agua y el saneamiento puede estar en peligro: “En los Países Bajos, la gestión pública está protegida por su Constitución”.
En Candeleda han reunido más de 3.000 firmas —pero el alcalde responde que la mitad son de personas que no están empadronadas— y Obdulia Monteagudo, de 70 años, y Bernardo Álvarez, de 78, son dos de las personas que las han recogido. Pasean por la garganta y reconocen que el servicio es mejorable, pero rechazan que la gestión del agua que corre entre las piedras deje de ser pública.